El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se abrió ayer a reformar la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque en las manifestaciones que se alargan ya tres semanas crece la demanda de efectuar un proceso constituyente para sustituirla por completo.

“Creo en los cambios a la Constitución, que son legítimos y los vamos a discutir; de hecho estamos preparando un proyecto de cambios a la Constitución para poder actualizar y tener nuestra propia propuesta”, dijo el mandatario en una entrevista difundida por el diario El Mercurio.

El mandatario aseguró que los cambios “tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás”, y si bien no puso plazos para presentar su proyecto, precisó que sus reformas serán discutidas en el Congreso, la única instancia legal en Chile para modificar la Carta Magna.

La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos cuando haya diferencias graves con el Parlamento.

Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera está “definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar”, precisar “las obligaciones del Estado” y crear “mejores mecanismos de participación” ciudadana.

Pocos días después de que Piñera asumiera la presidencia el 11 de marzo del año pasado, su gobierno anunció que no permitiría avanzar un proyecto de ley que su predecesora, la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), había enviado al Congreso para modificar la Constitución. El proyecto consagraba la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Después de tres semanas de protestas, el mandatario decidió dar un giro y afirmó que su propuesta constitucional debe ser “discutida” junto al proyecto de ley de Bachelet y con otras que puedan surgir. El mandatario anunció hace dos semanas una nueva agenda social con un paquete de 15 medidas referidas a mejorar el ingreso mínimo, las pensiones, salud, educación y la reducción de las dietas parlamentarias y de los altos sueldos de la administración pública, iniciativas que no lograron contener el estallido social.