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 Edición Impresa 26 Agosto 2012  
 

Ya hay 3.000 voluntarios para contar a 10 millones
Censo. 27 nuevos municipios serán encuestados


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El Deber/Agencias

A una semana de lanzada la convocatoria, más de 3.000 personas se anotaron para participar como encuestadores en el Censo de Población y Vivienda 2012, a realizarse en noviembre. Según informa el Instituto Nacional de Estadísticas hasta el momento se han inscrito soldados de las Fuerzas Armadas, profesores, universitarios y estudiantes de último curso de secundaria para ser agentes censales.
Los interesados en participar del proceso (se necesitan más de 10.000 para contar a más de 10 millones de habitantes) se pueden apersonar a cualquiera de las oficinas del INE en todo el país o anotarse a través de la web www.censobolivia.com.
Ricardo Laruta, director del Instituto Nacional de Estadísticas considera que el proceso se va normalizando. Explica que las quejas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), que no ve a sus diferentes nacionalidades incluidas en la opción aimara o quecha, se puede solucionar anotándolas en la segunda parte de la pregunta 29 de la boleta censal, que está destinada a la identificación étnica de los que viven en Bolivia.
“Se indicará a los empadronadores que esperen la respuesta que declare la persona, sin leer las opciones que se presentan con carácter indicativo en la boleta censal”, explicó Laruta.
Además, se anunció que ya se inició la actualización cartográfica en poblaciones del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, zona en la que los profesionales del INE tenían problemas para ingresar.
El Tipnis pertenece a los municipios benianos de San Ignacio de Moxos y Loreto, además del cochabambino Villa Tunari, donde se ha iniciado la actualización cartográfica.
Otra novedad de este proceso es que 27 municipios serán censados por primera vez. Todos ellos fueron creados después de 2001 y en gran parte fueron fruto del último conteo.
El Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará el miércoles 21 de noviembre y provocará una redistribución de escaños parlamentarios y dinero del Tesoro General del Estado en los municipios y gobernaciones del país.





 
 


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