El movimiento cívico nacional y representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se reunieron ayer en La Paz y definieron tres medidas de presión en demanda de la renuncia de los vocales electorales, y del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera. La primera es una marcha con crespones negros el 6 de agosto en los desfiles de todo el país, la segunda es un paro nacional de 24 horas para el 21 de agosto y la última es un paro general indefinido el 10 de octubre, fecha en que se conmemora los 37 años de la recuperación de la democracia, pero que está a 10 días de las elecciones generales.

“Realizar el paro nacional indefinido a partir del 10 de octubre hasta la renuncia del binomio inconstitucional Morales-García y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, señala el segundo punto de un documento que fue firmado por los presidentes cívicos de seis regiones, los delegados del Conade y el candidato Víctor Hugo Cárdenas (UCS), que fue el único postulante a la presidencia que asistió al encuentro.

En contraparte, Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, calificó estas medidas como un ‘boicot’ al proceso electoral, porque atentan en contra del derecho ciudadano de elegir autoridades. “No es una acción en contra del Gobierno, es una acción en contra del pueblo”, señaló.

Para Salvatierra es contradictorio que una institución cívica que debe representar los intereses de la región, y que dice velar por la democracia, atente contra la misma al establecer un paro indefinido en visperas de la realización de las elecciones del 20 de octubre, perjudicando de esta manera la transparencia del proceso.

La semana pasada, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, expresó que al oficialismo le interesa que las elecciones sean lo más transparentes posibles, por lo que gestionan la presencia de veedores internacionales, y que más bien “son acciones como los paros cívicos, articulados con los partidos y las plataformas, las que se presentan como un boicot a las elecciones”.

Para Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, las movilizaciones no van a interrumpir al proceso electoral y sirven para que sea más transparente. Añadió que pese a que las elecciones se enmarcan en la Constitución, no sucede lo mismo con la candidatura de Morales. Para Vladimir Peña, jefe de campaña de Bolivia Dice No, es importante conseguir la renuncia de los vocales del TSE y hacer respetar el 21-F. No quiso valorar si un paro indefinido antes de las elecciones pone en riesgo el proceso. Consideró que habrá tiempo para analizarlo.

Las demandas

Además de estas determinaciones, cívicos y activistas opositores conminaron a los candidatos políticos y los convocaron a las calles “a luchar por la democracia plena”.

Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras de Evo Morales, llegó hasta la reunión para expresar su propuesta de anular el proceso electoral, porque en su criterio existe un plan del Gobierno para ganar los comicios con fraude y legitimar su mandato con la participación de los propios opositores.

“Al final ellos (los partidos y candidatos) van a ser las primeras víctimas del fraude. Es un poco insólito que haya que estar lanzando mayores argumentos para que los partidos luchen por sus votos, luchen contra un fraude que se va a hacer contra ellos. Es mezquino que se conformen con una pequeña bancadita cuando los grandes beneficiarios van a ser los gobernantes”, criticó.

El único candidato presente en este evento fue el de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, que dijo que los candidatos no deberían presentarse a las elecciones por las críticas al Tribunal Supremo Electoral (TSE); pero cuando se le preguntó si se bajaría, evitó responder de forma puntual.

Además de las tres medidas y la conminatoria, los cívicos aprobaron un “cerco a La Paz” hasta lograr la renuncia de los dos candidatos del oficialismo. Aunque la dirigencia cívica paceña es la que deberá hacerse cargo de este propósito, siendo que en la sede de Gobierno hay tres cabezas del Comité Cívico y dos son afines al Gobierno.

Según la propuesta de este cerco, las organizaciones deben concentrarse en puntos estratégicos y marchar hacia el centro.

Sin Potosí

Las fechas de las medidas de presión y la forma de llevarlas adelante fueron las más discutidas, porque los dirigentes cívicos, como el de Potosí, aseguraron que el número de movilizaciones genera cansancio en las bases.

Marco Antonio Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), explicó que, en el caso de esa región, ellos ya dispusieron un paro de 72 horas que realizarán entre el 30 de julio y el 1 de agosto.

“Después del paro de 72 horas nos prepararíamos para el paro general indefinido directamente”, dijo. El resto de las regiones deben preparar el paro de 24 horas para el 21 de agosto. Durante el debate, los delegados saludaron el paro que se realizó en Santa Cruz, cuyo presidente cívico, Luis Fernando Camacho, afirmó que la dirigencia cívica está unida y en condiciones de garantizar la movilización de la ciudadanía en todas las regiones.

