7º DÍA

El Estado no ‘consuela’ a los familiares ni impide los linchamientos en Bolivia


El Gobierno se había puesto el año 2017 como plazo para eliminar los ajusticiamientos por mano propia en Bolivia. La Policía trabaja en investigar a los autores y evitarlos se le hace imposible porque ocurren el rato menos pensado y los pocos efectivos son rebasados por la turba, que justifica sus actos por una falta de confianza en la justicia


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02/12/2018

Fue un fracaso total. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se había puesto en junio de 2014 un plazo para eliminar los linchamientos de la faz del territorio nacional. Ese plazo llegó y el objetivo no se ha cumplido.

El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina y el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, desarrolló el 25 de junio de 2014 en el municipio de Coroico un taller de análisis y ajuste para enriquecer la propuesta de política pública de lucha contra la práctica de los linchamientos en Bolivia.

“La finalidad de este taller interinstitucional es analizar, revisar, recoger insumos y enriquecer la propuesta de la Política Plurinacional de Lucha Contra la Práctica de Linchamientos, que tiene como objetivo estratégico eliminar del territorio boliviano hasta 2017 la práctica de estos, por considerarse violatorios al derecho a la vida”, informó la viceministra de aquel entonces, Isabel Ortega.



Ortega dijo, aquella vez, que de acuerdo a los datos recogidos por el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina existe una tendencia hacia el incremento de los casos de linchamiento, situación que puede deberse a la mayor cobertura de los medios de comunicación sobre esos casos o a un incremento real del fenómeno.

“Sea como sea el asunto, esto representa un problema real para el Estado y la sociedad boliviana, porque la mayoría de los casos de linchamiento son producidos por robos o intento de robo, siendo esta la causa más importante”, señaló.

Los tormentos siguen

Licenia Veizaga anda de tumbo en tumbo. A veces en Entre Ríos. A veces en Ivirgarzama o en Chimoré. Camina con su fólder lleno de papeles debajo del brazo: expedientes que siente que duermen en un sueño eterno porque el juicio para dar con los autores del linchamiento de su hermano Edson, ocurrido el 25 de septiembre, camina a paso lento y está desvalijando a su familia.



“Estamos quedando en la calle”, dice y pone como ejemplo el terreno que han vendido sus padres para costear los gastos en abogado, en viajes, en trámites del juicio. Y como el dinero del terreno ya se está acabando, están pensando en echar mano a otros bienes que les ha costado adquirir durante toda una vida. No saben cuándo terminará el calvario.

Todo empezó el 25 de septiembre, cuando una turba endemoniada de Entre Ríos (Cochabamba) acusó a Edson y a Rodrigo Carvajal de haber robado un vehículo motorizado. La multitud los golpeó hasta romperles los dientes y luego los quemaron por separado. A Rodrigo le prendieron fuego hasta quitarle la vida en la comunidad Manco Kapac y a Edson lo convirtieron en una hoguera en la cancha Salvador del centro de Entre Ríos, un pueblo que está en el trópico de Cochabamba y a cinco horas de Santa Cruz de la Sierra.

Edson soportó la maldad de la barbarie, fue socorrido por dos policías que observaron el linchamiento a lo lejos para no sufrir la misma suerte y fue trasladado a Santa Cruz, donde murió a las 9:20 del 27 de septiembre con el 80% del cuerpo quemado.

Desde entonces, la vida de Licenia cambió para siempre. Pero como les viene ocurriendo a todas las familias de las víctimas de linchamientos en Bolivia, no solo les afectó el asesinato de su ser querido a manos de una turba, sino porque después tuvieron que peregrinar en procesos judiciales que caminaron a paso de tortuga y que, en muchos de los casos, jamás terminaron en un fallo. O como en el caso de los cuatro jóvenes de Bulo Bulo que sobrevivieron al linchamiento en la plaza de Ivirgarzama en 2013, ellos terminaron siendo encarcelados porque la justicia les abrió un proceso por el delito de robo de un camión. Los linchadores nunca fueron investigados.

