La marcha indígena por la Chiquitania dejó ayer San Rafael de Velasco y avanzó 22 kilómetros hasta llegar a la comunidad Villa Fátima, ubicada sobre la carretera San Ignacio de Velasco–San José de Chiquitos. El Gobierno aseguró que la columna es financiada por partidos de derecha, acusación que recibió duras críticas.

Hoy se recuerdan ocho años de la represión policial a indígenas de tierras bajas en Chaparina y el silencio se apodera de ese deplorable suceso.

El alcalde de San Rafael de Velasco, Julio Alviz, manifestó que la institucionalidad rafaeleña brindó apoyo a la marcha indígena, ya que el pueblo comulga con los intereses de ese movimiento que inició el 16 de este mes en San Ignacio de Velasco y que concluirá en Santa Cruz de la Sierra.

“Ojalá la marcha se blinde a la manipulación política partidaria porque de lo contrario se va a desprestigiar. Si la marcha es auténtica y representa los intereses del pueblo chiquitano, nosotros apoyamos, este movimiento es regional y por eso, el Comité Cívico, Gobierno Municipal y ganaderos han ayudado con víveres y agua a los marchistas”, detalló Alviz.

Ayer, la marcha abandonó San Rafael. La columna pide al Gobierno declarar zona de desastre nacional por los incendios, que se otorgue territorio para los indígenas y que no se dé prioridad a los asentamientos y a los colonos, además de la derogatoria de normas que avalan el chaqueo y la quema en zonas forestales.

Mientras, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, vinculó a la marcha con intereses políticos y la acusó de recibir financiamiento de partidos de derecha.

La autoridad señaló que en la columna no están los dirigentes “verdaderos” de la de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). “La supuesta marcha indígena no es una marcha de la Cidob, ni del pueblo chiquitano, no están ahí los dirigentes verdaderos, ni las organizaciones verdaderas, son un grupo de personas con auspicio y bajo dirección política de la Gobernación (de Santa Cruz)”, denunció Romero.

El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, desahució la acusación de Romero y pidió prudencia en un momento de dolor por los incendios. “Me parece grave ver estos síntomas de incapacidad reflexiva del Gobierno ante una interpelación que no solo es de los indígenas, de la Gobernación, de los cruceños, sino también de una gran mayoría del pueblo boliviano”, dijo.

Chaparina, en silencio

Hoy se recuerda en silencio la agresión policial que sufrieron los indígenas de tierras bajas en la localidad de Chaparina.

Ese 25 de septiembre la marcha, que se dirigía a La Paz para exigir respeto a su territorio y que no se construya una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), descansaba en una loma y de sorpresa fue agredida por policías. Los indígenas, incluyendo mujeres y niños, fueron gasificados, golpeados, maniatados y algunos trasladados en buses desde Chaparina hasta Rurrenabaque. En esa época Sacha Llorenti era ministro de Gobierno y dijo que se rompió la cadena de mando.

El líder de esa marcha, Fernando Vargas, lamentó que luego de ocho años no haya responsables y también se aflige porque no existe coordinación para organizar actos esta fecha a manera de reflexión.