La Fiscalía, entre denuncias de servilismo y corrupción

La arremetida es de ambas partes. El trabajo de la Fiscalía General no satisface al aparato político a tres meses de la salida de Ramiro Guerrero. La oposición y plataformas ciudadanas ven un trabajo servil en defensa a dirigentes y grupos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Y al frente, en el oficialismo, dicen lo contrario. Se defienden con el argumento de que el Ministerio Público investigó a sus militantes hasta procesarlos y encarcelarlos. La Fiscalía alaba su accionar y descarta injerencia política. Expertos cuestionan la función que cumplió la Fiscalía y reprochan que no se haya erradicado la corrupción en la institución investigadora.  

Se inició el proceso para elegir al nuevo fiscal general y no siempre el que tenga más puntaje será el elegido. En octubre culmina la gestión de Guerrero y en la Asamblea Legislativa Plurinacional está la propuesta para la selección de la nueva autoridad. La idea, según el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, es crear una comisión especial que se haga cargo de la selección y elección. 

“La comisión que se conformará deberá evaluar si cada candidato se rige al principio de legalidad, es decir, si cumple el reglamento, pero será la Asamblea la que evalúe los aspectos de carácter ético. No el que tenga más puntos necesariamente va a ser elegido”, detalla Cárdenas. 

La gestión de Guerrero recibe diversas percepciones. La oposición ve un trabajo del Ministerio Público que se inclina a favor del oficialismo. Pero también ponen en la mesa el tema de la corrupción, delito que conquistó a varios fiscales. El senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata (UD), considera que Guerrero “fue el peor fiscal general en los últimos 25 años”. El opositor dice que en su bancada se hará un trabajo de evaluación para publicar los puntos en contra del fiscal general. 

“Es el fiscal general más político que hemos tenido en la historia del Ministerio Público y muy eficiente para el Gobierno central. Hay que evitar que uno de similares intenciones sea elegido a futuro”, destaca Rodríguez. 

Su correligionario en Diputados, Wilson Santamaría, quien es jefe de bancada de UD en la Cámara Baja, recuerda que Guerrero fue representante del MAS en la Constituyente y que fue designado por el  presidente Evo Morales magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia.

“Hemos tenido un Ministerio Público a la orden del Órgano Ejecutivo, de alguien que ha sido constituyente del MAS, militante y al servicio del MAS, esta lección nos tiene que dejar establecido que lo que queremos es todo lo contrario en este proceso de selección”, remarca Santamaría.   

La defensa de la Fiscalía
La defensa del Ministerio Público sale a través del fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, quien niega vínculos políticos en el trabajo de la Fiscalía y detalla los avances que tuvo la institución al frente de Guerrero. 

“Siempre se mantuvo un perfil totalmente independiente, se actuó en base al principio de independencia que tiene el Ministerio Público, tanto en su parte administrativa como en la parte funcional. Por eso nuestra máxima autoridad (Guerrero) instruyó que no se debe permitir ningún tipo de injerencia en la tramitación de los procesos, pero a pesar de ello es una lucha constante, porque siempre hay intereses de un lado y otro y muchas veces quieren medir fuerzas políticas”, dice Larrea. 

El fiscal departamental destaca que la gestión de Guerrero llevó adelante “muchos cambios” en la estructura del Ministerio Público que favorecen a la población. “Se cambió el chip porque hay un nuevo modelo de gestión (...) otro cambio es que se cerraron varios casos  y se disminuyó la carga procesal”, remarca Larrea. 

En el MAS la postura es más tibia. La gestión de Guerrero recibe respaldos, pero también hay cuestionantes. El diputado Elmer Callejas admite que el fiscal general tuvo un accionar político en su desempeño. “Al margen de lo político, es una Fiscalía con mayores resultados que las anteriores de acuerdo a los casos más importantes del país”, dice. 

No lo cree así la senadora Nélida Sifuentes, quien ve deficiencias en el trabajo de algunos fiscales que cayeron en corrupción. Apunta al caso de Juan Pari Mamani, principal acusado en el desfalco de 37 millones de bolivianos al Banco Unión, quien implicó al exfiscal Erlán Almanza de conformar una presunta red de extorsión en este proceso. 

“Existen algunos fiscales que fueron implicados en temas de corrupción en diversos casos y solo algunos fueron apartados. El tema de la corrupción daña a toda la institución y creo que ese fue el principal error en esta gestión”, remarca Sifuentes.   

La legisladora oficialista descarta que haya una vinculación política con la Fiscalía y pone como ejemplos los casos de las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos, quienes fueron investigadas y encarceladas en el caso del Fondo Indígena. Pero también señala que hay alcaldes masistas con detención preventiva a petición de la Fiscalía. 

“La oposición no puede hablar de injerencia política en los casos que llevó adelante la Fiscalía. Hay ejemplos que afectan al MAS, hay dirigentes del MAS en la cárcel, entonces por qué están en la cárcel si supuestamente hay injerencia”, considera Sifuentes. 

El senador opositor Yerko Núñez pone en el tapete los casos donde la Fiscalía supuestamente favoreció al oficialismo. Dice que él presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el vicepresidente Álvaro García por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión.