Y a eso se suma –coinciden varios familiares de las víctimas– el tener que soportar las noticias de nuevos linchamientos en Bolivia, como una señal de que este problema no está siendo combatido seriamente por las autoridades políticas, policiales ni jurídicas.



“¿Cuántos linchamientos más tienen que ocurrir en Bolivia para que las autoridades hagan algo de verdad en contra de esa matanza?”, cuestiona Licenia, que la tarde del pasado jueves estaba por entrar a una audiencia en Chimoré, donde un juez iba a definir la situación de los dos aprehendidos por el asesinato de Edson y de Rodrigo.

A esa misma audiencia llegó René Carvajal, el papá de Rodrigo. Llegó por primera vez porque desde el día en que mataron a su hijo él prefirió protegerse en el anonimato por miedo a que a su esposa y a sus tres hijas la turba criminal volviera a encender su furia.

“No senté ninguna denuncia por miedo y porque no tengo dinero. Hoy (jueves) he venido a pedir un abogado de oficio y que el Estado me dé garantías para buscar justicia por la muerte de mi hijo”, dijo, antes de entrar a la audiencia en Chimoré.

René Carvajal tiene 45 años y vive en Entre Ríos. Trabaja haciendo de todo un poco. A veces como ayudante de albañil, otras, fumigando en el campo. El día en que mataron a su hijo él se las pasó pidiendo auxilio de un lado a otro. Tocando las puertas de amigos y familiares y también de la Policía para que no lo dejaran solo, para que acudieran hasta el lugar de la barbarie, para que convencieran a la turba de que a su hijo no lo maten.

Consiguió que un policía lo escuchara, que acudiera hasta la comunidad Manco Kapac, donde estaban quemando a su ser querido. Pero a ambos los corretearon a pedradas. Ese policía de buenas intenciones contó a EL DEBER que no pudo salvar la vida de los linchados porque lo amenazaron de muerte.

Entonces, se limitó a aguardar por la zona sin que lo vieran, y cuando vio que la multitud se recogía a sus viviendas, optó por socorrer a Edson, que aún estaba con vida. Como no tenía camilla, agarró una tabla que encontró en el camino y ahí colocó el cuerpo quemado y lo subió a la camioneta de la Policía, apretó el acelerador para que los vecinos que se percataron de su presencia no lo apedrearan y así logró llegar hasta el hospital de Entre Ríos.

Pero Rodrigo Carvajal no fue socorrido. Murió a los 20 años y también era ayudante de albañil. En la casa familiar tenía su habitación con una cama angosta y un velador donde colocaba sus cosas personales. En su desesperación René, su padre, les dijo a los linchadores que su hijito no era un ladrón de autos, que por favor lo acompañaran hasta su casa, que él les iba a hacer entrar en la habitación para que confirmaran que Rodrigo no tenía ningún objeto robado.

Cuando ocurrió el sangriento episodio que costó la vida de Edson y de Rodrigo, la noticia se esparció como pólvora por todo el país y la sociedad, a través de las redes sociales, manifestó sentirse estremecida. Pero antes de que Bolivia empezara a olvidarse de este asunto, los linchamientos volvieron a despertar en el país.

El martes 20 de noviembre, una turba mató a un brasileño de nombre Vinicius Chagas Maciel en pleno centro de San Julián (Santa Cruz) a quien acusaron de ser un atracador. La víctima, antes de morir, dijo que solo quería cobrar una deuda y la Policía, como ocurre casi siempre, fue rebasada. Al día siguiente, en Uncía (Potosí), los pobladores mataron a pedradas a dos jóvenes acusados de robar un vehículo. Uno de ellos era menor de edad y ambos fueron arrebatados de las autoridades y agredidos sin contemplaciones, sellando así el segundo linchamiento en Bolivia en menos de 24 horas con tres víctimas fatales.

En el caso del brasileño, la Policía supo que este, antes de ser ahorcado en un árbol en la plaza principal de San Julián, dijo que estaba cobrando una deuda, pero el soyero Javier Flores aseguró que el súbdito brasileño junto a un cómplice intentaron atracarlo.

