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Las dos salidas jurídicas apuntan a la libertad de los nueve bolivianos


El objetivo principal es lograr el dictamen absolutorio de parte del juzgado de Pozo Almonte a favor de los nueve funcionarios bolivianos, aunque ya se iniciaron los trámites para agilizar una posible expulsión. Todo indica que saldrán libres el 20 de junio 

Los bolivianos cuando fueron detenidos por Carabineros en Chile

18/06/2017

El drama terminará tras 94 días de encierro. Cualquiera de las dos salidas jurídicas que se dictará el martes 20 de junio en la audiencia que revisará la situación legal de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en el penal de Alto Hospicio, en Chile, anulará la privación de libertad de los connacionales. La defensa busca el recurso absolutorio de la pena, pero a la vez se hicieron los trámites en caso de que los servidores sean expulsados de Chile. Con cualquiera de los dos dictámenes, los acusados retornarán a Bolivia.    

La defensa adelanta trámites administrativos ante la Policía de Investigaciones de Chile, la Gendarmería chilena y la Intendencia Regional de Tarapacá. Este proceso avanzó en caso de que los nueve funcionarios bolivianos, que fueron detenidos en la frontera el 19 de marzo y que están en el penal de Alto Hospicio, sean condenados con la sentencia mínima y, posteriormente, expulsados del territorio vecino. Aunque ese caso no es el objetivo, es parte del esquema. La idea es que el Juzgado de Letras y Garantías de Pozo Almonte dicte el martes 20 la resolución absolutoria y los funcionarios bolivianos puedan retornar al país cuando ellos quieran y por la frontera que ellos elijan. 

El abogado chileno Claudio Vila, que es la defensa principal del equipo boliviano, explicó las dos salidas de este caso. Recalcó que no hay probabilidades de que los funcionarios sigan presos; el objetivo es que luego de la audiencia retornen a Bolivia. 

“O son absueltos o expulsados con una condena. Este proceso implica que podemos pelear por la absolución del proceso, pero obviamente la Fiscalía justificará su tesis. Hicimos todo un trabajo en el que ellos no reconocen ni reconocerán culpa, ni siquiera reconocer que cruzaron la frontera”, destacó Vila. 
 
Trámites hechos
El abogado adelantó los trámites y no deja a un lado la documentación para que los servidores no recaigan en el penal de Alto Hospicio después de la audiencia. “Estamos viendo los mecanismos necesarios para que los funcionarios no retornen al penal”, resaltó.   
Esta posibilidad será ejecutada en caso de que la audiencia dure más allá de las 18:00 (hora chilena), probabilidad que es manejada debido a que el juzgado puede dictar un cuarto intermedio para conocer las pruebas de la defensa boliviana, que implica más de una decena de archivos presentados.

Vila insiste en que los funcionarios no se inculparán de los tres delitos que se los acusa, robo, contrabando y portación ilegal de armas, ni admitirán haber cruzado la frontera hacia territorio chileno. “En Chile el juicio abreviado es un proceso que permite adelantar el termino del proceso, que tiene dos proceso: la investigación y el juicio”, muestra Vila. 
Su colega Manuel Choque, también chileno, detalla que en el juicio abreviado se discutirá la veracidad de lo sustentado por la Fiscalía y se aceptará las pruebas de la defensa. 

No hay culpas
“Reconocemos los hechos, pero no la calificación jurídica que le da el fiscal. El Ministerio Público dice que estos hechos son robos; decimos que estos hechos son producto de un decomiso a un camión de contrabando, que es la función pública”, relató Choque. La Fiscalía de Pozo Almonte, sostiene su acusación; no obstante, dejó en manos del juzgado la decisión final. 

La parte investigadora, según una fuente de la Fiscalía de Pozo Almonte, dio un paso atrás para dejar que el juzgado de garantías absuelva de los delitos a los nueve funcionarios. Aunque esa versión no la pudo sustentar el fiscal Hardy Torres, que prefirió no emitir declaraciones hasta después de la sentencia, pero reconoció que el proceso abreviado fue lanzado desde su cancha. 

Los nueve detenidos esperan el final de su drama en el penal de Alto Hospicio. Vivieron días difíciles y saben que este 20 de junio habrá una salida positiva. Sus familiares están conscientes de que regresarán a Bolivia y se alinean en el esquema de que no reconocerán culpa alguna. 

El martes hubo un partido de fútbol en la cárcel de Alto Hospicio. Los bolivianos no participaron, no los quisieron en la cancha porque existen reglas que cumplir. Ellos no hablarán hasta luego de la audiencia porque no quieren dañar la estrategia, pero también porque tienen vigilancia.   

Se evitó un proceso abreviado porque la defensa boliviana no podía apelar el pedido de absolución

El proceso de juicio abreviado podía ser adoptado desde un inicio por la defensa boliviana. No se hizo desde un principio porque en la primera instancia del juicio impedía la pelea de la absolución.  
El abogado chileno Claudio Vila, cabeza de la defensa boliviana, detalló que se pudo haber pedido el recurso de proceso abreviado en un inicio del caso, es decir, el mismo 22 de marzo, día en que los nueve funcionarios recibieron la detención preventiva por parte del juzgado de garantías de Pozo Almonte. 

“Podíamos haber ido para aceptar la condena, nada más, como ocurre en el 95% de los casos de juicios abreviados en Chile. Esto porque la Fiscalía tiene una práctica de ofrecer un juicio abreviado para poner término al proceso, pero lo malo es que no teníamos derecho a la absolución”, explicó el abogado Vila. 
En este caso, la defensa boliviana presentó pruebas técnicas y testificales para sustentar su posición. En lo probatorio demostró que los servidores luchaban contra el contrabando en la frontera y que emplearon fuerza humana para decomisar la mercadería de motorizados que ingresaban a Bolivia por vías ilegales. 

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, detalló que existen 112 rutas clandestinas en la frontera con Bolivia. Anunció la creación de puestos militares en cada 30 kilómetros en los límites. Además, la autoridad vincula a la localidad de Sabaya, en el departamento de Oruro, como un caso “emblemático” del contrabando.

En estos 93 días, la defensa boliviana recolectó pruebas para demostrar que los nueve bolivianos estaban luchando contra el contrabando. Se logró acumular las instrucciones que recibieron los dos militares y los siete servidores de la Aduana boliviana, pero también las últimas llamadas que realizaron los efectivos a sus jefes superiores. 

​​​​​​​Vila recalca que asumir el proceso abreviado en un inicio del caso implicaba aceptar la expulsión sin poder luchar por la absolución, ya que la Fiscalía en Chile propone el recurso con el objetivo de adelantar el dictamen. Así, la defensa decidió ir por los recursos de amparo constitucional.   
 



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