SÉPTIMO DÍA

El nuevo Gobierno deja un halo de temor entre los bolivianos sin documentos


Por ahora hay más miedo que realidad. La vida de los bolivianos que viven ilegalmente en EEUU está cargada de incertidumbre por temor a las redadas e incluso a cometer una infracción de tránsito que pueda dar lugar a la deportación inmediata

Hay mucho temor entre quienes no tienen documentos en regla. Donald Trump ha logrado inquietar a los inmigrantes latinoamericanos en EEUU. Foto: Reuters

05/02/2017

La cruceña Eva Sara Landau está contenta con el nuevo presidente de EEUU. Al cofundar uno de los grupos de latinas que apoyaron al magnate durante la campaña, se convirtió probablemente en la boliviana más mediática de las elecciones de noviembre.  


Esta mujer, que vive en Florida desde hace ocho años, cuando recibió asilo alegando persecución política por parte del Gobierno de Evo Morales, cree que el país que la acogió necesita un cambio de rumbo y que Donald Trump es el piloto adecuado para hacerlo. “Creo que ya es hora de poner las cosas en orden y quién mejor para poner las cosas en orden que el presidente Donald Trump”, afirma. 


Como ella, aunque por diferentes motivos, hay unos 100.000 bolivianos que residen en EEUUde manera legal, según el último censo de 2010. Se trata de un número muy pequeño y por ello, a juicio del profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, los connacionales se convierten en “políticamente irrelevantes”.


Por eso, el catedrático nacido en Bolivia y que lleva más de 40 años en EEUU, considera que a la hora de analizar el impacto del nuevo Gobierno de Donald Trump en la comunidad boliviana, hay que meterla “dentro del paquete latino”.


Y teniendo en cuenta la dura retórica contra la inmigración ilegal que manejó Donald Trump como candidato, los más afectados podrían ser los bolivianos indocumentados que se encuentren en el país. 


Las órdenes ejecutivas migratorias que ha firmado el presidente en sus dos primeras semanas en Washington contemplan la ampliación del muro, el recorte de los fondos federales a las ciudades que protejan a inmigrantes indocumentados y la prohibición temporal de viajes a quienes vienen de ciertos países de mayoría musulmana. 


Además de ruidosas protestas en numerosas ciudades de EEUU, las medidas han provocado una sensación de miedo en parte de la comunidad migrante y rumores del endurecimiento de las redadas de inmigración o de los requisitos para regularizar el estatus en el país.


“Para los que ya tenemos residencia y nos toca aplicar (a la ciudadanía), no sabemos si va a cambiar el proceso migratorio y si se va a hacer más difícil o se va a quedar así”, apunta Adriane Valdivia, una cruceña que vive en Richmond, Virginia, y que está casada con un militar estadounidense. “Pero sí les va a afectar a las personas que no tienen documentos”.


Por el momento, la administración de Trump ha mostrado su intención de continuar con la política de priorizar las deportaciones de las personas que tengan un historial criminal o hayan cometido algún tipo de delito y que comenzó el expresidente Barack Obama.
Aunque Valdivia reconoce que Obama fue el que más personas deportó de EEUU (más de tres millones, según reportes oficiales), asegura que lo que ha cambiado es cómo se presenta la medida ante la población. 


“A Obama nunca lo escuché decir que los mexicanos son violadores o narcotraficantes. Sí es cierto que Obama deportó a personas que tenían procesos judiciales o que tenían procesos penales –creo que nadie está en contra de eso– pero no puedes referirte a toda una comunidad como Trump lo hizo”, opina. 


Ella aboga por una reforma migratoria para integrar a los indocumentados que llevan años trabajando y aportando al país, pero cree que con Trump será diferente.


Además de continuar con una política migratoria rígida, las medidas del nuevo presidente ordenan contratar a miles de agentes de la Patrulla Fronteriza, finalizar la política de “captura y liberación", práctica que dejaba libres a inmigrantes indocumentados detenidos, y permitir que autoridades estatales y locales actúen como oficiales de inmigración.
Activistas y familias de inmigrantes temen que infracciones leves, como las de tráfico, entren bajo la nueva definición de delitos que lleven a una deportación inmediata.  

Los dreamers
Alejandra Saucedo es argentina y lidera una organización llamada Dreamers Moms, que son mujeres madres que luchan por una reforma migratoria justa. Ella cuenta que hay mucha preocupación entre las mujeres que son jefas de hogar. 


“La gente me está llamando por miedo a las redadas. Hay pánico. Hay mujeres que no quieren salir a la calle ni llevar a sus hijos a la escuela”, explica al indicar que existe el temor de que les pidan documentos (que no tienen) en los lugares públicos y después las deporten. Por ejemplo, menciona que hubo un cambio. Una señora indocumentada debe presentarse ante el juez la próxima semana. Si antes había manifestaciones de respaldo, ahora solo habrá oraciones, porque nadie quiere exponerse.


“En general el impacto en la comunidad boliviana va a ser el mismo que con todos los demás. Los bolivianos que hayan cometido crímenes van a ser prioridad (de deportación)”, dice Eduardo Gamarra.


Los que tal vez vean que su situación ha mejorado, según Gamarra, son aquellos que “se sienten exiliados” por Evo Morales u otros mandatarios de izquierda en América Latina, como el exgobernador Manfred Reyes Villa,  además del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín, aunque sus procesos de extradición sean dictados por las cortes federales, lugar donde Trump no tiene autoridad. 


“Hay gente que piensa que Trump invadirá Venezuela y Bolivia, pero no va a haber invasión”, apunta Gamarra. “América Latina no es prioridad de esta administración” 



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