INRA suspende la dotación de tierras fiscales e inicia auditoría a asentamientos

Con la premisa de ordenar la casa y tener mayores datos sobre cómo fue el proceso de dotación de las tierras fiscales en el país, desde el Viceministerio de Tierras informaron de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hará una pausa en la distribución de tierras del Estado para asentamientos nuevos y a su vez se realizará una auditoría al proceso de distribución que se ejecutó en anteriores gestiones.

Gustavo Terrazas, viceministro de Tierras, fue el encargado de explicar la decisión y detallar que con esta medida se espera parar los asentamientos irregulares en zonas del Estado y en tierras que ya tienen propietarios.

Precisó que la pausa, en principio, durará hasta marzo de 2020, pero que si es necesario se la puede ampliar hasta lograr los objetivos, que son tener un panorama completo sobre la dotación de las tierras fiscales y su respectivo uso.

La autoridad subrayó que la medida tiene un alcance nacional, pero hizo notar que el problema de los asentamientos irregulares se da más en el oriente boliviano y particularmente en Santa Cruz.

Sobre el tema, Roberto Polo, director nacional del INRA, remarcó que a partir de esta jornada no se autoriza ningún asentamiento nuevo en tierras fiscales y que si los pobladores ven a personas con el chaleco naranja del INRA realizando esta actividad los deben denunciar.

Polo puntualizó que mientras dure la pausa se realizará una auditoría a las gestiones pasadas para conocer si en el proceso de dotación de las tierras fiscales hubo actos de ilegalidad.

“La auditoría abarcará dos niveles, el primero saber si el asentamiento cumple con las leyes y si en el lugar se está cumpliendo la Función Económica y Social; de no hacerlo, esas tierras pueden ser factibles a reversión”, dijo Polo.

A su vez, Henry Nina, secretario ejecutivo de la Confederación de Interculturales, fue cauto e indicó que los distintos asentamientos en tierras fiscales autorizados por el INRA cumplieron todos los requisitos y que si hay una pausa espera que no sea una medida política, sino más bien técnica que busque mejorar el acceso a tierras fiscales de los sectores más desfavorecidos.

Destacan la medida

Para Germaín Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos y a su vez alcalde de San José, la decisión del INRA de suspender momentáneamente la distribución de tierras fiscales es una excelente medida que se debía haber puesto en vigencia mucho antes y no esperar que se desaten los distintos conflictos por la tenencia de tierra que afectaron a Santa Cruz.

Caballero puntualizó que San José fue el primer municipio en 2013 en hacer notar que los asentamientos que se estaban dando en la zona no estaban planificados, que no se estaba respetando el uso de suelo y que había presiones para ingresar en lugares donde está prohibida la presencia humana.

“En los últimos seis años no hubo un trabajo coordinado con el INRA departamental, ni con el nacional, la distribución fue interesada, sin ningún orden y la verdad no sé si benefició a las personas que realmente necesitan tierras para trabajarlas”, dijo Caballero.

Mientras que para Alcides Vadillo, director de Fundación Tierra, la pausa permitirá ordenar la casa para conocer en qué situación a escala nacional se encuentra el proceso de dotación, quiénes son los beneficiados, en qué zonas se encuentran y si realmente los sectores que accedieron a esas tierras están cumpliendo con la Función Económica y Social (FES).

Vadillo observó que la población tiene el derecho de conocer cómo es la distribución de estas tierras y más en el periodo 2010-2019, que, a su criterio, es el más oscuro, pues nunca hubo la debida transparencia de las anteriores autoridades del MAS.

“Sin duda que urge una auditoría que permita conocer el accionar de las distintas autoridades del área y cómo realizaron la dotación de las tierras fiscales, que por el no respeto a las normas vigentes, ha generado muchos problemas”, sostuvo Vadillo.

Sigue la entrega de títulos

Eliane Capobianco, directora departamental del INRA, aclaró que la pausa en la distribución de tierras fiscales no afectará la entrega de títulos individuales, comunitarios, de pequeñas, medianas y grandes empresas, y remarcó que en el caso de Santa Cruz hay 9.000 títulos que indican que el proceso de saneamiento de esas tierras o predios ha concluido y que deben ser retirados.

“Invitamos a las personas para que se acerquen y retiren sus títulos, y en caso de vivir en zonas alejadas tenemos el compromiso de ir hacia esas localidades con la presidenta Jeanine Áñez, el viceministro de Tierras y el director nacional del INRA para cumplir con la entrega de esos títulos”, sostuvo Capobianco.

El último informe del INRA

En la rendición de septiembre de 2019, desde el INRA se detalló que de los 27,7 millones de hectáreas (ha) que son tierras fiscales, 23,1 millones de ha corresponden a reservas forestales y proyectos estratégicos y que, en palabras de Edna Rivas, directora nacional de Planificación del INRA, son predios que no se pueden dotar, mientras que de las restantes 4,6 millones de ha, a septiembre de 2019, que sí se pueden distribuir, cuatro millones ya fueron dotadas y 525.000 ha aún se encuentran en proceso de titulación.

En esa oportunidad, Rivas explicó que la actual política de dotación de tierras fiscales es redistribuirlas a la comunidades y productores que las necesiten, con el objetivo de cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, que antes del expresidente Juan Evo Morales, un 30% estaba en manos de los pequeños y medianos productores, mientras que el restante 70% correspondía a medianos y grandes empresarios.