Se trata de un diputado opositor que anticipó su candidatura a la Gobernación de La Paz. Liderará una de las instituciones más cuestionadas por el escándalo por malos manejos en el Gobierno del MAS

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26 de noviembre de 2019, 9:18 AM
26 de noviembre de 2019, 9:18 AM

Rafael Quispe asumió la mañana de este martes la dirección general ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc). La presidenta transitoria Jeanine Áñez lo posesionó en un acto en Palacio Quemado.

El exdiputado opositor fue uno de los que realizó denuncias sobre los malos manejos en esa instancia durante la administración del MAS, donde varios dirigentes de organizaciones afines a Evo Morales se adjudicaron enormes montos económicos para proyectos fantasmas.

“En estos momentos de tristeza, dolor, pero, ante todo, esperanza son tiempos en los que se requiere que entreguemos todo por el retorno de la paz. Soy parte y me debo a los pueblos indígenas de Bolivia”, dijo el ahora exlegislador de Unidad Demócrata (UD).

Quispe, en su discurso, recordó la IX marcha indígena, la protesta por Mallku Khota y la marcha indígena por el territorio y la dignidad de 1990, enfatizando que fue el Gobierno de Evo Morales el que más vulneró los derechos de los pueblos originarios en el país.

Transmisión del acto:


Anticipó que se realizará una auditoría al Fondioc para que pueda la “necesidad imperativa de dar a los indígenas mejores condiciones de vida”, ratificando que la Fiscalía debe actuar contra los malos dirigentes que se aprovecharon del emprendimiento para enriquecerse. Quispe dijo que pondrá orden y “desenmascarará” a quienes se apropiaron de los recursos del Estado.

Yo no me corro, en este corto tiempo dirigiré el Fondo Indígena enmarcado en lo justo. Vamos a reconstruir el Fondo, vamos a rescatar y devolver la dignidad a los hermanos indígenas y campesinos”, agregó el exdiputado.

Actualmente existe un proceso judicial contra exadministradores de del Fondioc y dirigentes de algunas organizaciones sociales. Se estima un daño económico superior a los 220 millones de bolivianos por proyectos para los que se realizaron desembolsos, pero que no fueron iniciados.