“Como primera prueba es que García Linera presentó, para habilitarse como candidato,  una cédula de identidad y una libreta de servicio militar en las que figura como licenciado en matemáticas, cuando públicamente admitió que no es titulado. Hasta ahora no sabemos si la Fiscalía actuó o no, ahí vemos un aparato servil al MAS”, denuncia Núñez. 

Mientras que su colega Arturo Murillo denuncia que sufrió “persecución judicial” por hacer pública la vinculación familiar de García Linera con negocios en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). “Luego de esa denuncia aparece la persecución judicial por el tema de supuesta falsificación de libreta militar. Ahí actuó rápido la Fiscalía, pero en otros casos no pasa nada”, dice. 

El MAS saca la cara
En el oficialismo ven exageraciones en las quejas de la oposición. El diputado Víctor Borda considera que los opositores utilizan los casos de la Fiscalía para denunciar persecución política. “Parece irracional que ante cualquier cosa digan persecución política. Tiene que responder ante la justicia”, remarca el asambleísta. 

Borda añade que el Ministerio Público tuvo deficiencias en el tema de corrupción por diversas denuncias que vinculaban a los fiscales en diferentes casos. “Creo que ese fue el mayor defecto de esta gestión. No corregir de raíz las acciones corruptas de algunos fiscales, no de todos”, apunta. 

El análisis del exfiscal Milton Mendoza considera que en la actualidad existe un Ministerio Público “perverso” y un “trasfondo político” en sus acciones. “Yo formé parte de cinco procesos de responsabilidades a altos dignatarios de Estado. No tendremos otros juicios durante estos 30 años (...) porque hay un Ministerio Público perverso”, recalca. 

Mientras, el analista político 
Carlos Börth cree que la Fiscalía actúa según la directriz que diseña el Gobierno. Recuerda que fue acusado por el Ministerio Público por conducta antieconómica por supuesto exceso de llamadas cuando era senador.

“Vemos que la Fiscalía actúa rápido en casos que favorecen al MAS. Eso pasó con el alcalde de Cochabamba, José María Leyes. Hay otros casos archivados”, remarca. 

En 2017 se cerraron 169.432 casos en el Ministerio Público

Chuquisaca es la región donde más procesos rezagados se resolvieron. La Fiscalía General señala seis juicios de responsabilidades como los procesos más destacados entre 2012 y 2017. 

Los datos de la Fiscalía son alentadores dentro del nuevo modelo de gestión. En la gestión 2017 se cerraron 169.432 casos, entre procesos instalados en esa gestión y rezagados. Según documentación enviada por el Ministerio Público, el año pasado se logró el 133,97% de capacidad resolutiva. 

El fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, destaca que en el nuevo modelo de gestión, interpuesto por el fiscal general, Ramiro Guerrero, se logró cerrar casos rezagados, lo que permitió la disminución de la carga procesal. 

“Son logros importantes que se dan por primera vez en la historia de la Fiscalía. Ahora hay mejores resultados, se cerraron varios casos, por ejemplo, solo en 2017 se resolvieron 169.432 procesos a nivel nacional. En esta gestión se trabaja de la misma forma con la intención de disminuir la carga procesal que existe”, destaca Larrea. 

En 2017 ingresaron 126.484 casos; sin embargo, se resolvieron 169.432, esto debido a que se terminaron los procesos que estaban rezagados de otros años. Cuando Ramiro Guerrero, actual fiscal general, ingresó en 2012 al Ministerio Público, solo se cerraron 36.719 de 71.852 ingresados. 

Dentro del plan de descongestionamiento procesal, en la gestión pasada se avanzó un 39,16%. Se cerraron 105.769 procesos en espera de 270.102 que existen. Chuquisaca es el departamento donde más se avanzó en este propósito: se cerraron 5.964 casos de 10.153 rezagados. En cambio, el departamento de Santa Cruz es la región donde menos se avanzó. Solo 23.111 procesos en espera se cerraron de 86.959 que estaban atrasados. 

La Fiscalía General, según su Rendición de Cuentas enviada a este medio, destaca seis casos emblemáticos que fueron resueltos mediante juicios de responsabilidades. El denominado ‘octubre negro’, el caso de los misiles chinos, de los petrocontratos, de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), el proceso UCP-FOCAS y, por último, el caso Orbisat y Reforma Educativa.   

Además, el Ministerio Público señala que el delito más frecuente en 2017 fue el de violencia familiar, con 32.820 casos registrados. 

Los casos sonados y fiscales excluidos

1.- El caso Gabriela Zapata fue uno de los más mediáticos en este último tiempo. En este proceso, el Ministerio Público presentó 23 testigos y 98 pruebas documentales que probaron las ventajas que obtuvo con el uso de un certificado de nacimiento del supuesto hijo del presidente Evo Morales.

2.- Otro caso notable fue el de Juan Pari Mamani, acusado de desfalco al Banco Unión. La Fiscalía decomisó 50 inmuebles del detenido hoy en el penal de Chonchocoro. 

3.- Por el caso Juan Pari se desvinculó y se le inició un juicio al exfiscal Erlán Almanza, quien fue acusado de recibir 5.000 dólares de coimas. Hay otros casos similares como el de Ángelo Saravia.