SANTA CRUZ

Tres empresas que pavimentan en Santa Cruz figuran como deudoras a la Alcaldía


Las empresas Apolo, Minerva y Cruceña, que formaron parte del Consorcio ECU, están en la lista de deudores. En una de las constructoras lo atribuyen a un error en la Alcaldía. El secretario de Obras Públicas también se queja

Los funcionarios de la Secretaría de Recaudaciones llegan con la guardia municipal para los embargos

01/10/2017

Tres de las empresas que fueron parte del Consorcio ECU (Apolo, Minerva y Cruceña), que se adjudicó el contrato de pavimentación de las calles de Santa Cruz de la Sierra desde 1995, figuran en la lista de deudores de impuestos municipales a la propiedad de bienes inmuebles de la gestión 2011. La nómina fue publicada el 19 de septiembre en un diario local.

Entre 1995 y 2012, las empresas Apolo, Cruceña, Minerva e IASA (que formaban el Consorcio ECU) aparecían como las que más se habían adjudicado contratos con la Oficialía Mayor de Obras Públicas (OMOP) del municipio de Santa Cruz de la Sierra. En ese tiempo pavimentaron 5,5 millones de metros cuadrados de calles de la ciudad y recibieron Bs 287.021.706, equivalente al 47% de los Bs 611.333.751 erogados por la oficialía en esos años, según datos suministrados en septiembre de 2012 por la municipalidad. 

La Constructora Apolo Ltda., que trabaja desde hace más de dos décadas con el municipio, está en un listado de más de 50 empresas  constructoras que adeudan impuestos municipales, aunque muchos nombres se repiten con diferentes inmuebles. En el caso de Apolo mantiene deudas que varín entre Bs 1.500 y 5.628.

Jorge Claros, encargado de Activos Fijos de Apolo, desmintió que la constructora deba impuestos a la comuna. Afirmó que en el Servicio de Recaudaciones de la Alcaldía (SER) existe una duplicidad de registro por errores que cometen los funcionarios de la Alcaldía y que después es difícil subsanar.

Claro afirmó que Apolo era propietaria de inmuebles que posteriormente fueron transformados en condominio, pero todavía figuran a nombre de la constructora. En 25 años solo uno de los propietarios no hizo su transferencia porque viajó a Brasil y ni siquiera ha salido en el listado de deudores.

Según el funcionario, figurar en el listado de deudores representa un perjuicio, porque la empresa aparece ante la opinión pública como evasora de tributos, a pesar de que trabaja con la Alcaldía desde hace muchos años.

Afirmó que Apolo es propietaria de siete inmuebles y están hipotecados a la banca, por lo que no pueden dejar de pagar impuestos, refutó el funcionario de la empresa constructora.  

El secretario municipal de Obras Públicas, Freddy Arauco, desconoce las causas por las que las tres constructoras aparecen en el listado de deudores de impuestos, pero también sembró dudas sobre el listado publicado por la Alcaldía.

“Hasta yo resulté afectado porque aparezco con deudas pendientes, que se dieron por errores en el SER”, lamentó Arauco.
El secretario municipal de Obras Públicas explicó que hace cinco años compró una vivienda y pagó los tributos correspondientes, pero los anteriores dueños seguían figurando como propietarios en  los registros del SER. “Hay que corregir algunos errores en el sistema porque está ocasionando perjuicio”, recomendó Arauco.

Respecto a las tres constructoras que figuran como deudoras, admitió que tienen contratos con la Alcaldía, pero a su vez, la municipalidad también se ha atrasado en pagar a la empresa por algunas obras ejecutadas.

En el caso de Cruceña y Minerva, que eran asociadas, dijo que el propietario de una de las empresas falleció y actualmente atraviesan problemas financieros, por eso los contratos que tenían adjudicados están siendo transferidos a otras constructoras.

En lo que respecta a Apolo y otras empresas que están con contratos, dijo que tienen respaldo suficiente,  incluso el municipio le debe dinero por las obras ejecutadas.  También resaltó que se piden todos los requisitos a las empresas y los abogados revisan si no tienen cuentas con el municipio, porque ellos presentan certificaciones.

Consultado sobre el tema, el expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz Marcelo Arrázola explicó que el certificado de solvencia fiscal que se exige a las empresas señala si enfrenta un proceso con el Estado por mala ejecución de obras o si ha sido sancionada por un mal producto, entre otros aspectos, pero no especifica si no califica por incumplir el pago de impuestos. Sin embargo, dijo que la entidad gubernamental, entre una de sus disposiciones internas, puede establecer como requisitos tener sus impuestos municipales al día.

