El informe de la comisión de activistas del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que recorrió el Tipnis en agosto de 2018, identificó daños ambientales por deforestación y persecución a indígenas por la defensa de su territorio. Ante esto, solicitaron sanciones al Gobierno por violaciones a los “derechos de la madre tierra”.

Para parlamentarios oficialistas, este informe carece de valor jurídico para imponer sanciones, y solo puede ser reconocido como “una opinión”. La iniciativa de crear este tribunal surgió en la Cumbre Mundial de la Madre Tierra, en Tiquipaya (Cochabamba), organizada por el Gobierno nacional en 2010. Posteriormente, al no contar con respaldo de la ONU, se estableció como ONG en Bonn, Alemania.

Para el diputado Lino Cárdenas (MAS), se trata de una organización sin valor coercitivo, que “no puede imponer sanciones”. “Sería diferente si fuera creada por el derecho internacional, como la ONU o la OEA”, dijo.

El diputado Víctor Borda, del MAS, cuestionó la rigurosidad del trabajo de campo.

La comisión detalla que en agosto de 2018 recorrieron Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, Villa Tunari, La Paz y Polígono Siete, en el Tipnis, en donde fueron desalojados. Tienen testimonios de más de 200 indígenas, además de reunirse con universitarios y funcionarios del Estado.

Los expertos que participaron de la comisión exigen al Gobierno la paralización del proyecto de carretera por el Tipnis; la derogación de la Ley 969, que le quita la intangibilidad y medidas para detener el avance de colonos hacia el núcleo de la reserva.