El hombre que asesinó a cuatro menores (una adolescente de 15 años, una niña de 9 y dos niños de 5 y 3 años el viernes, y que el domingo fue enviado preventivamente al penal de Palmasola) no sintió el peso de la Ley 348 cuando fue denunciado por primera vez por su pareja el año pasado.

Los procedimiento que se establecen en la norma, que fue creada para garantizar a las mujeres una vida libre violencia, no se aplicaron en favor de Guadalupe Avelo, madre de los cuatro menores asesinados. Ella reveló que denunció a Wálter Ruperto Monasterio Villarroel, el año pasado, por violencia familar y pese a este antecedente tuvo que seguir viviendo con él porque no tenía otra casa a donde irse con sus niños.

Avelo dijo (en una entrevista televisiva) que la ley no se cumplió, ya que el hombre siguió yendo a la casa donde vivían los menores y la mujer, porque el inmueble era del hermano del agresor. "Como no tenía donde irme tuve que quedarme allí", explicó Avelo y agregó que el proceso de su denuncia llegó hasta las autoridades en Warnes.

A juzgar por la letra muerta de Ley 348, expuesta en el artículo 35, se deberían haber aplicado seis medidas en contra del agresor denunciado y procesado: debió haber desocupado el inmueble donde vivía con la agredida, no tener la facultad para vender esa vivienda, someterse a una terapia sicológica, quedar prohibido de acercarse a la mujer, no tener permiso para ingresar a la casa y finalmente, el hombre quedaba prohibido de amenazar a la víctima.

Sin embargo eso no sucedió y el sujeto, para el cual su abogado ha solicitado un examen sicológico, lo último que le dijo a Avelo antes de cometer el múltiple infanticidio fue que ella pagaría muy caro la decisión que ella tomó de dejarlo e irse a vivir con los niños a otra vivienda, que sus padres le habían comprado.

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