La injusticia en el caso Cotas
En medio de la angustia colectiva por la crisis política que atraviesa el país, se conoció sobre la inexplicable decisión de un juez de otorgar medidas sustitutivas a Hubert Gil, ex responsable de marketing de Cotas, y principal sospechoso del millonario robo a la cooperativa.
No solo eso, el proceso está estancado y el dinero no ha podido ser recuperado a casi un año del hecho doloso que deja mal parada a la entidad, tanto en lo económico como en su imagen institucional.
El argumento jurídico utilizado para beneficiar a esta persona con medidas sustitutivas se basa en la Ley 1173, que –según su abogado defensor- no estipula prisión por delitos patrimoniales.
Lo que se omite, tanto de parte del jurista como del juez que tomó la decisión, es que Gil estuvo prófugo durante varias semanas y que varios testimonios y documentos lo señalan como uno de los principales responsables. En su lugar, hubo gente inocente tras las rejas, en un proceso que ha sido enredado por el Ministerio Público de manera inexplicable.
El plan Cotas en Cuotas era un programa de la cooperativa para que esta venda productos electrónicos a los socios, quienes debían cancelar el costo en pagos periódicos y a plazo. El espíritu de este proyecto fue trastocado por oportunistas, para que sea de beneficio de unos cuantos y no para que cumpla el objetivo de servir a la comunidad que es parte de Cotas.
El robo a la cooperativa supera los 7,7 millones de dólares. En la documentación judicial se señala que fue Hubert Gil quien solicitó que se modifique parte del contrato con los proveedores de equipos, para que entreguen los objetos que debían ser comprados por los socios de la cooperativa a sola presentación de una carta certificada por parte de funcionarios de Cotas y no solo al directo beneficiario.
El bache económico afectó a la cooperativa y a los servicios que presta. Hay que decirle al juez que no se trata de dinero privado, sino del aporte de más de 100.000 socios que creían en Cotas. Este deterioro de la imagen y las consecuencias económicas serán difíciles de subsanar en el tiempo.
No es posible que un juez tome esas determinaciones aprovechando que el interés ciudadano está puesto en una crisis política. Actuar así es tener dobleces que son imperdonables, más aún ahora cuando el país y Santa Cruz están hartos de la manipulación de la justicia, tan cuestionada por estar al servicio de unos pocos privilegiados, postergando el interés de la sociedad.
En este escandaloso caso hay prófugos y hay falta de claridad. Es preciso que toda la sociedad conozca quiénes son los responsables de ese robo millonario y que ellos sean sancionados en base a las leyes. Pero no hay que olvidarse de que el dinero robado debe ser recuperado. No valen artimañas legales ni dilaciones descaradas para pretender que el asunto se diluya como si nunca hubiera ocurrido.
Los actuales administrativos de Cotas están llamados a buscar el esclarecimiento pleno, caiga quien caiga. Santa Cruz se ha puesto de pie y ha demostrado que no está dispuesta a más engaños. Por esa misma razón, instituciones como el Comité pro Santa Cruz deben velar para que haya justicia de verdad.
