José Antonio Revilla:“Los problemas no los podrá resolver esta magistratura”

Un día de José Antonio Revilla se enfoca en intentar resolver la crisis por la que atraviesa la justicia boliviana. El abogado chuquisaqueño, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es consciente de que en esta magistratura no logrará la tan ansiada reforma judicial, pero promete que tomará medidas para allanar el camino para que las futuras autoridades de la justicia logren ese anhelo. El jurista tiene muchos desafíos y entre ellos pide triplicar la cantidad de juzgados en Bolivia y cambiar la mentalidad y formación ética de abogados y jueces. Sobre sus declaraciones contra la prensa, prefiere no hablar. Es un tema cerrado, dice.

 ¿Quién es José Antonio Revilla Martínez?

Soy abogado, profesor en Filosofía y Psicología. Ejercí funciones en el ámbito judicial desde auxiliar, abogado, juez instructor, juez de partido, vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, presidente de ese tribunal y últimamente, a raíz del proceso eleccionario, soy magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Chuquisaca. Desde temprana edad estoy en ejercicio en el ámbito judicial y simplemente tenemos la vocación de hacer algo por el sistema judicial, que ahora está tan cuestionado.

 ¿Es difícil esa tarea?

Siempre ha sido difícil y ahora resulta ser un poco más difícil por cuanto hay mayor carga procesal, mayor densidad de población, tenemos más materias que ser atendidas y, sobre todo, tenemos un índice bastante alto de judicialización de determinadas controversias que antes no se daban, fundamentalmente me refiero a la Ley 348 y otros aspectos colaterales en los cuales se presenta una dificultad por la cobertura del sistema judicial, que es absolutamente insuficiente. Hemos hecho referencia a más de 132.000 causas para simplemente 1.004 jueces que tenemos actualmente y en materia penal, con relación a la actuación del Ministerio Público, hay más de 504 fiscales. Esta tarea es demasiado dificultosa por la nueva visión que se quiere encarar a través del Tribunal Supremo de Justicia y eso supone un cambio de mentalidad en los operadores de justicia, pero también en los abogados y litigantes. A los abogados demandamos profesionalidad, objetividad en el sentido profesional, vale decir que su controversia no siempre tenga que llegar a tribunales cuando fácilmente, a través del mecanismo de conciliación, se puede salvar. Pero hay alguna mentalidad de los abogados, que piensan que cualquier controversia debe ser llevada a los tribunales. Y con relación a los litigantes, simplemente piensan que los problemas que ellos mismos pueden resolver amigablemente también deben concurrir a tribunales. Sobre los jueces esperamos una actitud, la mayoría de nuestros jueces tienen absoluta profesionalidad, pero hay algunos jueces que no actúan tan profesionalmente por casos aislados.

 ¿Cómo erradicar esos problemas?

Con un cambio de mentalidad. Es un problema muy complejo, no es un problema del Órgano Judicial, no es un problema de jueces, no es un problema de abogados, no es un problema de litigantes, de cobertura judicial, de falta de presupuesto, de acceso a la justicia, de amontonamiento de causas, de falta de resoluciones, de implementación de medios informáticos que hagan más rápida la información. Es un todo que debe ser encarado del modo más adecuado posible y en esa tarea estamos en este primer año de gestión.

¿José Antonio Revilla tuvo alguna denuncia o tiene una carrera limpia?

Nos hemos formado en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, pero también somos estudiantes de la Escuela Normal Integrada Mariscal Sucre, hemos estudiado simultáneamente las carreras de Derecho y de Filosofía, y por razones personales nos hemos dedicado íntegramente a la labor judicial. La profesión de abogado la ejercí muy poco. Siempre fui ético porque no aceptaba causas por el mero hecho de ir a tribunales. Por la vocación que tenemos volví al Órgano Judicial y me dediqué solo a este trabajo. Es bastante fácil tener una trayectoria limpia porque solo significa que uno debe hacer lo correcto y lo que uno considera lo debido, aunque uno se puede equivocar en ese camino.

¿Cómo cambiar el estigma que tiene la población en cuanto a la justicia?

Hay que dividir. Cuando se habla de justicia se involucran muchos sistemas, que si bien se relacionan con el sistema judicial no son estrictamente labor judicial. Por ejemplo, la mayoría de las quejas fundamentalmente hacen referencia al primer contacto que tienen en materia penal. El primer contacto que tiene el litigante o el usuario del servicio de justicia en materia penal es con la Policía y consiguientemente la Policía a veces no es suficientemente técnica, no tiene la cobertura necesaria, lo mismo del Ministerio Público y la opinión, con relación a otras instituciones, se ve plasmada hacia el sistema de justicia. Por otra parte, la justicia es absolutamente criticada, hay críticas absolutamente infundadas si tomamos elementos de retardación, por supuesto que debemos reconocer que hay una demora para la resolución de procesos por la cobertura judicial. Imagínese, son 1.004 jueces para 132.000 causas. Eso significa que hay una disfuncionalidad social en nuestro Estado, ya que el 6,5% está en proceso judicial de una u otra manera. Lo ideal sería el sistema alternativo de resolución de conflictos y que los procesos duren un plazo razonable. Nuestra primera tarea fue impulsar la creación de juzgados, porque también la cobertura judicial es un problema.

¿Se necesita más presupuesto para la justicia?

