SÉPTIMO DÍA

Por falta de estudios, Searpi no certificó la zona


El Concejo de Portachuelo solicitó datos, pero la oficina de cuencas pidió estudios. Al final, aprobaron el nuevo polígono sin esta certificación 

A la izquierda se ve el río Cuchi. A la derecha, la avenida de doble vía sobrepasa el barranco y la rotonda está en zona de inundación. La erosión de la zona va en aumento, tras talarse más de 1.300 hectáreas de bosque

14/05/2017

A unos 900 metros del río Güendá muere la última rotonda de la fase tres de La gran ciudad del Urubó. Cuatro kilómetros después de cruzar la banda, está la circunvalación de Portachuelo, cuyo Concejo Municipal pidió, el 30 de septiembre del año pasado, que el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), certifique si esas 3.243 hectáreas, que Edmundo Novillo, quería urbanizar eran aptas para asentamientos humanos. 

El 4 de octubre, Luis Ernesto Aguilera, director técnico del Searpi, remitió al Concejo portachueleño un informe del profesional experto en dirección de cuencas, Ervin Camargo, en el que solicitaba al órgano deliberante que remita los estudios especializados en el ámbito hidrológico e hidráulico para determinar riesgos de inundación, diseño de puentes dentro de la urbanización y de vinculación con Portachuelo y Colpa Bélgica sobre los ríos Ambaibal, Perotocito y Güendá, sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos para poder hacer un análisis de asentamiento humano en la zona. 

Ante la falta de estos informes, el Concejo devolvió el proyecto de aprobación del polígono hasta no contar con los informes de Searpi, la licencia ambiental, certificación de la Administradora de Bosques y Tierras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la homologación de la mancha urbana que incluya este polígono. 

Sin embargo, dos semanas más tarde, según la concejala Milixa Antelo, el Concejo aprobó por unanimidad el nuevo polígono. Ese día ella había habilitado a su suplente. Asegura que las observaciones no habían sido subsanadas. Hasta hoy, Portachuelo no cuenta con la ampliación de su radio urbano y, según la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asín, la urbanización no cuenta con licencia ambiental.

Rafael Marcelo Cabrera, docente e investigador, experto en gestión ambiental a través de sensores remotos, explica que es vital analizar los modelos de inundación de la zona y los acuíferos que hay para no contaminarlos. Un estudio suyo permitió demostrar que el acuífero del Urubó, hoy inmovilizado por la Gobernación, comenzó a llenarse de urbanizaciones a partir de 2011. En su opinión, esta zona de recarga llega hasta el río y no se corta un par de kilómetros antes, como indica el modelo de la Gobernación.

En la zona
Imágenes tomadas con ayuda de un dron permiten mostrar que las zonas urbanizadas por Novillo se acercan a las riberas del río Cuchi y Ambaibal. Había clientes inspeccionando terrenos en zonas de bajío, que aún mantenían agua del último rebalse. Además, las avenidas y rotondas sobrepasaban el barranco natural.

Sin embargo, Sandra Muñoz, alcaldesa de Colpa Bélgica, aseguró que el proyecto Gran Ciudad del Urubó cuenta con todos los estudios de aguas residuales y tratamiento de residuos sólidos. Adelantó que se piensa construir dos puentes, uno que lo vincule con Portachuelo, a través del Güendá, y otro con la ciudad de Santa Cruz, a través de la zona de Valle Sánchez. Eso le permitirá a Novillo unir esta zona con el Parque Industrial Latinoamericano y con su otro proyecto inmobiliario, la Nueva Santa Cruz. 
Según un documento conseguido por la concejala Antelo, el INRA envió la documentación que verifica que Novillo sí pidió permisos de desmonte en estas 3.243 hectáreas. Según el reporte, se trataba de tres estancias, Hacienda Novillo, en la que deforestó 1.017 hectáreas, La Florida, donde cayeron 74 hectáreas de árboles, y Tierra de Gosen, donde se limpiaron 230 hectáreas. Aún se pueden ver los cúmulos de árboles que se secan en la zona.

Entre los censos de 2001 y 2012, Portachuelo solo aumentó 1.400 habitantes, llegando a registrar 17.885 personas, con una tasa de crecimiento del 0,8% anual. Sus pobladores urbanos se acomodan en las 900 hectáreas de la capital provincial de Sara y dos comunidades más. 

“Al no contar esta urbanización con una licencia ambiental al momento de ser construida, nada nos asegura que no existan daños irreversibles a  nuestro ecosistema”, dice Antelo. Su colega Wilder Chura aseguró que él, en noviembre pasado, solo aprobó el uso de suelo, no la urbanización en Portachuelo. Anunció que el Concejo en pleno se reunirá con sus asesores para analizar la situación y los pasos a seguir.  



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