La Contraloría General del Estado, que es la que emite la certificación de solvencia fiscal, señala que se tiene que ver cada caso, pero que en esta certificación se contemplan procesos coactivos denunciados y que las entidades registran en el sistema correspondiente.

Los procedimientos
La Secretaría de Recaudaciones (SER) está aplicando medidas fuertes contra los deudores de impuestos, que implica el embargo de viviendas o de vehículos.
Los funcionarios amparan sus actuaciones en la  en aplicación del Código Tributario Boliviano, del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Administrativa N.º 267/201. A través de un edicto citó a los contribuyentes  con deudas por concepto del impuesto municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles gestión 2011 y cuentan con liquidación por determinación mixta debidamente notificada, para que se apersonen ante las oficinas de la Administración Tributaria Municipal SER, a objeto de notificarse sobre el inicio de ejecución tributaria o, en su defecto, proceder al pago de la deuda.
Advierten que en caso de incumplimiento del pago, se dispondrá la adopción de medidas precautorias o coactivas para asegurar el cobro del adeudo, tal como se está haciendo en este momento con algunos deudores.

Los operativos

Entre los inmuebles que hasta la fecha han sido embargados figura uno de cuatro pisos donde funciona un depósito y un residencial, ubicado en la avenida Isabel la Católica, por una deuda impositiva de Bs 250.000. En este caso, apareció la propietaria, negoció un plan de pagos, habiendo cancelado la primera de 24 cuotas.

Entre las viviendas embargadas también está una casona situada en la calle Murillo, con una  deuda de Bs 31.770, desde 2010. Otro fue un edificio de tres departamentos en la calle Pitajaya, cuya deuda es de Bs 200.000.  

En el SER explican que el embargo es una medida precautoria para garantizar el pago de lo adeudado; si el afectado cancela la mora o se somete a un plan de pagos, de inmediato se suspende la acción. “Estaremos en el centro, en los barrios, en todas partes hasta que la gente tome conciencia de que debe estar al día con sus impuestos, porque se les está dando facilidades con planes de pago”, señaló el jefe del departamento Legal y Cobranza del SER, Alejandro Saucedo.

El concejal Tito Sanjinez (MAS) resalta que antes de iniciar este proceso de embargo, hubo una etapa previa de concienciación a la población deudora advirtiendo que se tomarían acciones; de igual manera, el Concejo Municipal aprobó plazos, condonaciones de multas e intereses. “Se ha ido generando una serie de acciones para facilitar el pago y que el gobierno municipal tenga recursos para encarar obras para la sociedad civil”, apuntó.

Sanjinez indicó que el hecho que aparezcan las empresas constructoras que tienen relación estrecha con el gobierno municipal es porque se está dando cumplimiento a una instructiva  para que se incluya a todos los deudores, donde no se salen ni concejales ni funcionarios municipales. También aclaró que no hay una normativa que señale que deben estar al día en sus impuestos para adjudicarse una obra municipal. 

Figuran entidades bancarias

En el último listado de más de 10.000 nombres aparecen  bancos, cooperativas de ahorro y mutuales. También están las cooperativas de servicios, inmobiliarias, hospitales e iglesias protestantes 

Los bancos, cooperativas y mutuales grandes  y pequeñas aparecen en el listado de deudores de tributos municipales que publicó a mediados de septiembre el gobierno municipal. 

Algunos nombres de las entidades financieras aparecen más de una decena de veces, tomando en cuenta que se registra la deuda de cada uno de los inmuebled que tienen a su nombre. 

De la misma forma llama la atención que hasta el Hospital  Oncológico Boliviano figura con una deuda de Bs 143.812 y el Hospital San Juan de Dios Trabajadores, con Bs 3.039.

Se encuentran también grandes sociedades hoteleras, inmobiliarias e iglesias evangélicas.
Hay casos que no pasan desapercibidos por la repetición del nombre, como la de una persona que figura más de 60 veces, pero con distintos inmuebles, cuyos montos oscilan entre Bs 1.011 y  Bs 2.755. Muchos de estos casos se dan cuando son urbanizaciones que están a la venta o que no han hecho transferencias. 

En total, la lista de los deudores de impuestos de  bienes e inmuebles en la segunda publicación  contempla la gestión 2011, con  10.771 objetos tributarios.
Si no se presentan a regularizar sus pagos pueden ser sujetos a embargos o congelamientos de cuentas, de acuerdo a lo que establezcan las autoridades. 

Las instituciones sin fines de lucro, que están exentas del pago de estos tributos, tienen que hacer sus trámites correspondientes para demostrar que dichos inmuebles no han sido transferidos y que no se les esté dando otro fin al que inicialmente fue notificado.



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