Papeles de Panamá

INVESTIGACIÓN

EL DEBER es un aliado del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tras la publicación del capítulo boliviano de los Papeles de Panamá 


La filtración documental más grande y de mayor alcance en la historia del periodismo que puso en evidencia cómo líderes políticos, empresarios, figuras del fútbol, artistas y capos de la mafia, entre otros, hacían crecer sus fortunas en los paraísos fiscales -en los que trabajaba el bufete panameño Mossack y Fonseca- empezó una noche de 2015 con un mensaje anónimo y vio la luz el 3 de abril de 2016. Un año y medio después, el 29 de octubre de 2017, un equipo de EL DEBER abría el cerrojo de este mundo offshore en el que aparecían 274 bolivianos o extranjeros relacionados con el país. 

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Así fue el primer contacto de la fuente anónima que terminó proveyendo 2,7 terabytes de información a los periodistas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, quienes -en un acto de desprendimiento- lo compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y de eso modo trabajaron en sus propias historias unos 150 equipos de prensa de 79 países. El impacto fue sin precedentes: 150 investigaciones judiciales se iniciaron en más de 70 países, según el Centro para la Integridad Pública.

Entre los 2,7 terabytes se encontraban también los 15.460 correos electrónicos y documentos relacionados con Bolivia. El análisis de estos datos permitió conocer cómo, desde 1994 hasta 2015, 274 bolivianos acudieron a la firma panameña Mossack y Fonseca para que, bajo el más estricto anonimato, les provea sociedades offshore y, en otros casos, les asigne  un directorio de ‘hombres de papel’, entre otros servicios. 

Hasta el momento el aparato estatal, pese a que desde mayo de 2016 hasta septiembre de 2017 una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional se dedicó a investigar el tema, no ha procesado a ningún boliviano por este asunto. Solo se conoció, tras la presentación del informe, que la comisión legislativa recomendaba que unos 13 casos pasaran a ser investigados por la Fiscalía, Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y  Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Tampoco el proyecto de ley contra el mal uso de los paraísos fiscales ha pasado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como había anunciado esta comisión a finales de septiembre.

Los paraísos fiscales y las leyes

Los bolivianos (o extranjeros relacionados con Bolivia) que eligieron el anonimato para hacer crecer sus negocios, lo hicieron desde cinco paraísos fiscales: Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Nevada (EEUU), Hong Kong (China) y Reino Unido; sin embargo, el hecho de que hayan acudido a estas jurisdicciones extraterritoriales no es un delito en sí mismo, ni se constituye en un elemento probatorio, así lo explica el experto tributario Ciro Áñez.

Los que eligen abrir empresas pantallas y cuentas bancarias en el mundo offshore están en conflicto con la ley solo cuando no son capaces de demostrar el origen lícito del dinero que envían a los paraísos fiscales o cuando lo sacan vulnerando los controles gubernamentales. Áñez agrega que el delito a investigar, sin lugar a dudas, es la defraudación fiscal, pero quien debe hacerlo es el Ministerio Público y respetando el debido proceso. Otra institución a cargo de investigar este aspecto es el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Según el informe que esta institución remitió a la comisión legislativa, se conoció que de los 320 contribuyentes bolivianos relacionados directa o indirectamente con 95 sociedades offshore que aparecen en los Papeles de Panamá, el 13 de junio de 2016 ordenó, “en base a criterios de riesgo fiscal”, fiscalizar  a 13. El resultado de esta investigación aún no se conoce.

El diputado Manuel Canelas, que fungió como presidente de la comisión legislativa que investigó a los bolivianos relacionados con los Papeles de Panamá, señaló que la astucia de los que saben operar en el mundo offshore y unas instituciones poco acostumbradas a lidiar con este tema y, en algunas casos, la poca voluntad de las mismas, perforaron la capacidad de control del Estado, lo que generó el factor offshore en Bolivia. 

Desde 1994 hasta que Evo Morales llegó al poner, en 2006, Mossack y Fonseca solo había creado ocho sociedades pantallas para bolivianos, pero desde 2006 hasta 2015, esta cifra ascendió a 127. 

Los documentos filtrados también revelaron que la embajada de Bolivia en Panamá había puesto su firma y sello en documentos de 57 empresas offshore.

El compromiso con la investigación

Un equipo de periodistas, analistas de datos, programadores y desarrolladores del diario EL DEBER trabajaron durante un año en la extracción, organización y análisis de los datos. También revisó y registró los 15.460 correos electrónicos y documentos (desde otorgaciones de poder, acciones al portador, copias de pasaportes y pacto social de las empresas anónimas, entre otros) intercambiados entre los 23 bufetes (21 de Bolivia y dos extranjeros) que hicieron de nexo con Mossack y Fonseca.

La primera entrega de los Papeles de Panamá, Capítulo Bolivia, que EL DEBER hizo en alianza con el ICIJ y con el apoyo de la Plataforma periodística para las Américas Connectas, tuvo lugar el 29 de octubre. 

Marina Walker, subdirectora adjunta del ICIJ, indicó que los Papeles de Panamá hicieron un ‘clic’ en la sociedad y esto se tradujo en manifestaciones en las calles y en las redes sociales que pedían descorrer el velo de secretismo que protege a los paraísos fiscales. Investigaciones colaborativas, barco al que se subió EL DEBER, buscan generar conciencia ciudadana, señaló Walker.