Siempre se necesitará más presupuesto. Idealmente se habló de que el Tesoro General de la Nación (TGN) asigne un porcentaje fijo al Órgano Judicial, se hablaba del 5% en debates dentro del Órgano Judicial. Necesitamos triplicar el número de los juzgados para que los procesos sean razonablemente llevados a cabo en los plazos correspondientes. Esa triplicación es imposible que el TGN la pueda dar. Falta infraestructura, eso es cierto, solamente mire si las casas de justicia en provincias están en condiciones, siempre habrá ese problema si no hay la atención correspondiente, tanto del Órgano Ejecutivo como en el caso nuestro se pueden dar recursos eliminando funciones innecesarias. En cualquier institución siempre el presupuesto no será el óptimo, se requiere una gran inyección de recursos, y precisamente no se puede hacer esto porque estamos ante la presencia de una institución que presta un servicio judicial no rentable y al prestar un servicio judicial no rentable, obviamente la asignación presupuestaria no es la más óptima, no es la más adecuada.

¿Cómo recibe esas voces políticas que cuestionan su labor en el TSJ?

Vemos desde afuera y vemos desde adentro. El problema es que, como en cualquier Estado, hay pugnas políticas correspondientes. Esas pugnas políticas deberían ser resueltas en el ámbito político, pero a veces determinadas personas involucradas en la política se ven en cierto modo involucradas en procesos judiciales y ahí la actividad política con relación a la presunta comisión de delitos de determinados políticos de cualquier nivel significa la contaminación del órgano jurisdiccional; entonces, ya no se ve el caso concreto desde la óptica jurisdiccional, sino que se ve desde la política. Y debe haber una solución y al estar involucrado con accidentes políticos, siempre esa decisión parecería que tiene connotaciones políticas. También se hace referencia desde afuera que el Órgano Judicial, desde hace mucho tiempo, es un instrumento de persecución política. Nosotros entendemos que perseguir políticamente es perseguir por lo que piensa, que piensa diferente al sistema gubernamental dominante, por decirlo de esa manera. En nuestro caso entendemos que hay personas involucradas en procesos judiciales no por lo que piensan, sino por actos concretos que se les imputa. Todo esto requiere demasiada madurez para separar lo político del ámbito netamente jurisdiccional.

¿Cree que la retardación de justicia es el cáncer del sistema judicial?

El tema es complejo, no podemos atribuirlo a un solo elemento, debemos atribuirlo a muchos, desde la falta de formación ética de los abogados hasta la falta de contextura ética de los litigantes. Le pongo un simple ejemplo, usted se presta dinero y no paga, lo lógico es que lo van a demandar, eso es lo lógico, y si en el proceso no puede arreglar ese problema por falta de capacidad económica o por atrincheramiento de determinados abogados que sobrestiman las expectativas de los litigantes, se llegará al procedimiento de remate de sus bienes, se verá privado de sus bienes no por actividad o por arbitrariedad del Órgano Judicial, sino por la actividad propia de una persona. Ese descontento del litigante, porque algunos dicen ‘tal juez me botó a la calle, tal juez me quitó la casa’. Los abogados tienen una posición desde la universidad, ahí también hay un elemento en la formación académica, simplemente se les enseña a litigar cuando se pueden hacer otras cosas, se les enseña a hacer demandas, pero no se les enseña a conciliar y es un deber deontológico que está establecido en la ley de la abogacía, que dice que el abogado debe acudir al mecanismo jurisdiccional una vez agotados todos los mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Varios abogados egresan y rápidamente ingresan a un mercado laboral extremadamente pequeño y de ahí hay un lindero fácilmente pasable.

 ¿Y el trabajo de los jueces?

También tenemos el problema de algunos jueces que consideran que todo debe ser demorado, no se animan a hacer las cosas del modo más expedito posible cuando existen las tecnologías para hacerlo; por ejemplo, este año en Chuquisaca se intentó imponer la grabación de audiencias, pero algunos jueces no lo aceptaron y eso beneficiaba tanto al juez como al usuario del sistema judicial. El tema presupuestario, el sistema judicial, es lo más fácilmente atacable por cuanto genera un descontento en sus resoluciones, en sus resoluciones hay descontento de un litigante que perdió de buena o mala fe y algunas veces linda en la temeridad, que significa pretender tener la razón con la conciencia de la sinrazón, entonces, el tema es bastante complejo. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la formación de la ética profesional de los abogados, nuevos planes curriculares de las universidades, cambio del sistema que tiene el litigante. Digo como ejemplo, ¿es necesario demandar a un padre la asistencia familiar correspondiente o es un deber connatural a su paternidad responsable que la tenga? Esperan ser demandados y, en cuanto a las negociaciones, siempre se exagera esperando mucho más. Entonces, son problemas bastante complejos que no los resolvieron en todo el pasado y no los resolverá esta magistratura, pero sí sentará las bases para que las futuras magistraturas puedan tener un camino más expedito y no un camino tan dificultoso como el que tenemos.

 ¿Hay que cambiar algo en la escuela de jueces?

La nueva perspectiva de la escuela de jueces es bastante óptima. La escuela de jueces es la primera institución judicial de Bolivia que recibió una certificación internacional de calidad, eso nos hace entender los parámetros bastante óptimos tanto en capacitación como en formación. Los nuevos jueces entendemos que están yendo con la nueva mentalidad, con la nueva visión, que es una visión conciliadora, con el objetivo de resolver rápidamente los procesos judiciales y no demorarlos.