Una treintena de personas fallecidas y más de 700 heridos ha dejado hasta el momento la convulsión en la que se encuentra sumida Bolivia

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20 de noviembre de 2019, 20:20 PM
20 de noviembre de 2019, 20:20 PM

Bolivia cumple hoy un mes desde que ingresó a una grave crisis política y social tras unas fallidas elecciones generales, que a la fecha ha dejado una treintena de fallecidos, más de 700 heridos y por ahora sin miras a que el país se pacifique.

Las protestas al Gobierno de Evo Morales se originaron por la decisión del Movimiento Al Socialismo (MAS) de insistir en la postulación de su líder para un cuarto mandato hasta el 2025, además de no respetar el referéndum de 2016 que le negó la posibilidad de reelegirse.

Es así que, a instancias de partidarios de Morales, en 2017 el Tribunal Constitucional avaló la reelección indefinida alegando que se debe respetar el derecho del presidente a ser elegido, basándose en la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Bolivia.

Posteriormente con base a ese fallo, el Tribunal Supremo Electoral, validó un año después la candidatura de Morales, pese a la crítica de sus opositores que acusaban al organismo de ser parcial a favor del líder indígena.

FALLIDAS ELECCIONES

Los comicios del 20 de octubre se llevaron en un clima de calma y ese domingo en la noche, se conocían los primeros datos por el sistema de recuento provisional de votos apuntaban a la segunda vuelta, entre Morales y el expresidente Carlos Mesa.

Sin embargo, la transmisión de esos datos se detuvo esa misma noche y al día siguiente al reanudarse hubo un repentino cambio de tendencia, que pasó a augurar un triunfo en primera ronda de Morales. Así surgieron las primeras denuncias de un posible fraude a favor de Evo Morales, lo que derivó en protestas callejeras y huelgas.

 

EL CONFLICTO CRECIENTE

 

Morales llamó varias veces a sus sectores afines a defender su triunfo electoral ante las protestas ciudadanas e incluso advirtió con cercar las áreas urbanas donde se realizaban bloqueosLas protestas se incrementaron y los partidarios de Morales salieron a defender su triunfo, proclamado por el órgano electoral.

 

Es así que el primer mandatario se abrió a que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera una auditoría al proceso electoral. Un día antes de que comience la auditoría se registraron los primeros muertos, dos activistas contrarios a Morales que bloqueaban rutas en la ciudad de Montero y que fueron alcanzados por disparos de armas de fuego. 

El conflicto se agravó con los motines policiales entre el ocho y diez de noviembre, con más protestas desbordadas.

 

INFORME Y RENUNCIA

 

A primera hora del 10 de noviembre la OEA reveló que había detectado irregularidades "muy graves" en las elecciones bolivianas, como una importante manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que instó a nuevos comicios.

 

Morales salió aquel día primero a ofrecer nuevas elecciones y una renovación en el órgano electoral, pero luego de que la presión social se incrementara, el líder indígena anunció su dimisión y denunciando un golpe de Estado.

 

El país se sumió en un caos mayor, pues esa misma noche salieron grupos vandálicos a saquear, apedrear e incendiar unidades policiales y viviendas en varias ciudades.

  

LA SUCESIÓN

 

Morales llegó a México el 12 de noviembre como asilado, quedando Bolivia con un vacío de poder, sin embargo, esa misma tarde la hasta entonces senadora opositora Jeanine Áñez, en calidad de segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia interina de Bolivia al activar el mecanismo sucesorio. 


La sucesión fue avalada por el Tribunal Constitucional con base a una interpretación de la Carta Magna boliviana para casos de vacío de poder.

  

UN MES SIN SALIDAS

 

Áñez ha asegurado que su misión es pacificar el país y convocar a nuevas elecciones, aunque hasta el momento no se ha avanzado en ese sentido, debido al caos al que se encuentra un el país con los bloqueos y manifestaciones.

 

La jornada más dura dentro de la crisis fue la del 15 de noviembre, con nueve muertos entre grupos cocaleros afines a Evo Morales que protestaban frente a fuerzas del orden en la localidad de Sacaba.

 

Tras estos disturbios, se conoció un polémico decreto aprobado por el Ejecutivo provisional que exime de responsabilidad penal a policías y militares si actúan de forma proporcional y en legítima defensa.

 

Áñez advirtió que puede convocar elecciones por decreto, mientras el partido de Morales, que controla el Parlamento, presentó un anteproyecto de ley para acelerar la convocatoria aún sin fecha.

La última jornada violenta sucedió el 19 de noviembre, cuando en una acción policial-militar se dio paso a varias cisternas con combustible desde la planta de Senkata hasta la ciudad de La Paz. El choque produjo ocho pobladores muertos, aunque el ministro de Defensa, Fernando López, afirmó que no se utilizó ningún proyectil en el operativo.

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