Se atizó el fuego. Alberto Lozada (secretario ejecutivo), Jorge Justiniano (segundo vicepresidente) y Javier Silva (encargado de logística con la selección) que formaron parte de la gestión de Carlos Chávez (+) en la Federación Boliviana de Fútbol (2006-julio 2015), se sienten afectados.

Los tres están molestos con Marco Peredo, expresidente de la FBF, quien hizo conocer el miércoles una lista de personas que supuestamente deben al ente matriz, pero cuyos descargos no aparecen porque fueron confiscados en julio de 2015 por el Ministerio Público por el proceso penal que le siguió a directivos y funcionarios que trabajaron para Chávez.

Lozada, en conferencia de prensa, mostró ayer documentos de una auditoría al 31 de diciembre de 2017 que hizo la empresa MGI Abaco SRL, para la FBF, en la que su nombre no aparece como deudor en el párrafo 3.2 de Exigible, pero sí está en el punto 4.1 Cuentas por Pagar con un saldo a su favor de Bs 99.815 por salarios. A esto se suma, de acuerdo a su explicación, el punto 4.4 sobre Préstamos por Pagar en la que se le debe Bs 667.990.

Sobre esto último, Lozada contó que la FBF en abril de este año lo convocó para conciliar cuentas, pero aclaró que no lo hizo, pese a que tiene documentación, porque afronta un proceso penal, desde hace cuatro años, por lo que tiene medidas sustitutivas, que le prohíben reunirse con gente de la Federación Boliviana de Fútbol.

De Peredo, dijo que es su amigo y de quien cree que no debe un peso a la FBF, pero aclaró que con la divulgación de esa lista de deudores, que a su parecer no es un documento oficial de la federación, cometió una injusticia e hirió a muchas familias.

“Ninguno de los que aparecen fueron notificados por la federación, que es lo que se debió hacer si es que se debe. No debió publicarse esa lista porque no se sabe si es cierto o no. La Fiscalía tiene toda la documentación de la gestión, por lo tanto no se puede asegurar si se debe o no”, sostuvo Lozada quien recordó que en el congreso de 2014, que se realizó en Trinidad, Beni, se aprobó el informe económico de esa gestión de Chávez, por lo tanto la actual dirigencia federativa tendrá que demostrar que él debe.

Jorge Justiniano

El pandino Jorge Justiniano ahora está en Santa Cruz porque debió presentarse a una audiencia por el proceso penal que también se le sigue (injusto, dice él) en un juzgado local por supuestos hechos de corrupción en la FBF. El ex vicepresidente de la federación calificó de simple panfleto lo publicado por Peredo, por lo tanto no es un documento oficial.

Informó que como dirigente de la FBF solo manejó recursos en octubre de 2014 para un gasto operativo que tuvo que ver con el material que debió ingresar al país, por Cobija, y que estaba destinado para el complejo deportivo que se empezó a construir en las casi cuatro hectáreas de terreno que su familia regaló a la FBF y que hoy tiene un costo de aproximadamente un millón de dólares. “Todo lo que gasté se descargó e incluso estando ya con el proceso penal debí entregar nuevos respaldos”, dijo.

Al respecto, Marco Peredo aclaró que no se trata de un panfleto lo que hizo conocer sino de un documento que maneja la federación. “Que le pidan a César Salinas (actual presidente de la FBF) el detalle de este dato”, sostuvo.

Por su parte, Javier Silva contó que desde hace más de tres años afronta un juicio laboral muy desgastante contra la FBF por impago de salarios, por lo cual considera injusto lo que hizo Peredo, siendo que en la gestión de Chávez los descargos pasaban hasta por cuatro controles. “Han pasado cuatro presidentes por la federación y nadie me había dicho Javier dónde están los descargos”, dijo.