Un Estatuto para abrir el futuro

Por fin, el 29 de diciembre de 2017, después de que los cruceños le dieran a los autonomistas una mayoría suficiente para aprobar el Estatuto en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), después de un trabajo técnico y político que exploró los límites de las actuales posibilidades, y después, finalmente, de cuatro días de vigilia de asambleístas, el Tribunal Constitucional (TC) hizo pública la declaración constitucional que declara la compatibilidad plena del Estatuto con la Constitución y con esto se consigue un viejo anhelo.

Este fallo no puede entenderse sin la historia, sin esos multitudinarios cabildos, marchas, recolección de firmas, huelgas y referendos, que se resume en una incansable movilización ciudadana, en la determinación de un pueblo, la impecable construcción intelectual y la audacia política de los que tuvieron el valor de preferir lo posible a lo irreal.

El reconocimiento del Estatuto por el TCP derrumba el discurso de quienes decían que habría una ruptura constitucional, y hace justicia con la tenacidad y esfuerzo de mucha gente, que en tiempos distintos tuvieron un rol protagónico, porque la fortaleza autonomista emana de la justicia de la causa y el conjunto de ideales que se defiende.

Al mismo tiempo que la Constitución reconoció los estatutos preconstitucionales dispuso su adecuación, lo que supuso una encrucijada. Hay quienes creen que no se debió realizar la adecuación constitucional del Estatuto y plantean como solución adecuar la Constitución al Estatuto, para no transgredir la votación del referendo autonómico.

En este campo, resalto dos cuestiones. La primera, el 4 de mayo los ciudadanos votaron por un estatuto que representaba la aspiración irrenunciable de autogobierno, el estatuto adecuado no es un nuevo estatuto, es la continuación del mismo con mejoras y recortes a la vez. La segunda, sí bien fue constitucionalizado por un funesto TCP, no es menos cierto, que la adecuación estuvo a cargo de la ALD, donde los cruceños dieron a los Demócratas, con los representantes de los pueblos indígenas, los dos tercios necesarios para su aprobación, lo que convierte al Estatuto de Santa Cruz en el primero y único por el momento aprobado y adecuado por una coalición de autonomistas e indígenas, de lo cual me siento especialmente orgulloso.

De la misma manera, advierto que la alternativa planteada de adecuar la Constitución al Estatuto, más allá de entusiasta denota cierta ingenuidad, porque nos hubiera llevado a mantener el statu quo, y esta vez el inmovilismo no era una solución.

Esta opción fue ofertada electoralmente por dos excandidatos a gobernadores en 2010 y 2015, quienes obtuvieron tan solo el 4.5 y 3.8% de respaldo, lo que significa, también, que los ciudadanos valoran las decisiones responsables.

Es fácil quedarse varado en maximalismos que alimentan el pesimismo crónico de algunos, pero les aseguro que ese camino no conduce a ninguna parte. Hay que tener la osadía de avanzar, de construir con visión de futuro, de cambiar el país. Es ahí donde está el valor de los líderes, en ver oportunidades donde otros solo ven dificultades.

Asimismo, permítanme que me refiera al contenido del Estatuto, esperando hacerlo con mayor profundidad en otra ocasión.
Quiero aclarar, antes de nada, que los recortes competenciales realizados por fuerza de la Constitución han quedado como aspiraciones que espero pronto vuelvan a ser incorporadas, entre ellas, las competencias sobre justicia y tierra. Y esto es muy importante: hemos hecho un estatuto sin voluntad de renuncia. Y ello, porque los presupuestos básicos para la adecuación fueron, conservar la esencia del Estatuto del 4 de mayo y que toda incorporación supusiera una mejora sustancial, partiendo del principio que como toda norma el Estatuto es perfectible.

El preámbulo ha sido reforzado, con un repaso histórico de lo que hemos construido como pueblo hasta la última década. La incorporación de los valores, principios, lenguas y símbolos de cada uno de los pueblos indígenas vigoriza nuestra identidad. La definición de cruceños adoptada, por la que cualquier persona domiciliada en el territorio departamental adquiere a voluntad esta identidad, expresa la vocación de inclusión, tolerancia y respeto.

Los valores definen el carácter de un pueblo, en nuestro caso, la prolijidad del art. 4 establece que la paz, la justicia, la democracia, el pluralismo, la diversidad cultural, la solidaridad, la equidad de género, la cohesión social y el desarrollo sostenible, son valores a promover. La estrategia de vincular las competencias a los derechos, desarrolladas por las áreas de especial actuación agrupadas por afinidad, amplían los derechos, le dan eficacia a los mismos y vislumbran un extenso desarrollo legislativo.

La cohesión territorial se fortifica con la individualización de cada una de las 15 provincias y el establecimiento de un régimen de descentralización con autonomía de decisión. En el campo económico se añade el Pacto Fiscal como mecanismo que busca la sostenibilidad del autogobierno.

En el área de la planificación se consolida un Modelo Social de Desarrollo centrado en los ciudadanos y se agrega la responsabilidad para concretar la región metropolitana. La especial atención que dedica a los jóvenes y mujeres desde los derechos y las oportunidades, nos sugieren un Estatuto moderno y abierto al futuro.

La disposición final segunda no da lugar a interpretaciones interesadas, con nitidez señala que autoridades reelectas el 2015 no pueden aspirar a una nueva reelección. Es cuestión de principios. Por cierto, esta parte en nuestro estatuto sigue siendo constitucional.
En todos estos argumentos, el Estatuto reconoce nuestro pasado, conserva la esencia autonómica y dibuja un futuro más abierto, más incluyente, más amplio; en definitiva, el Estatuto es la llave que abre el futuro de Santa Cruz. Un Estatuto para el encuentro, la integración y la convivencia, un Estatuto para seguir avanzando, un estatuto para abrir el futuro.