El dinero es el seguro de vida en los penales del eje central del país

La cárcel de San Pedro, en el centro de La Paz, despierta con aparente normalidad. Es martes y las personas que acuden a visitar a los reos hacen fila desde tempranas horas para ingresar al penal. Al llegar a la puerta principal empieza un martirio que 2.512 personas lo viven día tras día. En San Pedro, como en los demás centros de reclusión del país, se vive en un mundo subnormal, donde el dinero es la principal herramienta para sobrevivir.    

Jorge espera junto a otros reos en la puerta principal del penal de San Pedro. Es uno de los ‘taxis’ de la cárcel, uno de los que cobran a las visitas para ir a buscar al prisionero visitado. Conoce casi todo el panóptico y a la mayoría de los reos. Hace ese trabajo para recolectar dinero, que en mayor porcentaje se va en pagar el espacio donde duerme. Él llegó a San Pedro hace tres años y todavía espera su sentencia. Lo acusan de robo agravado. 

La cárcel de San Pedro fue creada en 1895. Tiene capacidad para albergar a 400 reos, pero en la actualidad 2.512 guardan detención en ese recinto; es decir, tiene una sobreocupación del 528% para el que fue concebido. Lo mismo sucede en todas las cárceles del país, donde existe una alarmante superpoblación. 

En la cárcel de Palmasola (varones), en Santa Cruz, la situación es la más extrema del país. Este recinto fue creado en 1989 para albergar a 600 reos. Hoy están recluidos 5.294, lo que representa un 782% más de su capacidad. En el sector de las mujeres hay 385 internas, cuando fue diseñado para 200 personas.   

Pagas o la vida en riesgo
Alberto está preso en San Pedro. No quiere hablar de su pasado y solo mira al frente. Tiene a sus dos niñas al lado y espera a su esposa. Sus hijas no viven en el penal, pero intenta pasar el mayor tiempo posible con ellas. Vive de “negocios y algunos trabajos” en carpintería. Dice que durante el día es relativamente tranquilo, pero apenas oscurece la situación se hace muy compleja porque recrudece la inseguridad. 

“Hay problemas, como siempre. Si no pagas, tendrás problemas; si no pagas, no duermes, esa es nuestra triste realidad”, lamenta el interno. 
Casi todos los reos tienen que pagar a los delegados para contar con un espacio donde dormir. Pero también hay pagos para la propia seguridad del reo. 

Ramiro Llanos fue director de Régimen Penitenciario durante el Gobierno de Evo Morales. Conoce muy bien los movimientos dentro de los penales, en especial en los del eje central. Responsabiliza a los políticos, jueces, fiscales y policías de la corrupción dentro de los penales. 
“Las recaudaciones en las cárceles suben y suben todo el tiempo. Es una de las razones por la que los políticos no pueden cambiar el sistema. Hay jueces, fiscales, abogados, policías y políticos que no hacen nada porque lucran con los presos”, reprocha Llanos. 

La cárcel de San Pedro tiene nueve secciones: La Cancha, Los Pinos, Chonchocorito, El Palmar, Guanay, Los Álamos, San Martín, La Prefectura y La Posta. Para ingresar a Los Pinos, por ejemplo, se debe pagar Bs 1.000 para pertenecer a la sección. Para estar en La Posta o Chonchocorito se debe pagar entre $us 1.000 y 3.000. Estas son las secciones donde se mueve más dinero. 

Alberto detalla que el preso elige en qué sección se instalará dependiendo de sus ingresos, y luego del pago debe buscar dónde pernoctar. En las secciones comunes el alquiler de una celda 2x2 metros tiene un costo que varía entre Bs 200 y 500. En San Pedro hay celdas amplias, amobladas, con baño privado y televisión por cable. Tienen camas cómodas y roperos que se entregan en alquiler o anticrético. 

El alquiler en este tipo de celdas cuesta Bs 1.500 y el anticrético oscila entre los $us 5.000 y 10.000. Ese precio se cobra, por ejemplo, en la sección La Posta. 

Santa Cruz

Una situación parecida se vive en el penal de Santa Cruz. “En Palmasola nada es gratis, todo tiene un precio y el monto varía de acuerdo al delito cometido y a la peligrosidad del interno”, dijo a EL DEBER un recluso que prefirió resguardar su identidad. 

Para ingresar al régimen abierto, el recién llegado al penal paga unos Bs 5.000 por derecho a piso, el seguro de vida y la seguridad para las visitas. Después de recibir condena, los pagos varían entre $us 800 y 2.000. Las autoridades estiman que en el penal de Santa Cruz se manejan más de Bs 400.000 al mes y más de Bs 4 millones anuales por cobros ilegales.

Alcohol y drogas

Un calvario aparte sufren los reos que no tienen dinero para subsistir. Ellos son los ‘sin sección’ y su vida está en riesgo cada día. Conviven con gente adicta a las drogas y al alcohol.  

Y otro ingreso económico es por concepto de la venta de drogas y bebidas alcohólicas dentro del penal. Los policías, según Llanos, son los que reciben ‘coimas’ para que los delegados puedan revender las sustancias controladas. También hay cobros para permitir el ingreso de prostitutas, así como para que familiares permanezcan en el penal. 

