Opinión

Los gastos corrientes y la economía

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Guido Alejandro Arana, Alberto Rocha Roca Hace 9/27/2019 8:00:00 AM

S i el jefe de un hogar gasta más de lo que recibe en sus ingresos mensuales, seguramente todos le aconsejarían que busque cómo reducir sus egresos, para que no viva endeudado ni hipoteque el futuro de sus hijos.

¿Qué habría que decirle a un jefe de Estado cuyos gastos son superiores a sus ingresos totales? Bolivia ya no vive tiempos de bonanza y desde hace algunos años está arrastrando un déficit fiscal que debe llamar la atención de los responsables de la economía nacional.

Los gastos corrientes son los que se utilizan para pagar sueldo al personal, comprar bienes y servicios que son esenciales para llevar adelante las funciones administrativas del Estado.

Estos han subido de manera sostenida durante la última década. Es más, un reporte de Fundación Jubileo (publicado en mayo) detallaba que en el presupuesto de 2019 se contempló un gasto corriente de 131.756 millones de bolivianos, superior al de 2018, que era de 121.729 millones.

El déficit global, que resulta de la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado, también ha ido en ascenso. De 2.461 millones de dólares en 2016 a 3.304 millones de dólares en 2018; este año la cifra puede ser superior.

El Gobierno argumenta que el incremento de los gastos corrientes se debe a la creación de ítems de salud y educación a lo largo de los últimos 14 años, así como a los aumentos salariales que han estado por encima del porcentaje de inflación.

Entre alzas salariales y pago de doble aguinaldo, el sector privado registró un incremento superior al 13% en sus gastos operativos, durante los últimos 13 años, no se sabe exactamente cuál fue el nivel de aumento en el sector público.

Tampoco se sabe si la creación de ítems solo fue para el sector de la salud y de la educación o es que hubo contratación de personal en otras áreas del sector público.

Lo que queda claro es que, si bien según el Gobierno hubo doble aguinaldo cuando la economía creció por encima del 4,5%, el pago de este beneficio en el sector público ha debido contribuir a este ascenso de los gastos corrientes, sumado a los incrementos salariales que fueron aprobados en las últimas gestiones.

Eso, pensado en la economía familiar, significa gastar más de lo que le ingresa a la familia para dar gusto a uno o a varios de los hijos. La ministra de Planificación del Desarrollo señala con optimismo que hasta agosto se ha registrado el 47% de ejecución presupuestaria de la inversión pública.

Lo ideal sería que ese nivel sea superior al 50%, teniendo en cuenta que faltan cuatro meses para fin de año y que la meta es llegar al 100%. Estaría mucho mejor si ese desempeño estuviera acompañado de muestras de austeridad de parte de todos los niveles del Estado. Es evidente que Bolivia no tiene la holgura económica de gestiones anteriores.

Los ingresos por la venta de hidrocarburos (que en algún momento fueron la clave de la bonanza) han caído, pero esto no parece haberse reflejado en los gastos del Estado, así como tampoco en el rendimiento de una gran parte de las empresas públicas.

Si bien están las que generan recursos y son exitosas, hay otras que no terminan de despegar y, sin embargo, siguen absorbiendo dinero público. Es evidente que el nivel de gasto de cada ciudadano ha disminuido y es poco coherente que, incluso con ítems de nueva creación en salud y educación, el Gobierno no demuestre que es capaz de apretarse los cinturones, tal como lo están haciendo millones de ciudadanos.