Áñez abroga decreto 4078 y dice que se logró la pacificación del país

En cumplimento a acuerdos con organizaciones sociales, la presidenta Jeanine Áñez abrogó ayer el Decreto Supremo 4078 que eximía a las Fuerzas Armadas (FFAA) de responsabilidad penal en operativos de “restablecimiento del orden interno”, y “en legítima defensa o estado de necesidad”. Este decreto fue emitido el 15 de noviembre, tres días después de haber asumido la Presidencia, en respuesta a la convulsión desatada tras la renuncia de Evo Morales, por resultados electorales con graves irregularidades.

“Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores hemos logrado la ansiada pacificación”, afirmó Áñez en el Palacio Quemado. 

Añadió que el decreto es un recurso constitucional que los gobiernos tienen a disposición cuando la seguridad del Estado y la ciudadanía están amenazadas. 

El viernes 15, cuando se aprobó la norma, se registró un fuerte enfrentamiento entre cocaleros, policías y militares en el municipio de Sacaba, en el puente Huayllani, por donde los seguidores de Morales pretendían cruzar para dirigirse a la ciudad de Cochabamba. 

El choque dejó un saldo de más de 100 heridos y nueve muertos, según la Defensoría del Pueblo. 

Destacan negociación

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó ayer que la base para alcanzar la pacificación del país, tras una convulsión por los resultados fraudulentos de las elecciones, fue el diálogo “sincero y honesto” entre el Gobierno y las organizaciones sociales. 

“Convocamos a un diálogo diciendo que había cosas que podíamos conceder, y otras que no, entonces eso abrió también (el proceso de pacificación)”, destacó.

De este diálogo participaron la Central Obrera Boliviana (COB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), además de representantes de la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia.

Ley de Pacificación

Como parte de la negociación se consensuó aprobar una Ley para Reafirmar el Ejercicio de Derechos, conocida como Ley de Pacificación, que busca garantizar que no haya persecuciones políticas. 

Ayer, su tratamiento volvió a postergarse debido a una fuerte oposición al artículo 7 de este proyecto de ley, que apunta a “garantías para dignatarios de Estado”, y que explícitamente menciona a Evo Morales, expresidente, y a Álvaro García Linera, exvicepresidente.

Una parte de la bancada de UD se opone, al igual que la presidenta Áñez, que ya anunció su rechazo.