Gestiones

Después del motín en la cárcel de Palmasola, que causó la muerte de siete reclusos, el Ministerio de Gobierno presentó proyectos para mejorar la situación en las cárceles del país. Uno de ellos es la construcción de nuevos penales. Será el Ejecutivo central, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, el que construirá los nuevos recintos penitenciarios en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Aunque también se recibirá la cooperación de organizaciones internacionales. 

El proyecto para La Paz será instalado en Chonchocoro. Este nuevo recinto tendrá una capacidad para albergar a entre 5.000 y 8.000 reos, según datos proporcionados por el Gobierno.  

En Santa Cruz se construirá el complejo penitenciario en Palmasola. Este proyecto de preinversión está a cargo de la Corporación Andina de
Fomento (CAF). El monto estimado es de Bs 2,3 millones y se tiene previsto que la nueva cárcel albergue a 10.000 personas privadas de libertad. 

La Gobernación de Cochabamba será la entidad que ejecute el proyecto de preinversión para el nuevo complejo penitenciario que será construido en el municipio de Arani. El monto es de Bs 1,6 millones. Aún no hay datos oficiales de la capacidad del penal, pero se maneja que albergará a unos 5.000 reos. 

Están en estudios

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, concentra su atención -por ahora- en Palmasola. La intervención que se hizo a ese penal obliga a apurar los proyectos, aunque la autoridad admite que no existen los recursos para iniciar la nueva construcción.  

“Hace tiempo se encargó un estudio de prefactibilidad y esperamos sea entregado pronto para buscar el financiamiento, que probablemente sea ante la CAF. Este será un presupuesto significativo que demandará también de un esfuerzo concurrente de todos los niveles del Estado”, detalló Romero. 

El ministro afirmó que una situación similar se presenta en los modelos penitenciarios de La Paz y Cochabamba, y ve que la construcción de nuevas cárceles será el primer paso para terminar con el hacinamiento, lo que provoca el cobro al interior de los penales. 

Mientras, el defensor del pueblo, David Tezanos, tiene un concepto individual de las cárceles. Dice que se debe priorizar su mejoramiento por una razón: “Porque son el medidor de los derechos humanos”. 

Tezanos avanza en las gestiones con el Gobierno, gobernaciones y empresas privadas para que agilicen sus aportes a las cárceles.   

Subió la presencia de niños

El hecho de violencia sexual contra una menor de edad en Palmasola obligó al Gobierno a sacar a niños y niñas de los centros penitenciarios. El defensor del pueblo sugiere que los afectados vayan a familias sustitutas 

Al 28 de febrero de este año, la cantidad de niños en los recintos penitenciarios ascendió de acuerdo al año pasado. Hasta esa fecha fueron registrados 615 menores de edad en las cárceles, 65 más que en 2017. Ahora, el Ministerio de Gobierno trabaja con la intención de que no existan niños y niñas viviendo en los penales del país.  

Fue en 2013 cuando la cantidad de niños ascendió a su tope máximo. Había 1.218 menores de edad en los centros penitenciarios. Al año siguiente la cifra descendió a 1.076, pero fue en 2015 cuando la cifra bajó radicalmente: 547 niños vivían en los penales del país en esa época. 

En 2016 subieron los casos a 657 y el año pasado bajó a 550. Se estima que con el último operativo en la cárcel de Palmasola la cifra descendió en una buena cantidad. 

El Gobierno empezó un proceso concertado para sacar a menores de edad de las cárceles. El proyecto incluye llevar a los niños y niñas a centros de acogida y luego, en lo posible, entregarlos a sus familias ampliadas. En este trabajo no existe la obligación de entrar y retirarlos de los penales por la fuerza, según dice el defensor del pueblo, David Tezanos. 

Mientras, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, explica que la decisión de sacar a menores que viven con sus padres en las cárceles se da a consecuencia de un hecho de violencia sexual en el penal de Palmasola, Santa Cruz, contra una menor de edad. 
Quiroga detalla que la prohibición de menores en cárceles empezó en Palmasola y será aplicada de forma progresiva en el resto de los penales.

Este trabajo será coordinado previamente con las gobernaciones, alcaldías y Régimen Penitenciario para evitar un proceso traumático y garantizar a los menores condiciones necesarias.
“No solo es sacarlos, estamos muy al pendiente de lo que significa el estado integral de los niños”, remarca el viceministro Quiroga. 

La autoridad destaca que en cada centro penitenciario será habilitado un espacio especial para visitas programadas de menores a sus padres. “Este proyecto no solo pretende sacar a los niños de los penales, sino también tiene la finalidad de garantizar que se mantenga el vínculo familiar”.

Tezanos no ve suficiente que los menores de edad vayan a centros de acogida, ya que estos espacios, dice, están colapsados. “Considerando que están colapsados los albergues, lo que se tiene que canalizar y gestar, con un acompañamiento de instituciones del Estado, es que sean llevados a familias sustitutas y solo en los casos excepcionales pensar en los centros de acogida”, sugiere el defensor.