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 Edición Impresa 29 Julio 2012  
 

El poderío y los millones de YPFB responsabilidad compartida
Investigación. Un director sugiere un ‘golpe de timón’ en la fiscalización de la estatal petrolera


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Hilton Heredia García

El Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de YPFB en su capítulo I, artículos 1 al 9, son contundentes: “El presidente ejecutivo es el responsable de los procesos de contratación... en caso de una contratación mayor al millón de dólares deberá contar con la autorización del directorio”. Así queda claro que el poder, los millones de dólares y todas las adjudicaciones y contratos millonarios pasan por una responsabilidad compartida en la estatal.

A tres semanas de destaparse el escándalo, por primera vez dos directores y el presidente de la estatal, Carlos Villegas, admiten que tienen plenas responsabilidades en los procesos de licitación y en la aprobación de los modelos de contrato de todas las plantas de separación, incluidas las de Río Grande y Gran Chaco, y que están dispuestos a someterse a cualquier investigación ‘caiga quien caiga’, con tal de aclarar las irregularidades.

“Las investigaciones continúan y nosotros como directorio apoyamos 100% este proceso, sin importar quien caiga, y el Ministerio Público es el encargado de pronunciarse al respecto”, señaló el director Luis Lafuente.

No obstante, aclara que el directorio no es responsable de la contratación del personal o de su despido, sino que es tuición  y responsabilidad del presidente ejecutivo. “Créame que de forma constante siempre fue una preocupación muy grande de todo el directorio el hacer los seguimientos respectivos o el de crear algunos mecanismos de control... como directorio debemos confiar en cada trabajador como en el presidente Ejecutivo, caso contrario sería un caos y no se trabajaría”, agregó el director por la Gobernación de Tarija.

Lafuente sugiere que la fiscalización de todo accionar en la estatal debería ser controlada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); sin embargo, para ello se debe reevaluar normativas, reglamentos, recursos humanos y otros que debe cumplir ese ente.

Por su lado, el director por la Gobernación de Santa Cruz, Hugo Sosa, afirma que el presidente Villegas es el encargado de la ejecución y cumplimiento en el marco de la ley de los procesos de licitación, adjudicación y contratación de los diferentes procesos aprobados mediante resolución de directorio.

“Al parecer existen actos de corrupción, los controles de fiscalización existentes (directorio, Contraloría, auditoría interna, auditorías externas, Ministerio de Transparencia, etc.) no son remedio suficiente para combatirlos. Debe haber un golpe de timón en la petrolera estatal, se debe incluir nuevas políticas de transparencia, se deben revisar los procesos de contratación de bienes y servicios y se debe hacer una revisión total del personal”, sintetiza Sosa.
Al respecto, el titular de la ANH, Gary Medrano, coincide con los directores e indica que la nueva ley de hidrocarburos debería incorporar que la fiscalización esté a cargo de esa unidad.
A pesar de toda la situación, el directorio y Villegas aseguran que es necesario acelerar los proyectos millonarios con el objetivo de lograr más ingresos para el país.
Las decisiones tienen todo el respaldo del Poder Ejecutivo, que instruyó acelerar ‘a fondo’ la construcción e instalación de los cuatro proyectos estrella de la industrialización.
Para ello, la presidencia de YPFB tiene toda la confianza del primer mandatario, que le autorizó disponer de más de $us 2.000 millones para el proceso.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, admite que la responsabilidad es del directorio y de su persona, pero asegura que no tiene nada que ver con las acusaciones sobre corrupción. Contra todo el malestar y los golpes que recibe la estatal, el ejecutivo enfatiza que seguirá con los cuatro proyectos.

Entre las dos plantas separadoras de Río Grande y la de Gran Chaco, la de amoniaco y urea y la de GNL, el directorio y su persona administran más de $us 2.000 millones, sin contar la de etileno y polietileno, pues recién comenzarán con los estudios de ingeniería conceptual. “La planta de Río Grande la vamos a entregar en junio de 2013, la de Gran Chaco el segundo semestre de 2014, la de GNL se entregará el segundo semestre de 2014 y la de urea y amoniaco el segundo semestre de 2015”, dijo.
Mario Salazar, nuevo gerente de Plantas de Separación, exterioriza su ‘dolor’ por lo que ocurre. “Me toca el sentimiento de boliviano y como ‘yacimientista’ que soy me duele muchísimo lo que está pasando. Hasta ahora no puedo asimilar el golpe que hemos recibido”, mencionó.

En criterio del nuevo ejecutivo que remplaza al destituido y acusado de supuesta corrupción, Gerson Rojas, es un reto personal y profesional hacerse cargo de las plantas en una etapa complicada. No obstante, apuesta que los proyectos millonarios puedan cambiar el rumbo económico del país.
El analista Carlos Miranda dice que los problemas obedecen a que no existen los mecanismos de control y fiscalización, y porque las nuevas estructuras para el manejo de los fondos públicos se prestan a una administración discrecional. Agrega que desde los gerentes hasta el directorio son responsables de lo que ocurre en la petrolera.

