Domingo 31, de agosto del 2014
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
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Seguro de vejez



Adolfo Guerrero Encina
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Por su carácter biológico, la vejez es un tipo de pérdida de capacidad de las personas para procurarse sus propios medios de subsistencia, lo que ocurre inevitablemente cuando se alcanza una edad avanzada que, en nuestro medio, está íntimamente relacionada con el fenómeno de la pobreza. En Bolivia, máxime si se trata de la salud, se estima que el 7% de la población es mayor de 60 años y el 65% de ellos eran beneficiarios del seguro de vejez.
Aunque las sociedades modernas tratan de evitar la exclusión social de los adultos mayores, por lo general los intentos se circunscriben a políticas protectoras de carácter asistencial, con serias deficiencias en su gestión y carentes de bases para su financiamiento en el tiempo. Y Bolivia no es la excepción.
Con el advenimiento de los diferentes gobiernos, las políticas sociales y asistenciales, independientemente de sus motivaciones, se han transformado a lo largo de los años y por mandato constitucional en derechos irrenunciables de la tercera edad. Son los casos de la renta Dignidad, incorporada a la nueva Ley de Pensiones, y el Seguro de Vejez o Seguro de Salud para el Adulto Mayor, que en principio quizás eran seguros generosos en el momento de fijar cuantías y el campo de aplicación, estableciendo simplemente edades mínimas para el acceso a las prestaciones, sin considerar su sostenibilidad y la infraestructura disponible. No otra cosa significan los problemas que se han suscitado al quedar el seguro de vejez sin prestador de servicio y que no son ajenos a la gran problemática de la infraestructura hospitalaria en nuestro medio; sin embargo, es de vital importancia fortalecer este sistema de salud para lograr mayor acceso y utilizar óptimamente los servicios en el largo plazo y dar soluciones a las necesidades básicas insatisfechas.
Por tanto, pese a las actuales vicisitudes, el seguro de vejez debe mantener las características de un régimen de protección universal, obligatorio, financiado con el impuesto general y destinado a la totalidad de la población adulta mayor, siempre y cuando no cuente con otro seguro.
Su gestión administrativa no puede dejarse en manos de instituciones sanitarias creadas para otro fin y sustentada en simples convenios; los hospitales y centros públicos podrán otorgar servicios, pero no gestionar los mismos en sujeción a criterios del reparto simple, tareas de afiliación, vigencia de derechos y desarrollo de políticas sociales complementarias.
Por la naturaleza de su sistema económico-solidario y prestaciones integrales desde consulta médica, exámenes complementarios, odontología, hasta hospitalización, tratamientos quirúrgicos y provisión gratuita de medicamentos y prótesis vitales, es pertinente crear, para su administración eficiente y oportuna, una instancia propia de gestión regional bajo los principios de la seguridad social y organización técnica que sea capaz de articular las prestaciones de salud con las de carácter social propias de la tercera edad.
Construyendo “una sociedad para todas la edades” consagrada por las Naciones Unidas y brindando una vejez digna a nuestros adultos mayores, seremos capaces de garantizar calidad de vida a las futuras generaciones.

* Docente de la Universidad Gabriel René Moreno