En un cabildo determinaron 48 horas para que Jeanine Áñez renuncie a la Presidencia. El ministro de Gobierno afirmó que el narcotráfico está detrás de las movilizaciones

El Deber logo
18 de noviembre de 2019, 4:00 AM
18 de noviembre de 2019, 4:00 AM

Las movilizaciones de organizaciones que piden el retorno de Evo Morales se reducen, pero en algunos casos radicalizan su posición. Ayer, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, informó de que los conflictos redujeron su intensidad debido a que las organizaciones afines al MAS se dieron cuenta de que “fueron engañadas”.

“Los conflictos en el país han bajado un 50 por ciento de intensidad, se están dando cuenta que están siendo engañados. (...) Los duros dirigentes están matando a los pobres campesinos, a los que les dicen que les vamos a quitar la coca, que les vamos a quitar sus casitas que les ha dado el expresidente (Evo) Morales. No vamos a permitir aquello”, advirtió Murillo.

Esta tesis de desinformación también fue respaldada por Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, quien dijo que se evidencia mucha desinformación en las personas movilizadas en El Alto y en Cochabamba, ante lo que señaló que Jeanine Áñez es de transición y no va a implementar cambios en el país, como quieren hacer creer los dirigentes del MAS.

“Lo que estamos tratando de hacer es énfasis en que este es un Gobierno de transición, cuya única finalidad es la de convocar a elecciones, que no es un gobierno que va a modificar el sistema económico, que no va a modificar todos los proyectos”, expresó.

Del bando cocalero, un cabildo de las seis federaciones en Sacaba, Cochabamba, la noche del sábado, emitió nueve resoluciones de las que sobresale el ultimátum a Jeanine Áñez a que renuncie a la Presidencia en 48 horas.

“Darle a Jeanine Áñez, presidenta transitoria de Bolivia, 48 horas para presentar su renuncia debido a que es inconstitucional su mandato”, señalan en el primer punto de estas resoluciones.

También demandaron el repliegue “inmediato” de las Fuerzas Armadas; la liberación de detenidos; la aprobación de una ley corta, transitoria e inmediata de la Asamblea para garantizar elecciones generales en 90 días; y el rechazo a “la vulneración de los derechos humanos”, en alusión al Decreto Supremo 4078, que exime a militares de responsabilidad penal para operaciones que buscan el restablecimiento del orden.

Sobre este punto, Justiniano había dicho antes que este “es disuasivo porque trata de evitar la confrontación y más muertes”. 

Afirmó también que la normativa emitida se sostiene en la Constitución y en la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

La reunión de los afines a Evo Morales se realizó sobre la carretera de Sacaba, en el mismo lugar donde eran velados los cuerpos de cinco cocaleros antes de ser trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en la ciudad de Cochabamba. 

Un reporte de la Policía da cuenta de que solo el sábado fueron detenidas 193 personas y diez fueron puestas en manos del Ministerio Público porque portaban armas de fuego, objetos punzocortantes y explosivos.

Informe de la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo informaron que en casi un mes de protestas se registraron 23 personas fallecidas y 715 heridos. Entre los heridos se cuentan ocho periodistas. 

Estas cifras, reportadas por la CIDH a través de Twitter, se contabilizan entre el 23 de octubre y el 16 de noviembre y son las mismas que maneja la Defensoría del Pueblo. Según la Defensoría, los 19 fallecidos son hombres y fueron identificados, mientras que los restantes cuatro aún no.

En cuanto a los heridos, la institución precisó que son 715 heridos, de los cuales 631 son hombres y 84 mujeres.

El choque más duro ocurrió el viernes, entre cocaleros, policías y militares que se apostaron en un extremo del puente Huayllani, Sacaba. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, contabilizó la muerte de nueve cocaleros, cifra que posteriormente fue confirmada por el IDIF. 

Los sectores movilizados piden que se deponga a Evo Morales en la Presidencia, y con este fin instalaron puntos de bloqueo en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, y otras regiones.

Para el ministro Murillo, el narcotráfico impulsa las protestas y movilizaciones de los sectores que rechazan el Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez. “Este camino no podemos seguir, este es el camino al desastre, el narcotráfico está apoyando esto. Debemos hacer y buscar las mejores formas para encontrar paz social en Bolivia”, dijo según reporte de Los Tiempos.

La CIDH expresó además su preocupación por las acciones de las Fuerzas Armadas, así como por “las amenazas de expulsión de autoridades, agresiones y uso de gas contra periodistas”.

Puntos de bloqueo

Además de Chapare, en Cochabamba, se registran bloqueos en Santa Cruz, La Paz, Oruro y Chuquisaca. En Santa Cruz se mantienen los bloqueos en los valles (Tiquipaya, Petacas, Tarumá, Los Negros y Mairana) que impiden el paso de camiones que transportan verduras y hortalizas.

También en Yapacaní, en la zona norte, y en San Julián, en la zona noreste; en ambas regiones se reportan intentos de negociación, pese a que dirigentes radicalizados persisten con la medida. 

En Potosí el jueves la marcha de originarios fue recibida en la ciudad con banderas blancas y se logró un acuerdo, mientras que en Oruro se mantiene un punto de bloqueo en Panduro, la localidad al límite con La Paz. 

En Chuquisaca se mantiene el bloqueo en las rutas, pese a esto vecinos del municipio de Zudáñez salieron a marchar pidiendo que cesen los bloqueos. Los pobladores denunciaron que la medida les genera desabastecimiento. 

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, afín al MAS, determinó continuar con los bloqueos a La Paz, una medida respaldada por 14 distritos, pero también hubo resistencia, fue el caso de vecinos de la zona Ballivián, quienes decidieron mediante un voto resolutivo pacificar el país y no salir a marchar.

Sobre la crisis, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, llamó a la pacificación y a buscar la reconciliación social para no perjudicar a las familias y el progreso de la ciudad con bloqueos que provocan desabastecimiento.

“No permitamos que nos enfrenten entre hermanos, es hora de buscar la reconciliación. Los alteños no somos gente violenta, solo queremos trabajar para el beneficio de nuestras familias”, expresó a través de un comunicado.
Por la tarde, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reiteró el llamado al diálogo a los dirigentes de estos sectores.