EBIH maneja solo Bs 34 millones
Amado Montes Barzón, que asumió el 17 de mayo de 2012 como gerente general de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) con el desafío de hacer realidad los proyectos de urea y amoniaco en la provincia Carrasco de Cochabamba y de etileno y polietileno en el Chaco tarijeño, maneja solo Bs 34 millones para los proyectos, según un informe emitido en su portal.
En criterio del ejecutivo, para el cumplimiento de tareas iniciales, la EBIH cuenta con un fideicomiso de Bs 34 millones destinado a estudios básicos, Bs 16 millones para concretar el inicio de preinversiones y un Presupuesto Operativo Anual (POA) de Bs 6 millones.
Inicialmente, la EBIH, conforme el artículo 363 de la CPE, es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión, responsable de ejecutar la industrialización de los hidrocarburos. Empero, no tuvo el éxito esperado y sus recursos fueron traspasados a YPFB.

      Lo que establece la normativa     

- Responsable del proceso. Art 7. El responsable del Proceso de Contratación Directa (RCD), es la autoridad designada por el presidente Ejecutivo mediante Resolución Administrativa, para uno o más procesos de contratación, con la atribución y responsabilidad de la conducción del proceso de contratación. El RCD deberá ser un profesional altamente especializado en la materia, que podrá ser un funcionario de YPFB o un profesional contratado al efecto, designado para uno o varios procesos.

- Responsable de contrataciones estratégicas (RCE). Es la autoridad designada por el presidente ejecutivo mediante Resolución Administrativa, para uno o más procesos de contratación, con la atribución y responsabilidad de la conducción del proceso de contratación.

- Artículo 9. Autorización del Directorio. Todas las contrataciones, independientemente de su forma, que superen el monto de $us 1.000.000 (un millón de dólares) o su equivalente en bolivianos, de conformidad al artículo número nueve inciso f) del Decreto Supremo No. 28324 (estatutos de Yacimientos Petrolíferos) deberán ser autorizadas por el directorio de la estatal petrolera YPFB.

«Es importante encontrar a los que dieron y recibieron»
Carlos Villegas | Presidente de YPFB
- Tengo entendido que, a raíz de los actos de corrupción detectados por YPFB y el Ministerio Público, la imagen de la estatal está por los suelos. ¿Cómo piensa salir de esta situación y lavar la cara de la corporación?

- El hecho sucedido afectó tres años y medio de gestión y toda la imagen de la empresa estatal, por eso es importante encontrar tanto a los que recibieron como a los que dieron, porque quienes han dado son tan responsables como quienes han recibido. Vamos a hacer todos los esfuerzos para sacar adelante la empresa.

- Tras las investigaciones sobre la supuesta corrupción, surgen una serie de observaciones a la aprobación de los contratos de las plantas separadoras. ¿Quién administra, fiscaliza y avala todos los contratos? ¿Cuál es el grado de responsabilidad del directorio y de usted?

- Hay diferentes niveles. Por una parte solicitamos al directorio el permiso para el inicio del proceso de contratación para cualquier proyecto y este lo aprueba en base a un informe técnico, económico y legal. El directorio lo integran los representantes del Ministerio de Hidrocarburos, de la Presidencia, de Economía y los cuatro representantes de los departamentos productores, es decir, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. El directorio lo preside el titular de YPFB, en este caso mi persona, pero todos emitimos una resolución y en una de las últimas cláusulas se instruye al presidente de YPFB implementar la decisión que toma el directorio.
El directorio aprueba el inicio del proceso de contratación y de ahí en adelante, es decir las convocatorias y adjudicación, la autoridad responsable es el presidente de YPFB, no puede ser de otra manera. De tal modo que el presidente de YPFB va haciendo seguimiento y emite resoluciones presidenciales para que se ejecuten todas las actividades inherentes a un proceso de convocatoria pública y de adjudicación.

- Los analistas energéticos señalan que YPFB no debería acelerar la instalación de plantas separadoras en el país, pues no hay garantías para exportar a los mercados externos. ¿Qué opina?

- No. Más bien lo que hemos detectado es mucha demanda externa por GLP y urea. En urea son dos mercados: Argentina y Brasil, y estamos negociando con Paraguay y Uruguay, entonces hay mercados. Sería un gran error hacer inversiones millonarias sin mercados.
- Hay expertos y parlamentarios opositores que señalan que el Gobierno acelera los proyectos con el objetivo de ganar más votos en las elecciones de 2014. ¿Será la ‘estrellita’ o la bandera electoral para ganar los próximos comicios?

- El Gobierno ha prometido industrializar el gas y lo vamos a cumplir, por supuesto que además de tener las implicaciones económicas, técnicas y tecnológicas tiene su componente político indudablemente. Sin embargo, hay un elemento de la oposición que es el de evitar que todos estos proyectos prosperen. Seguramente ellos querrán que todo el proceso quede trunco y, en consecuencia, utilicen como caballito de batalla el hecho de que el Gobierno ofreció industrializar y no lo hizo. Entonces, el componente político está presente. El país durante muchos decenios soñó con industrializar sus hidrocarburos, la minería y yo creo que ahora llegó el momento. El Gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, tomó la decisión de instruir al Banco Central de Bolivia dar créditos a YPFB para financiar los proyectos.

- ¿Qué hay de los remplazantes de los exgerentes acusados de corrupción?

- Ya se posesionó al ingeniero Mario Salazar como nuevo gerente de plantas de separación en remplazo de Gerson Rojas y de igual manera será nombrado como director de Gran Chaco el señor Armind Torrico.






 
 

  FOTOGRAFÍAS

Coordinación. El presidente de la estatal, Carlos Villegas, y el gerente nacional de Plantas de Separación, Mario Salazar, son los hombres fuertes del proceso de industrialización. A la der. una visita a la planta de Río Grande



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