Gobierno crea comité para posibilitar que perseguidos y exiliados políticos retornen al país
La administración transitoria de Jeanine Áñez presentó en Palacio Quemado la resolución ministerial 140. No contempla delitos comunes, de lesa humanidad o narcotráfico
El Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez presentó la mañana de este miércoles en Palacio Quemado la resolución ministerial 140, que posibilita la creación del Comité Interinstitucional de Defensa a las víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos.
La jefa de Estado explicó que la disposición permitirá que todos aquellos que han sido perseguidos y exiliados en los 14 años del Gobierno de Evo Morales, puedan retornar al país para asumir su defensa con las garantías constitucionales.
Sostuvo que la medida no contempla a aquellas personas que tengan acusaciones por delitos comunes, de lesa humanidad ni narcotráfico; el resto de procesados, puede presentar sus causas ante la instancia para que se proceda al análisis.
Declaraciones del titular de Justicia:
La resolución establece que son 30 días para realizar el relevamiento de información en base a las denuncias que se puedan presentar a través de un formulario, luego habrá 20 días para elevar informes de cada caso, donde se determinará si hubo o no violaciones de derechos, y se aconsejen las acciones jurídicas que se deben asumir.
Cada caso será analizado de acuerdo a las leyes bolivianas, enfatizó Áñez, lamentando que el "control absoluto” de los poderes del Estado fue utilizado para perseguir a los que pensaban diferente.
Muchos opositores a la exadministración de Evo Morales, que tienen procesos en su contra, anuncian su retorno al país, entre ellos Mario Cossío, exgobernador de Tarija y el exlíder cívico cruceño, Branko Marinkovic.
Se estima que son alrededor de 1.300 las personas que podrían beneficiarse con esta norma. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, recalcó que dicho comité no fue creado para dar “impunidad”, detallando que, si se establece que en los procesos judiciales no existió violación ni vulneraciones al debido proceso, deberán continuar.
