El Gobierno negocia sector por sector en busca de normalizar el país

El Gobierno, a través de Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, tomó contactos con distintos sectores movilizados para tratar de volver a la normalidad en el país. Según la autoridad, ha conversado con dirigentes de la Central Obrera Boliviana, la Confederación Nacional de Ayllus y Marqas del Qollasuyo, dirigentes de El Alto, en busca de que se desmovilicen y permitan el abastecimiento de productos en ciudades como La Paz, donde los precios de los alimentos se han disparado y la gasolina se tiende a acabar en los surtidores. 

Este mismo pedido fue hecho anoche por la presidenta del Estado, Jeanine Añez, que llamó a los diferentes sectores movilizados a volver a la normalidad y aseguró que la movilización ya ha provocado incontables pérdidas a todo el Estado -hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre, se calculaba que equivalían al 2,5% del Producto Interno Bruto- y que se debe garantizar las actividades económicas en el país. Además, al final de la posesión de la nueva autoridad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Añez anunció: “Muy pronto daremos noticias sobre nuestro principal mandato: la convocatoria a elecciones transparentes”.

Este último anuncio se da en el marco del empantanamiento del diálogo institucional, ya que el Movimiento Al Socialismo, Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano, que tienen representación parlamentaria, no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera para comenzar el diálogo. 

Ayer, la bancada del MAS convocó a sus pares de UD a una reunión para hoy, pero desde la bancada verde, aseguraron que no han recibido nada oficial y que el MAS no se enmarca en la Constitución. 

Los acercamientos

Según Justiniano, el Gobierno intensificó sus contactos durante el fin de semana con la COB, Conamaq y dirigentes de El Alto para tratar de que se desmovilicen. Una reunión con la COB y tres distritos de El Alto marcó la jornada dominical y el ministro Justiniano afirmó que las bases del MAS están rebasando a sus dirigentes porque están cansados del trajín de las movilizaciones que empezaron el 21 de octubre.

“Estamos buscando todos los interlocutores válidos. Sabemos que las bases han rebasado a sus dirigentes y quieren una solución pacífica. Estamos buscando y los convocamos a través de los medios de comunicación, a todos los dirigentes -sean de base o sean de distrito- con los que podamos sentamos en una mesa de diálogo”, dijo la autoridad, luego de una reunión.

Juan Carlos Guarachi y los otros representantes vecinales llegaron a Palacio de Gobierno a las 9:00 y la reunión terminó a las 14:30. Pero ninguno de los dirigentes realizó declaraciones.

Una autoridad de Estado afirmó que existen muchos tropiezos en las negociaciones, porque llegan a un acuerdo y los dirigentes aseguran que “van a consultar” y es ahí que se revierte toda la negociación. Puso como ejemplo a Yapacaní.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), admitió que la dirigencia ya fue rebasada y él mismo, que es vecino de El Alto, dijo que es imposible acercarse a las bases alteñas porque inspiran temor a los que quieren hablar de acercamientos con el Gobierno. Pero también admitió que existen muchas zonas y distritos que están pidiendo la pacificación del país para avanzar en la agenda política.

Las autoridades del Ejecutivo asentaron el concepto de que son un “Gobierno de transición” y que gracias a esa explicación varios sectores empezaron a bajar la belicosidad de sus acciones. 

Justiniano afirmó que ellos les explicaron que no podrán cambiar ningún programa o proyecto que estaba en plena ejecución y recordó que los dirigentes les mencionaron que existe la creencia que van a quitar incluso las casas que había edificado el Gobierno de Evo Morales.

El Ejecutivo no descarta ninguna posibilidad de negociación. Ayer, al finalizar la tarde, la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, leyó una carta de invitación a los dirigentes de las 20 provincias de La Paz a quienes invitaron a pacificar los conflictos en esa región del país. La misiva no tiene un destinatario concreto y va dirigida a la dirigencia colectiva.

Justiniano aseguró que ellos invitaron incluso a la Coordinadora Nacional por el Cambio, pero hasta ahora no recibieron respuesta.

La bancada 

Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, los masistas lograron reunir a 20 legisladores de los más de 100 que tienen y condenaron la emisión del decreto que impide acciones penales contra los militares que utilicen sus armas de fuego. La diputada Betty Yañíquez fue la encargada de anunciar que recurrirán a la justicia para anular la norma.

Se pudo observar diputados cabizbajos y sin titulares. Los dos presidentes de las cámaras, Eva Copa, del Senado y Sergio Choque, de Diputados, les cedieron la vocería a sus colegas Yañiquez y Sonia Brito.

Las diputadas lanzaron la invitación a los jefes de bancada de todos los partidos a una reunión hoy en predios de la Vicepresidencia; pero las diputadas no supieron explicar cuál será la agenda. Gonzalo Barrientos, exjefe de bancada de UD en diputados, dijo ayer que no han recibido ninguna invitación y que ellos rechazan el acercamiento al MAS, porque no cumplen con la Constitución ni el reglamento de la Asamblea. Para Óscar Ortiz, la intención del MAS no es el diálogo, sino rechazar las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera y generar mayor convulsión.

Las elecciones

Con un país con el eje central en pleno conflicto (los bloqueos en regiones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz se mantienen), el Ejecutivo trata de avanzar en el mecanismo de elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales. Justiniano, informó de que el Gobierno está buscando otros mecanismos que permitan poner fecha y llamar a la brevedad posible a las elecciones. “Hablar con la bancada del MAS se puso difícil porque para llamar a elecciones se necesita dictar una ley para acortar plazos, porque con la actual norma se requiere convocar con 150 días de anticipación y el mandato de la presidenta Jeanine Añez es apenas de 90 días”, dijo.