Suben homicidios en zonas cocaleras de Colombia tras firma de paz con las FARC

Los homicidios en las zonas cocaleras de Colombia aumentaron en 2017, cuando el Gobierno y las FARC empezaron la implementación del acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la otrora guerrilla comunista, según un informe divulgado esta semana.

En promedio, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 35,5 en 2016 a 39,5 en 2017, un alza del 11%, en los 183 municipios donde hay sembradíos de hoja de coca, base de la cocaína, indica el estudio ¿En qué va la sustitución? Balance 2017”, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

En las 36 localidades en las que el Gobierno inició el año pasado un plan de sustitución de cultivos ilícitos, que concentran el 52% de las 146.000 hectáreas de narcocultivos del país, los asesinatos conocieron un incremento de 33%, al pasar de 41,1 a 54,7. “La mayoría de los municipios que registraron alzas en los niveles de homicidios fueron impactados por las disputas y reacomodamientos de los grupos armados al margen de la ley”, sostuvo el informe de este centro de pensamiento fundado hace casi dos décadas en Bogotá.

La cifra de homicidios en Colombia, el principal productor y exportador de cocaína del mundo, viene reduciéndose desde hace más de una década. En 2016 la tasa de 23,66 por 100.000, la más baja en 15 años. La del 2017 aún no ha sido revelada.

La FIP advierte que “el desmonte paulatino de las FARC” dejó a muchos actores armados “sin ningún tipo de regulación”, a lo que se suma el accionar de otros grupos armados ilegales con intereses en el narcotráfico.

Tras el desarme de las FARC, en Colombia operan el ELN, último grupo rebelde del país, bandas narcotraficantes de origen paramilitar y disidencias de la exguerrilla. “El deterioro de la seguridad no solo se ha expresado en el alza en los niveles de homicidios sino en amenazas y ataques directos al proceso de sustitución”, añade el texto.

Retos

En el pacto de paz, firmado a finales de noviembre de 2016, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a ayudar al Gobierno a combatir el narcotráfico. Los rebeldes han reconocido haber usado recursos provenientes del tráfico de drogas para financiar su alzamiento armado contra el Estado.

El Gobierno de Juan Manuel Santos fijó como meta para el año pasado erradicar 50.000 hectáreas de cultivos de coca y sustituir con sembradíos lícitos otras 50.000 para hacer frente a la siembra histórica de narcocultivos.

Santos, que en agosto dejará el poder tras dos mandatos de cuatro años, dijo a comienzos de febrero que en el último año se erradicaron 54.000 hectáreas y que la meta para 2018 es de 115.000.

Para la FIP, la respuesta estatal en las regiones con más sembradíos ilícitos no cuenta con "un verdadero modelo de seguridad rural", por lo que la sustitución y la erradicación han generado "tensiones y enfrentamientos" con las comunidades.  Por ejemplo, en Tumaco, el municipio con más cultivos de coca de Colombia, murieron siete campesinos cocaleros a finales de diciembre en un enfrentamiento con la fuerza pública. “El énfasis en la política antinarcóticos, con metas que privilegian la destrucción de cultivos y laboratorios, no ha estado acompasado con el restablecimiento de la presencia del Estado, la protección de las comunidades y la contención de las amenazas”, sostuvo.

La organización advierte que la sostenibilidad del proceso contra los narcocultivos entrará en 2018 “en una etapa de incertidumbre” por el cambio de gobierno, las condiciones de seguridad, las presiones de los grupos armados y la escasa articulación entre las entidades estatales.

En algunas zonas

El conflicto armado colombiano se intensificó en 2017 en algunas zonas del país pese a la firma del acuerdo de paz con las FARC por la acción de otros grupos ilegales, según se desprende del informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-2018.

“A pesar de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas de Colombia como consecuencia de los enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por la desmovilización de las FARC”, reza el informe de AI.

Específicamente, se menciona los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde en 2017 persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos.

 Entre esas violaciones mencionan homicidios selectivos de afrodescendientes e indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual e instalación de minas antipersona.

En su reporte, AI desgrana varios casos como la muerte de trece personas en un combate entre disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño (suroeste) o la presencia de grupos herederos del paramilitarismo en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Antioquia (noroeste).

Finalmente, subraya que los defensores de derechos humanos siguen siendo “víctimas de amenazas y homicidios”.

Saquean supermercados relacionados con la guerrilla

Las tiendas saqueadas de los supermercados Supercundi operan en Girardot, departamento de Cundinamarca, del que Bogotá es su capital; Saldaña, Melgar y El Guamo, en el Tolima

Varios locales de una cadena de supermercados que estaban en poder de testaferros de la desmovilizaba guerrilla de la FARC fueron saqueados esta semana en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, informó la Policía.

Las tiendas saqueadas de los supermercados Supercundi operan en Girardot, departamento de Cundinamarca, del que Bogotá es su capital; Saldaña, Melgar y El Guamo, en el Tolima.

El comandante operativo de la Policía Tolima, el coronel Luis Cubillos, dijo a periodistas que hubo "saqueos en los supermercados Supercundi y aglomeración general por parte de inescrupulosos que ingresaron a estos locales".

Sin embargo, aseguró que la situación está controlada y que los supermercados están vigilados por la Policía.

Las autoridades colombianas capturaron a tres presuntos testaferros de las FARC e incautaron bienes valuados en 650.000 millones de pesos (unos $us 230 millones), entre ellos 60 supermercados que no habían sido declarados por la exguerrilla tal y como se comprometió a hacerlo luego de la firma del acuerdo de paz.

En los saqueos la gente derribó las puertas y se llevaron electrodomésticos, víveres, alimentos, implementos de aseo, al igual que otros objetos de valor.

La situación más grave se registró en el municipio de Saldaña, en donde el gentío se llevó todo lo que encontró en el local.

En las redes sociales circulan fotos en las que se ven mercancías esparcidas por el suelo, así como estantes vacíos.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los supermercados, que al parecer sirvieron "como red de abastecimiento" para la guerrilla, "al tiempo que servían como fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas", vendían productos a precios muy por debajo del valor comercial.

El pasado 15 de agosto, la Misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno 135 folios con el listado de bienes y activos que decían tener las FARC, un compromiso pactado en el acuerdo de paz que firmaron las partes en noviembre de 2016.

Un mes después, el Gobierno recibió de las FARC cerca de 5.000 millones de pesos (unos $us 1,7 millones) para el fondo para reparar a las víctimas del conflicto armado.