Fiscalía de Santa Cruz abrió proceso penal, de oficio, al vocal Victoriano Morón por la supuesta comisión del delito de prevaricato

19 de noviembre de 2019, 3:00 AM
19 de noviembre de 2019, 3:00 AM

Cuatro días después de que el vocal de la sala penal segunda del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Victoriano Morón, fallara a favor de la anulación de medidas cautelares del exdirector de marketing de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), Hubert Gil, acusado de apropiarse de $us 7,7 millones, la Fiscalía allanó la oficina de la autoridad judicial, secuestró documentación y lo notificó para que declare.

El coordinador de la Fiscalía departamental, Wálter Suárez, afirmó que se hizo un operativo de registro en la oficina de Morón, contra quien se abrió un proceso penal de oficio por la supuesta comisión del delito de prevaricato.

Detalló que un informe de la comisión de fiscales que investiga el caso Cotas establece irregularidades e incongruencias en cuanto a la fundamentación del vocal para disponer la libertad de Gil. “Se investigará y valorará su actuación y se podría analizar un recurso constitucional de amparo a la resolución al considerar que lesiona derechos y garantías”, refirió.

El fiscal departamental, en el marco de las atribuciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, conformó una comisión de fiscales para dar celeridad.

En el registro a la oficina, según Suárez, no se encontró a Morón y aclaró que no hay orden de aprehensión en su contra.

En la otra vereda, Yimy Montaño, abogado de Gil, dijo desconocer las actuaciones de la Fiscalía.

Aclaró que su defendido aún guarda detención preventiva y se ajustarán al plazo de 20 días fijado para cumplir con la presentación de requisitos dispuestos en el fallo.

Pronunciamiento

En un comunicado, Cotas repudió y calificó de inaceptable la determinación de liberar a Gil, a quien sindican de cometer graves delitos contra el patrimonio económico de más de 123.000 asociados de la cooperativa.

Cotas denuncia que en los últimos 10 meses, autoridades del Gobierno utilizaron diferentes órganos del Estado como instrumentos de represión, extorsión y abuso contra la cooperativa (imponiendo medidas arbitrarias y fuera de la ley, poniendo en riesgo la continuidad de operaciones y servicios, persiguiendo sin pruebas a gente que no estaba involucrada, liberando delincuentes confesos y secuestrando información y documentación clave para el esclarecimiento del caso).

Desde el Comité de Defensa de los Socios y Usuarios de los Servicios Públicos, la presidenta Gloria Calvimontes, advirtió que de no anularse el fallo a favor de Gil saldrán a las calles a protestar.

Tags