En agosto de este año, el Gobierno Municipal de Roboré aprobó una ley declarando a esta pequeña comunidad indígena Patrimonio Histórico, Cultural, Turístico y Religioso

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17 de noviembre de 2018, 4:00 AM
17 de noviembre de 2018, 4:00 AM

Los pobladores de la comunidad indígena El Portón, ubicada en el municipio de Roboré, a unos 370 km de la capital cruceña, libran desde hace más de 10 años una batalla en los estrados judiciales en defensa de la propiedad de sus terrenos, pues aseguran que una persona ajena al lugar reclama el derecho propietario de 368 hectáreas, de las cuales 320 afectan a la comunidad.

El cacique Cecilio Baudoro, los comunarios Marlene Delgadillo y Ronny Zambrana, y el abogado Alfredo Chávez visitaron EL DEBER para informar sobre este conflicto, que se arrastra desde el 2006, cuando Pablo Lizarazu presentó acciones en la justicia para reclamar el derecho propietario del terreno.

Los comunarios dicen que no solo han tenido que vender sus animales y los alimentos que producen para costear los pasajes de traslado hasta las audiencias y otros gastos que demanda la defensa, sino que también sufren de amenazas y amedrentamiento.

Indican que en varias ocasiones la justicia no les ha favorecido, pese a tener documentos de propiedad emitidos en 1962 y títulos colectivos otorgados en 2001 por el entonces presidente de la República, Jorge Quiroga.

El Portón nació en 1946 como un campamento ferroviario instalado por la Comisión Mixta Bolivia-Brasil durante la construcción del ferrocarril. Los trabajadores llevaron hasta allí a sus familias y convirtieron el lugar en una comunidad. Al concluir los trabajos del ferrocarril, la comisión mixta se marchó del lugar, pero permanecieron los lugareños, que continuaron dedicándose a la crianza de animales y al trabajo de la tierra para producir maíz, yuca, frejol, sésamo, cítricos, etc.

Sin embargo, los destinos de esta comunidad se vieron afectados en enero de 1979, cuando una torrencial lluvia provocó deslizamientos de tierra, haciendo que el pueblo quedara sepultado por la mazamorra. A causa del desastre natural, 17 personas fallecieron y los supervivientes fueron evacuados y reubicados en San José. Algunos años después, 18 familias retornaron y levantaron a la comunidad, incluso gestionaron ante la Alcaldía la apertura de un camino hasta el lugar.

A raíz del conflicto por los terrenos, el camino que lleva a la comunidad fue cerrado en repetidas ocasiones y los letreros borrados. Frente a esa situación, la Alcaldía intervino y el 14 de agosto de este año aprobó una ley declarando Patrimonio Histórico, Cultural, Turístico y Religioso a El Portón, con la finalidad de asegurar su protección, conservación y promoción, considerando que el lugar es un potencial turístico, donde se practica alpinismo en sus elevadas serranías. Mientras tanto, el lío judicial continúa. Los pobladores aguardan que se consolide el derecho propietario de la comunidad.

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