7º DÍA

La Uagrm y los conflictos sociales


La universidad estatal cruceña ha recibido críticas por su rol en el debate político actual. Ese es el contexto en el que el vicerrector da a conocer cómo se ha involucrado esta institución en la coyuntura de este momento


28/01/2018

Nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es el principal proyecto de educación superior universitario, cultural y social del país. Nos hemos constituido en la Institución pública con mayor crecimiento, calidad académica, solidez institucional y la que más ha asimilado en su enseñanza las innovaciones tecnológicas que exige el mundo moderno. En nuestra universidad se proyecta el talento e ingenio, la conciencia crítica, propositiva y garantía de justicia social y de respeto de los valores más excelsos de la humanidad. 

Por eso, en esta oportunidad, quiero hacer énfasis, en la participación activa de la Uagrm al ser el estandarte de ideas y propuestas de solución que, hemos lanzado como institución pública académica sobre los actuales conflictos socio-políticos que atingen a la sociedad boliviana y, en este caso determinado, sobre el nuevo Código del Sistema Penal que ha generado confrontación en el ámbito nacional. 

Las autoridades universitarias: rector, vicerrector, FUP, Carrera de Medicina, Odontología, FUL y centros Internos de todas las demás carreras hemos sido críticos, pero también hemos hecho propuestas académicas serias de solución sin que por ello se nos tilde de inmiscuirnos en la arena política. Nosotros propusimos un foro debate para que se analice con sensatez y cordura jurídica lo que está bien y qué articulados desechar por atentatorios a las garantías constitucionales. 

Aun con todas nuestras limitaciones que tenemos en la actualidad, máxime si se toma en cuenta el 70% del recorte presupuestario de los recursos del IDH, seguimos trabajando en beneficio de la comunidad, creando nuevas carreras virtuales por ejemplo en Derecho, Auditoría Financiera, Informática y Ciencias de la Educación, para que las personas de más escasos recursos logren profesionalizarse y mejoren sus condiciones de vida; lo hacemos con tesón y orgullo de ser la mejor universidad del país que cuenta con más de 100.000 estudiantes. 

Los que proponen proyectos de ley según lo expresa el artículo 162 de la CPE son los ciudadanos, los diputados y senadores en cada una de sus Cámaras, el Órgano Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia y los gobiernos autónomos de las entidades territoriales.

El error de nuestros asambleístas fue no convocar a los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del sistema público y especialistas en la materia: penalistas, criminólogos, penólogos (9 jueces penales y 9 fiscales de distrito) sociólogos, psicólogos, policía, etc. para previamente deliberar y obtener mayores juicios de valor jurídico-social sobre la ley a crearse, más aun por ser de aplicación en el contexto nacional. Una ley debe nacer por una necesidad social generalizada y no sectaria, para que nadie se sienta afectado posteriormente, porque si no, se produce confrontación innecesaria donde todos quieren “llevar agua a su molino”. 

Nosotros como universidad, estamos preocupados en la mejora de la calidad académica de nuestros estudiantes como futuros profesionales. Los bolivianos, debemos tener racionalidad y pensar que las batallas callejeras son sinónimo de odio y venganza, y que esto culmina en regionalismo y muerte. La razón abre el entendimiento y consenso para solucionar los diversos conflictos sociales  que emergen de nuestra realidad e idiosincrasia. Por eso, considero que no se puede coexistir con confrontación. Tenemos que cambiar de actitud y, sólo la voluntad, el diálogo y acuerdo entre todos los sectores dará solución a las diferencias. De esa forma, se logra estabilidad social y crecimiento económico para bienestar de la población.

Debemos ser capaces de absorber las tensiones y solucionar cualquier conflicto para evitar estallidos sociales. Las políticas públicas son para encauzar equilibrio social y no para adormecer la esperanza de una sociedad más justa y solidaria, con honradez plena y estricto apego a la ley.
Tenemos que tener el espacio necesario y las garantías suficientes para trabajar y dejar trabajar con más condiciones de libertad y, dentro del marco de la legalidad. Hay que desmontar las escaramuzas y arremetidas a mansalva para plasmar fraternidad, bienestar colectivo y consenso entre los bolivianos.