7º DÍA

Analistas advierten un ambiente peligroso que puede traer violencia


Hacen notar que el Gobierno no ha tomado en cuenta que en el país se gestó un movimiento ciudadano muy poderoso. El MAS ha provocado la resistencia de la ciudadanía y se han vulnerados principios básicos

Durante las protestas contra el código se dieron violentos enfrentamientos con los efectivos policiales
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28/01/2018

El conflicto que se vive en el país por el rechazo y respaldo a la repostulación del presidente se mueve en un escenario frágil y peligroso que puede detonar hechos violentos, advierten analistas.

El politólogo Alberto Careaga resalta que las posturas sobre este asunto marcan el territorio en que se mueve el conflicto. Cree que el Gobierno hizo un mal cálculo cuando visibilizó como enemigos naturales al imperio, la derecha, los fascistas, los partidos tradicionales, como lo reitera en sus discursos, y no observó que se estaba generando una corriente grande, especialmente de la clase media, de ciudadanos que se han dado cuenta de que juntos son un poder fuerte y muestran su descontento con la clase política. “Este movimiento nace ante el no cumplimiento de la CPE y de imponer una normativa, es un movimiento incontrolable, porque tampoco tiene una cabeza visible, lo que le dificulta al Gobierno para confrontarlo”, apunta. 

Careaga cree que el Gobierno tiene que atender esta demanda para evitar una oleada de violencia, porque esta movilización no es por una consigna partidaria, lo que lo hace incontrolable, dado que cada uno costea sus pasajes para llegar a protestar, entonces no  responde a nadie. “Va a depender mucho de la astucia del Gobierno para que todo vuelva a su rumbo”, advirtió. 

Gran riesgo
El sociólogo y politólogo Jorge Komadina considera que enfrentamos un escenario de gran riesgo social y político, lo que puede terminar en un enfrentamiento entre ciudadanos bolivianos o grupos sociales.

Komadina resalta que con la anulación del nuevo Código del Sistema Penal en absoluto se han resuelto los problemas. “La matriz de la polarización política actual es el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que habilita a una nueva reelección al presidente Morales”, por lo que cree que mientras este tema no encuentre una solución, va a mantenerse una tensión política, porque grandes sectores de bolivianos, tanto de las clases medias como de otros sectores populares, protestan. “Puede ser que el proyecto del presidente se imponga, pero lo que no se va a imponer es una situación de aceptación o legitimidad entre los bolivianos de esta decisión”. 

En criterio del analista, el MAS ha cometido un error estratégico, porque ha provocado la resistencia de la propia ciudadanía, que se autoconvoca a las manifestaciones. Con esto, el escenario va a ser muy difícil, porque después de este fallo estamos viviendo un antes y un después en el proceso de cambio, por lo que se estaría enfrentando un momento poshegemónico, porque si bien el “MAS ha tenido carta blanca para poder gobernar a lo largo de estos 12 años,  ahora ha surgido un contrapoder, que cuestiona las políticas del presidente, la legalidad de una nueva postulación, e indudablemente ha mostrado una fuerza social, por lo tanto, la coyuntura política va a ser extremadamente compleja y peligrosa”, advirtió, porque puede desatar violencia. 

Entre tanto, el constitucionalista Marco Baldivieso puntualiza que lo que se ha dado en Bolivia luego del 21-F y con la resolución del Tribunal Constitucional ha sido una vulneración a la Constitución  y se  han violado normas esenciales que protegen a los ciudadanos de quienes usufructúan el poder, por lo tanto lo que se vive es resultado de ese quebrantamiento y es responsabilidad de quien ha pretendido dejar sin efecto la Carta Magna. 

Dentro de su análisis normativo constitucional enumera tres principios que son reglas que  el constituyente permanente, que es el pueblo, ha establecido para definir nuestra forma de vida en lo político, social y todo lo demás, por lo tanto estas  deben ser obedecidas por las autoridades y por todos los bolivianos.  

La primera regla es el principio de supremacía constitucional  que propone que la CPE esté sobre cualquier otra norma o acuerdo político, lo que garantiza una certidumbre en una convivencia dentro del Estado de derecho. “Cualquier resolución y decisión contraria a la CPE no debe
aplicarse y no debe surtir ningún efecto jurídico”, apuntó.

El segundo es el  principio de soberanía popular, que establece que el pueblo es la máxima instancia de decisión, en este sentido define quiénes son los que van a gobernar y las autoridades están subordinadas a ese mandato. “Este es otro elemento que hay que considerar respecto al 21-F, en el que el pueblo sí ha emitido una decisión y nadie, dentro del Estado, puede contrariar la voluntad del pueblo soberano”, recalcó.

Y el tercer principio, de prohibición del monopolio del poder, es una regla muy fortalecida en la CPE. Explica que se ha demostrado históricamente que la concentración del poder, la hegemonía de una sola persona, un solo grupo o un solo partido siempre ha generado autoritarismo. “Nuestra Constitución ha establecido que los poderes no se pueden concentrar en una sola persona, en un solo grupo hegemónico ni en un solo partido político. Si el gobernante, que debiese dar ejemplo en el cumplimiento de las normas, ha quebrantado la CPE, estos principios básicos, entonces, esta es responsabilidad de quien no ha cumplido, de quien ha pretendido dejar sin efecto la propia Constitución”, apuntó.



 




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