El Ministerio Público envió una citación al soyero Flores, pero este no se presentó a declarar hasta el jueves, cuando fue detenido junto a su esposa, esta vez acusados de asesinato. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina, dijo que se está realizando el trabajo investigativo para que la ley sancione a los autores del crimen.

Pero no solo dijo eso. Dijo también que le preocupa esta situación, que se ha venido dando en los últimos días en el occidente o en el oriente del país, con características similares y donde el común denominador es la muerte de una o más personas.

Medina no cree que la solución para combatir los linchamientos sea aumentar policías en las poblaciones donde ocurren, puesto que suceden en un momento imprevisto y que la cantidad de efectivos no se puede comparar con la magnitud de la turba.

“En el caso de San Julián, la Policía reaccionó inmediatamente, llegó al lugar, pero fue superada en número. Se negaron a entregar a las dos víctimas y amenazaron con agredirlos. Los policías arriesgan la vida”, enfatizó.

Ante esa situación y la imposibilidad de que los uniformados puedan evitar un linchamiento, dijo que la Policía trabaja para dar respuesta oportuna en el aspecto investigativo, pero que considera que el problema de los linchamientos va más allá.

“Yo creo que debemos trabajar en el tema de concienciación y conocimiento de la norma, que la gente sepa que ir en contra de la vida constituye un delito penal. Yo creo que más allá de la presencia policial tiene que estar el comportamiento del ciudadano boliviano para cumplir la ley”, dijo Medina, que dio a conocer su receta para que en Bolivia se terminen los linchamientos.

“Las autoridades originarias, los alcaldes, los corregidores, los profesores, deben tomar cartas en el asunto y educar a nuestro pueblo, hacer comprender al ciudadano que debe cumplir la Constitución, que prohíbe cualquier acto de esa naturaleza, que el Código Penal sanciona con una pena máxima de 30 años a quien mate a otra persona. Estamos en pleno siglo XXI y no podemos hacer justicia por mano propia. No deja de ser un acto de barbarie y no es justicia comunitaria porque la justicia comunitaria tiene una gran limitante, que es el cumplimiento de la Constitución Política del Estado”, dijo el director de la Felcc.

Amparo Carvajal, una de las fundadoras de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sostiene con aplomo que los linchamientos son el resultado de una crisis de instituciones del Estado que carecen de prestigio para que la ley se cumpla.

“Es una carencia de gobernabilidad. Si no creemos en la justicia, parece que hemos perdido el sentido de quién jurídicamente manda aquí”, dice Carvajal, que revela que cada vez que ocurre un linchamiento en Bolivia ella recuerda que hace 37 años, cuando trabajaba en una zona alejada de La Paz, ocurrió algo horrendo. Una mañana se enteró de que los comunarios habían colgado a tres personas a las que se les había acusado de robar pertenencias a vecinos de la zona.

“Me quedé horrorizada. Lo que me dijeron los comunarios fue que se sentían muy abandonados de la protección oficial. Tantos años después de aquel episodio parece que nada ha cambiado en el país y que los linchamientos lamentablemente continúan”, enfatizó la defensora de la vida en Bolivia.

El Estado ha fracasado en su lucha contra los linchamientos y ante las últimas muertes, el ministro de Justicia, Héctor Arce, se refirió sobre este tema desde su cuenta de Twitter: solicitó “sanciones drásticas” para los responsables de esos linchamientos.

“Cómo nación no podemos tolerar y permitir que se haga justicia por mano propia violando el más sagrado de los derechos como es el derecho a la vida. Los casos San Julián y Uncía deben ser rápidamente investigados y los responsables sancionados drásticamente”.

El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, dijo que “por instrucciones del ministro de Justicia y Transparencia Institucional vamos a hacer seguimiento en detalle a las investigaciones que se llevan adelante sobre este caso (linchamiento en San Julián), así también sobre los instigadores, autores materiales y cómplices de la muerte y linchamiento de esta persona”. Varios familiares de los linchados se enteraron de estas promesas, pero manifestaron su incredulidad porque los linchamientos siguen ocurriendo, pese a que el Gobierno se puso el plazo de que hasta 2017, que ya pasó, no ocurriera ningún ajusticiamiento por mano propia.



 




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