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Nueva ley de la coca: paz y dinero a cambio de un gran riesgo social


Se separa la producción de coca de la persecución del narcotráfico. Se legalizan 7.700 hectáreas de Chapare y se autoriza a Yungas producir 2.000 hectáreas más. El Gobierno dice que los controles funcionarán, pero los críticos advierten sobre las consecuencias

El acopio de la ‘hoja sagrada’ los galpones de Chapare se llenan y se vacían durante el fin de semana. Uno de los asuntos pendientes es un manejo sanitario adecuado de las hojas de coca. Foto: Archivo

05/03/2017

Tras casi 30 años de vigencia, la Ley 1.008 ya no será el instrumento legal con el que el Estado boliviano controlará la producción de coca. Después de 10 años de anunciar su intención de elevar la cantidad de hectáreas legales de “la hoja sagrada” de 12.000 a 20.000, el presidente Evo Morales podrá en los próximos días promulgar la ley general de la coca, un instrumento legal que amplía la superficie legal de 12.000 a 22.000 hectáreas y legaliza todos los catos de Chapare, donde hasta ahora la coca era un cultivo “en transición a ser erradicado”. 


La lucha para evitarlo parió un presidente que lleva 11 años en el poder y también dirigentes como Leonilda Zurita, que ahora dice que la Ley 1.008 fue un instrumento para acribillar cocaleros, que está satisfecha y feliz con la nueva ley, que costó sangre, persecución a dirigentes campesinos y maltrato a las Fuerzas Armadas de Bolivia, que tenían que ponerse a órdenes de militares estadounidenses en la época de la “guerra de baja intensidad” que se libró en Chapare entre 1988 y 2006.


Para Fernando Salazar, doctor en Sociología, catedrático de la Universidad San Simón y autor de cuatro libros sobre el movimiento cocalero, lo positivo de esta ley es que sienta las bases para una paz duradera en Chapare, más allá de que el MAS esté en el Gobierno o no. Recuerda que allí murieron 400 personas y más de 4.000 quedaron heridas por balas de guerra.


También cree que es una oportunidad para crear instrumentos de control eficaces, un reglamento que se pueda cumplir y una fase de prosperidad en la que la hoja de coca, en el mercado legal, puede generar un movimiento económico de $us 500 millones, casi equivalente al monocultivo de la soya en Santa Cruz. Y todo eso sin caer en el circuito de la cocaína.


Según los datos del último informe de Naciones Unidas, el valor potencial de las 32.500 toneladas de hoja seca producidas en el país, a un costo prome-
dio de 9,4 dólares el kilo, superaba los $us 300 millones. 

Concordancia
Para la senadora oficialista Adriana Salvatierra, la ley general de coca hará que el entramado legal del país esté en concordancia con la política exterior boliviana, que hace unos años consiguió que la Convención de Estupefacientes de Ginebra retirara a la coca de su lista y despenalizara el acullico. Para ella, separarla de la ley específica para luchar contra el narcotráfico era necesario. 


Salvatierra cree que hay una especie de campaña comunicacional orientada a hacer creer a la población que habrá una sobreproducción de hojas de coca orientada al narcotráfico y que esta es una política oficial. Asegura que, pese a que el Estudio de Mercado de la Coca cifró en 2013 que con poco más de 14.700 hectáreas se podría atender la demanda legal de la coca, las 22.000 legalizadas son un techo y no necesariamente deben sembrarse. 
Actualmente, según el informe de 2016 de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Bolivia tiene 20.200 hectáreas de hoja de coca. Sin embargo, el Gobierno estadounidense calcula mucho más, 36.500 según el informe difundido esta semana.

Salazar le cree más al informe de la Casa Blanca. Critica que la mayor parte del informe de Naciones Unidas es pagado por el Estado, que muchas de sus cifras de interdicción son copiadas de los informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico sin que medien auditorías y que algunos de sus informes de erradicación no están contrastados. Para Salvatierra, es poco responsable cuestionar un trabajo hecho por Naciones Unidas.


Salazar amplía su crítica. Cree que a cambio de un auge económico en el circuito cocalero, el resto de los bolivianos tendrá que pagar la factura de los riesgos que atrae la coca excedentaria, su desvío al narcotráfico. Pese a los éxitos esgrimidos por el Gobierno en la interdicción de cocaína, Salazar objeta que Bolivia se ha consolidado como un productor de estupefacientes y tránsito de la pasta base producida en Perú y que el año pasado no hubo colegio en Cochabamba que haya estado completamente libre de droga. Según Naciones Unidas, solo el 7% de la producción de coca de Chapare pasa por el mercado de Sacaba. No explica dónde va el resto. Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, parte de estas hojas pueden terminar en Santa Cruz, que consume el 37% de la coca legal, cinco veces más que La Paz, pese a que su población es similar. 


Leonilda Zurita no está de acuerdo con que el 93% de la producción de sus compañeros chapareños se vaya a mercados ilegales. Asegura que Naciones Unidas se equivoca y que los que luchan contra el narcotráfico son los sindicatos, que hacen control social. Recordó que durante el Gobierno de Hugo Banzer, un instructor del grupo Antiterrorista, Marino Diodato, fue ligado con el narcotráfico. Cuando se le consultó si Chapare era un territorio libre de producción de cocaína, Zurita prefirió que esas preguntas se las realizaran a las autoridades que luchan contra este delito. “¿Acaso soy militar?”, preguntó.


Para Franklin Alcaraz, director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), está claro que habrá excedentes de producción de hoja de coca y lo que hay que preguntarse es hacia dónde irá ese excedente. “La comunidad internacional también debe estar haciéndose esta pregunta”, dijo.
Para el investigador, si se toman este tipo de decisiones de manera política, es probable que se esté alimentando otro tipo de negocio. 

Controles
Para Salazar está claro que se deben hacer estudios independientes sobre la coca, uno en el que no participe el Gobierno como financiador y que arroje resultados que se puedan debatir en una nueva ley. Cree que hay que actualizar los estimados de producción potencial tanto de hoja seca como de cocaína (este no se actualiza desde 2008), porque los métodos de siembra y elaboración de droga han cambiado, se han vuelto más eficientes. 


Para Salvatierra, los controles están en la ley y serán desarrollados en el reglamento. Explica que ahora se le da mayores atribuciones al Ministeriod de Desarrollo Rural, que de forma conjunta con el Ministerio de Gobierno establecerán rutas y controles para el transporte y comercialización de la hoja de coca, lo que exigirá una mayor inversión del Estado. 


Al igual que Zurita, Salvatierra cree que el Estado boliviano debe apostar con fuerza a la industrialización para fines lícitos de la coca y a su exportación. Zurita dice que las pruebas que han hecho con la planta de Villa Tunari han tenido buena aceptación en ferias. Sin embargo, esto aún está en pañales. Según los informes de la ONU, en 2015, solo se destinaron 27,5 toneladas a este fin  



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