Democratizar la democracia

Bolivia está pasando por un momento en que su democracia se ve comprometida, pero al mismo tiempo se muestra como una oportunidad de que la ciudadanía se empodere para “democratizar la democracia”. Este enunciado lo tomo de la obra de Boaventura de Sousa Santos, quien explica que no existe ningún motivo por el que la democracia deba tener una sola forma de entenderse.

El proyecto del MAS perdió su carácter democrático en dos niveles,  principalmente. En un primer nivel ‘discursivo’, desde el caso del Tipnis y la revelación del verdadero proyecto antiindígena & antipachamama, hasta la reciente firma de acuerdos entre el Gobierno central y el empresariado, que compromete las reservas forestales de Guarayos y agiliza el uso de transgénicos para los cultivos; y, en un segundo nivel ‘legal’, desde el incumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) por casos vinculados a los DDHH hasta la soberbia de no reconocer el resultado del referéndum vinculante del 21 de febrero de 2016.

El Tribunal Constitucional (TCP) no tiene competencias para modificar o anular un referéndum. El mismo TCP surge del referéndum del 25-E, que aprueba la Constitución del 2009, la cual le atribuye el deber de velar por su supremacía, y no al contrario, de declarar la aplicación preferente del Pacto de San José. Que, dicho sea de paso, en su artículo 23 no menciona la reelección indefinida, sino que hace referencia a los derechos ciudadanos a votar, ser elegido y acceder en condiciones de igualdad a la función pública. La paradoja está en la interpretación a la que se presta el Tribunal Constitucional. 

Por su lado, algunos grupos ciudadanos, en su mayoría integrados por jóvenes, están apuntando a la resistencia no violenta que, haciendo recuento histórico de los últimos veinte años -por no alargarlo a casos más antiguos-, ha sido la herramienta más efectiva para derrocar gobiernos autoritarios. De tal forma, en las elecciones judiciales del 3-D, la ciudadanía expresó su voto de la manera más lúdica posible, de modo que no fue un simple voto de elección, ni siquiera un simple voto nulo. Sino que expresó creativamente el descontento general debido a la situación política y, en especial, por el fallo del TCP, que contempla la posibilidad de repostulación del presidente. 

El referéndum del 21-F decidió que no se modifica el artículo 168 de la CPE, pero, además, tiene dos cualidades especiales: su carácter vinculante y su cumplimiento obligatorio; entonces ¿por qué nos seguimos preguntando si Evo Morales va a ser candidato en las elecciones de 2019?, ¿será porque sabemos que en esta democracia no existen elecciones libres mientras esté Evo Morales del lado del aparato del poder? 
El Órgano Electoral (OEP) ya admitió la plena vigencia de los resultados del 21-F, ahora le toca al resto de los Órganos del Estado respetar, de igual modo, la voluntad popular. Las correlaciones de fuerza puntualizarán las réplicas de los otros Órganos del Estado y de la sociedad civil organizada.

Los intereses de poder fragmentan la democracia y la distorsionan de su propósito primigenio: dotar del poder soberano a la ciudadanía para elegir y controlar a sus gobernantes. Si este principio no se entiende ni se acata, se está haciendo demagogia en Bolivia (en todos los niveles del Estado). 
La democracia debe interpelar incansablemente las prácticas dominantes que rigen en el día a día, a partir de la arquitectura de una nueva gramática que incida (o democratice) en las relaciones de poder, en cuanto a la clase social, al origen étnico, la región de pertenencia y, asimismo, las relaciones de género. 

La democracia debe gozar de gobernabilidad, es decir, la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil. Las demandas de la sociedad tienen origen en algún recurso de poder que genera conflicto. La democracia debe encargarse de traducir estos conflictos, ponerlos en el escenario político y transformarlos en oportunidades de profundización democrática; en vez de ignorarlos, atenuarlos o atacarlos, como les es ya costumbre (cualquiera de las tres opciones mencionadas genera más violencia). 

La democracia se condena en el momento en que pasa de ser un espacio abierto para la diversidad de actores a un espacio cerrado para los grupos de poder. La democracia se amplía en el momento en que actores que antes no participaban en la toma de decisiones de la sociedad comienzan a tener incidencia en la política desde la horizontalidad de sus propios espacios. 

Es ineludible hablar de ciudadanía al hablar de democracia. A saber, la ciudadanía como el conjunto de ciudadanos que están sometidos a las leyes, pero que tienen la potestad de participar en la política. El ciudadano es el actor emergente en los últimos procesos políticos, sobre todo con el referéndum del 21-F y las elecciones del 3-D, con el fallo del TCP de por medio; y es el llamado a recuperar el régimen democrático. No solo con protestas en las calles. Lo ideal sería que los ciudadanos participen activamente en los asuntos públicos, porque al desentenderse de la política permiten mayor espacio de poder para el despotismo. 

Sin embargo, no se puede hablar de ciudadanía sin mencionar la evidente pobreza, desigualdad, exclusión social, racismo y discriminación que aún existe en Bolivia. Suficientes motivos para no poder hablar tan fácilmente de ciudadanía como un todo homogéneo, porque no todos los ciudadanos tenemos las mismas oportunidades. La historia no nos ha tratado igual. Pero este momento histórico nos da la oportunidad para ejercitar la democracia y ser inclusivos, lo que a la larga significa mayor impacto en la recuperación de la democracia. 
La democracia real es ahora una de las principales aspiraciones de la sociedad boliviana, y esto va más allá de las próximas elecciones, supone el nuevo arquetipo de la democracia que queremos.