7º DÍA

Autoridades judiciales, con pasado por los sectores


Cinco magistrados del TCP fueron asesores jurídicos de organizaciones. Solo uno tiene carrera en la abogacía, lejos de la dirigencia sindical. 

Los magistrados intentan continuar con su rutina antes de definir sobre la reelección indefinida de Evo Morales

22/10/2017

Su pasado laboral está inmerso en los sectores sociales y algunos son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) trabajaron en asesorías jurídicas para las organizaciones, que en su momento llegaron a sugerirlos ante la Asamblea Legislativa. Hoy, reconocen esa vinculación y la justifican en su condición de abogados. También, las autoridades judiciales cumplieron funciones en el aparato público.    

Macario Cortez es el presidente del TCP. Fue elegido esta gestión y en este último año tiene la misión de dirigir el proceso del fallo sobre la reelección de Evo Morales y Álvaro García. El magistrado fue asesor jurídico de la Confederación de Colonizadores de Bolivia y de la Federación de Artesanos de La Paz; además, fue autoridad del Consejo Originario de Markas y Ayllus de Tiwanaku-Tupaj Katari, en La Paz. 

Cortez no lo niega y señala que en esa etapa laboral accedió a las asesorías legales por los contactos que tenía con los dirigentes. Además, el presidente del TCP asegura que esas funciones no influyeron para que sea elegido en la entidad constitucional.

Algo que la magistrada Neldy Andrade tuvo a su favor, ya que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) la postuló al TCP cuando el Legislativo elegía a los candidatos. 

Según la hoja de vida de Andrade, la magistrada fue asesora jurídica de las cooperativas mineras, hoy distanciada del Gobierno por los conflictos que provocaron la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes. 

Zenón Bacarreza estudió en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y fue asesor de la Asociación Mixta de Trabajadores Mineros del Cerro La Joya. Pero su actividad laboral se enfocó en cargos públicos, sobre todo en la Alcaldía de la ciudad de El Alto.   

Trabajo gratuito
Efrén Choque cumplió con diversos cargos de prestación gratuita de servicios para diferentes sectores sociales. El magistrado, que nació en el área rural de Oruro, señala que el trabajo en comunidad debe ser gratuito y de apoyo a los campesinos. 

Pero Choque también ocupó cargos públicos en el Ejecutivo y en la Gobernación de Oruro. Por ejemplo, fue consultor en un proyecto sobre autonomías indígenas, que estuvo a cargo del Ministerio de la Presidencia. 

También fue delegado de Autonomías de la Gobernación de Oruro y elaboró proyectos sobre justicia indígena en la comunidad Jacha Carangas. Mirtha Camacho nació en Oruro y tiene una amplia trayectoria en el magisterio de ese departamento. Por esas labores ocupó el cargo de delegada en el Congreso Nacional de Educación y también fue parte de la Aduana Nacional de Bolivia. 

La magistrada no ve efectos negativos en que los jueces hayan pasado por cargos públicos o por asesorías jurídicas para sectores sociales. Detalla que son etapas laborales que no afectan la trayectoria profesional.

El caso de Oswaldo Valencia está distanciado de los sectores sociales. Ejerció la abogacía libre en Santa Cruz y desde 2001 fue parte del Tribunal Constitucional en diferentes cargos, sin llegar a ser magistrado hasta 2011. La autoridad señala que su trabajo en el extinto tribunal lo ayudó para llegar a ocupar una magistratura. 

De igual manera el magistrado Ruddy Flores ejerció la abogacía libre, pero además fue servidor público. Además es diplomático, por lo que ejerció distintos cargos jerárquicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Asimismo, Flores se desempeñó en diferentes puestos en la administración pública, como director de Licitaciones y Contratos de la exprefectura del departamento de La Paz y del Servicio Departamental de Caminos. En enero de 2018 terminan su mandato en el TCP. 



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