Los dirigentes también solicitaron plegarse a las movilizaciones que protagonizan los médicos en protesta contra las medidas del Gobierno. Este sector también llevará adelante un paro nacional paralelo al de Potosí. Exigen al Gobierno condiciones de trabajo, equipamiento médico para aplicar el Sistema Único de Salud.

Los comicios

Para Waldo Albarracín, rector de la UMSA, si bien las fechas de las movilizaciones dejarían sin posibilidad de llevar adelante los comicios, aseguro que “no podemos dejar de protestar solo por las campañas electorales”. Albarracín señala que luego de las movilizaciones definirán si se modifica el calendario electoral.

El presidente de los cívicos de Cochabamba, Juan Flores, admitió que existe la posibilidad de diferir las elecciones por los tiempos de la protesta.

Al respecto, el presidente de Comcipo opina que una vez que el binomio presidencial renuncie a sus candidaturas, los vocales dejarán sus cargos y por tanto será una acción tras otra. Luego, otros delegados propusieron que se convoque, en todos los departamentos, a personalidades regionales y esa preselección se mande a la Asamblea, en donde el MAS tiene dos tercios y puede viabilizar la designación de siete nuevos vocales.

Policías y militares

En esta reunión, estuvieron presentes -por primera vez- dirigentes de los policías y de los militares del sector pasivo, como los coroneles Óscar Paz Aguirre, por los militares, y David Flores, de la Policía. Participaron para exhortar a los asistentes a planificar las movilizaciones y no caer en las estrategias que lleva adelante el Gobierno cuando hay medidas de protesta.

El coronel Flores pidió no negociar con el binomio presidencial y aseguró que el único camino viable es el de la renuncia de ambos como candidatos a la reelección. Comparó a los dos mandatarios con dos delincuentes que violaron la Constitución y pretenden ser reconocidos como candidatos.

Beni y Pando

En Riberalta, el expresidente cívico y ahora candidato uninominal por el PDC, Cristian Ayala, explicó que en esta región sí se acatará el paro cívico, ya que hay una fuerte presencia opositora y de defensa del voto del 21-F; sin embargo admitió que a escala departamental los movimientos cívicos se ‘debilitaron’ y son afines al MAS.

“Riberalta ha sido una de las regiones que siempre acató el paro cívico. Estuvimos en las anteriores reuniones en Santa Cruz y La Paz y también apoyaremos esta vez”, aseguró Ayala.

Por su parte, Mitzuko Ishiuchi, presidenta del Comité Cívico de Pando, manifestó a medios locales que no había sido invitada a la reunión, y que por ende desconoce las determinaciones que asuman. “Es muy irresponsable tomar el nombre de las nueve casas cívicas de Bolivia, y decir que están reunidos todos. A nosotros desde que asumimos el directorio en julio de 2018 jamás nos cursaron invitación”, señaló.

Añadió que están dando a conocer los reclamos que tiene la región de manera directa al Gobierno y que se las atiende de manera paulatina. “No tenemos conocimiento del por qué de un paro cívico nacional. Pando no va a acatar ningún paro porque somos autónomos”, añadió.

Otro departamento que se encuentra sin representante cívico es Oruro, cuyo presidente cumplió su mandato y las instituciones que lo integran decidieron acatar el ‘silencio sindical’ ordenado por Conalcam.

Punto de vista

Para José Luis Santistevan, abogado constitucionalista y asambleísta por Demócratas, un paro nacional, y en particular un paro indefinido a 10 días de las elecciones, pondría en riesgo el desarrollo normal del proceso electoral.

“En ningún país del mundo una sociedad convulsionada va a ir a votar. Porque los jurados son los ciudadanos, es decir, los mismos que en parte están reclamando el respeto al voto y haciendo un paro. Entonces, si el paro recibe convocatoria, la sociedad va a estar convulsionada”, afirmó.

Otro aspecto que advierte Santistevan es que 72 horas antes de las elecciones debe empezar la movilización de materiales electorales, desde ese momento las fuerzas del orden se ponen bajo mando del Órgano Electoral, que es a su vez el árbitro cuestionado.

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