Muchos ocuparon cargos en la función pública. La comisión reinició la revisión de la documentación y se espera que en las próximas horas sea difundida la lista de los habilitados

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9 de diciembre de 2019, 10:58 AM
9 de diciembre de 2019, 10:58 AM

La comisión Mixta de Constitución reinstaló la mañana de este lunes su sesión para revisar la documentación que dejaron 502 profesionales que postulan a alguno de los seis cargos titulares de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En las listas figuran muchas personalidades con amplia trayectoria en diferentes campos, como el analista político y exasambleísta Carlos Bohrt, el periodista Juan Cristóbal Soruco; el exmagistrado Gualberto Cusi, la exparlamentaria Erika Brockmann; y la exdirectora del Servicio de Registro Cívico de Santa Cruz, Roxana Ybarnegaray.

Una de las figuras que se presentó casi a último momento fue el ingeniero Edgar Villegas, parte del equipo que ayudó a descubrir el fraude a favor del MAS en las elecciones generales del 20 de octubre.

También están en listas Daniel Aliaga Forgues, más conocido como ‘El Chaski boliviano’, que es abogado de profesión y que destaca por su apoyo incondicional a la selección boliviana de fútbol.

Otra exautoridad que postuló es la exvocal del TSE, Dina Chuquimia, que renunció en mayo de 2015, en medio de una severa crisis de esa instancia por escándalos que ligaban a algunos de los integrantes de esa Sala Plena al MAS.

Los datos indican que, del total de inscritos, 183 son mujeres y 319 varones, mientras que al menos 178 personas ocuparon cargos públicos en los últimos años o siguen en esas funciones.

Entre los requisitos que se deben cumplir son: ser profesional idóneo, tener 30 años de edad cumplidos, no tener procesos penales, ni procesos por violencia, tampoco tener militancia política 10 años antes de su postulación, no haber sido dirigente u ocupar cargos de alto rango en el Estado, entre otros.

Una vez realizada la verificación de los requisitos, se difundirá la lista de los habilitados y se abrirá un periodo de tres días para que la población realice impugnaciones a aspirantes que consideren que no son aptos.