Desde la Gobernación de Santa Cruz indicaron que en la zona de la Chiquitania, en nueve años, solo se tramitaron 14 certificados de uso de suelo, un documento clave para determinar la vocación de los terrenos a trabajar.

Patricia Méndez, directora de Ordenamiento Territorial y Límites de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que la cifra indica la vulneración de la norma y que esta se traduce en los actuales incendios.

Méndez remarcó que para cualquier actividad productiva es necesario contar con el certificado de uso de suelo, pues esta es una garantía de lo que el productor está declarando (ser ganadero o agricultor).

Al respecto, Hugo Sosa, secretario de Obras Públicas del gobierno departamental, subrayó que el documento indicado le permite al propietario conocer con certeza la capacidad del uso del suelo, sus reglas y recomendaciones.

“Esto es el equivalente al certificado de uso de suelo municipal, usted lo tramita cuando quiere hacer una construcción”, dijo Sosa.

Sobre la poca cantidad de certificados, ambos funcionarios coincidieron en que esto se debe a que la Ley 741 y el DS 3973 vulneran la Ley 2350 que aprueba el Plan de Uso de Suelo (PLUS) – Santa Cruz como un instrumento técnico normativo del ordenamiento territorial, que delimita los espacios geográficos y asigna usos al suelo para optimizar los beneficios que este proporcione y tiene por objeto alcanzar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables.

Méndez sostuvo que ambas normativas del Ejecutivo saltan por encima del PLUS y brindan un paraguas legal a los productores que ya no ven necesario tramitar su PLUS, pues consideran que con la ley y el decreto ya se encuentran blindados legalmente.

Sobre el tema, Miguel Crespo, director de Probioma, explicó que no es una casualidad que una vez promulgada la Ley 741 en 2015 los focos de quema se hayan duplicado pasando de 15.000 a más de 32.000, en 2016.

Similar criterio tuvo Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo de la Gobernación cruceña, que hizo notar que la ley y el decreto que impulsó el Gobierno ha perforado el PLUS de Santa Cruz provocando graves daños al medioambiente.

La lectura de la ABT

Cliver Rocha, director de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), aseguró que culpar al decreto 3973 por los actuales incendios es una apreciación equivocada, pues dicha norma aún no está reglamentada por lo que fue puesta en práctica.

Sobre los posibles responsables de la quema indiscriminada Rocha precisó que hasta el momento se emitieron tres citaciones y que se debe esperar el trabajo de las comisiones.

Los productores

Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que la zona tiene tanto vocación forestal como agrícola y que el sistema de producción de los soyeros es de siembra directa donde no se contempla la quema.

Jaime Hernández, gerente de Anapo, precisó que el sector no registra una importante ampliación agrícola, pues siguen produciendo, desde hace cinco años, en alrededor de un millón de hectáreas en la campaña de verano.

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