300 funcionarios de las distintas reparticiones de la comuna cruceña recibieron sus respectivos memorandos de destitución. Las autoridades afirman que se trata de una reestructuración para reducir el personal al 10%

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25 de julio de 2018, 6:00 AM
25 de julio de 2018, 6:00 AM

Una ola de despidos, que afecta a 300 funcionarios del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, ha causado una crisis administrativa en distintas reparticiones de la comuna y ha dejado también en estado de shock a muchos afectados que ayer recibieron sus memorandos que los cesó intempestivamente en sus funciones y ha desatado protestas por el cierre de servicios.

El impacto de la medida se sintió poco antes del mediodía en las guarderías municipales, donde las ‘tías’ (encargadas de la atención de niños de padres trabajadores) llamaron a los papás para que acudan a estos centros a recogerlos antes de tiempo, pues el personal había sido cesado.

Las quejas de los padres no se hicieron esperar. En la guardería del barrio La Morita las madres tomaron el edificio en protesta por el despido del personal, pues se supo que han destituido a cerca de 200 personas de las 30 guarderías que funcionan en los 15 distritos. “Acá nos quedamos hasta que solucionen este problema”, dijo una madre del barrio La Morita.

Ambientes vacíos

En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia el servicio se redujo al mínimo y las oficinas lucían vacías. La mayoría de los empleados se encontraban en vigilia a la entrada del edificio, algunos con sus memorandos en mano, charlando y buscando explicaciones entre sí. Las pocas funcionarias que se salvaron de la ‘masacre blanca’ no ocultaban su desazón, incluso llegaron hasta las lágrimas al saber cesantes a sus colegas.

El 'memo' para algunos señalaba: “Comunica terminación de contrato de personal eventual (título). Agradeciendo la labor desempeñada en esta institución, debido a la reestructuración que se está llevando dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y de acuerdo a la cláusula 90 del contrato de personal eventual N.º 129/18, suscrito por su persona, que establece la terminación del contrato a sola comunicación expresa notificada legalmente por las siguientes causa: artículo 26 numeral 25 y/o artículo 29 numeral 15 de la ley 482 de gobiernos autónomos municipales”, reza el documento firmado por Teresa Lourdes Ardaya, secretaria municipal de recursos humanos, y Paúl Cortez, secretario de Desarrollo Humano.

Muchos usuarios, que acuden al lugar a sentar denuncias por abusos, a tramitar permisos de viajes para menores y a otros asuntos, se resignaron a volver otro día. “Vine a tramitar un permiso para viajar con mi bebé al Beni, pero no hay atención. Me han perjudicado porque mi vuelo estaba marcado para mañana y no podrá ser; encima tendré que pedir a la aerolínea que me reprograme la fecha del viaje”, lamentó Naya Cuéllar, madre de una niña de dos meses de edad.

Pronunciamiento

La funcionaria de la Defensoría Vanessa Cuéllar fue la voz de sus compañeros de trabajo ayer por la tarde. “En la oficina central de la Defensoría hemos sido despedidas unas 45 personas (son 60 funcionarios), pese a que la mayoría tenemos hijos. En los 15 distritos trabajan otras 100 personas atendiendo diversos servicios, sin contar las 30 guarderías donde han despedido a más de 200 personas, manifestó.

En las guarderías se benefician más de 1.700 niños y ahora están cerradas. En la jefatura del adulto mayor y personas con discapacidad, que tiene nueve centros, también hubo despidos. Otro programa que dependía de nosotros es el albergue municipal que no atenderá a las personas en situación de calle por falta de personal. Nosotros trabajamos los 365 días del año, sin sábados ni domingos; lo único que pedimos es estabilidad laboral”, manifestó Cuéllar.

Son 300 los despedidos

Todo ocurre en medio de un proceso de ‘reestructuración’ de la Alcaldía anunciado hace casi dos meses, cuando el secretario de Gestión informó de la reducción de 20 a 12 el número de las secretarías, lo que implicaría la reducción de personal.

La secretaria de Recursos Humanos, Teresa Lourdes Ardaya, salió a responder las consultas de los medios de prensa y confirmó que se decidió no renovar los contratos a 300 funcionarios, que representan el 10% del total del personal de la Alcaldía, cuyos contratos temporales ya fenecieron. “Dentro de la reestructuración del Ejecutivo hemos priorizado la inversión social frente al costo del personal”, expresó sin dar muchos detalles de la medida ni a cuánto asciende el ahorro económico que le significará a las arcas de la comuna.

Ardaya indicó que se está procediendo a una redistribución del personal, según el perfil, y aseguró que hoy todos los servicios estarán funcionando con normalidad. “No se está violando ningún derecho. Se está priorizando esa inversión social y la necesidad que tiene el vecino de contar con gente adecuada y con el perfil adecuado para cada puesto”, repitió Ardaya, al garantizar que hoy todos los servicios y guarderías que fueron afectadas con el recorte estarán funcionando con normalidad.

Consultada del por qué no se tomaron las previsiones para evitar los reclamos, como en el caso de las guarderías, respondió que “no existe tal situación, sino que a veces se trata de chicanería de gente que promociona esa situación. No es que se esté echando a todo el personal, mañana (por hoy) todas las guarderías y todos los programas que dependen de la Defensoría de la Niñez van a estar funcionando normalmente, simplemente que estamos viendo cuáles son los perfiles adecuados para que puedan ser ocupados en estos programas”, insistió. Ardaya descartó una crisis económica en la Alcaldía municipal.

Problemas por salud

Ayer por la mañana, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, indicó que se ha disminuido al personal, pero no las funciones ni las actividades. No obstante, reconoció que existe una gran carga en el sistema de salud que la Alcaldía, en los últimos tres años, ha absorbido Bs 270 millones, lo que no corresponde. “¿Dejamos a la gente sin salud o hacemos una disminución (de personal)?”, manifestó.

Según Sosa, el alcalde Percy Fernández ya envió una carta al presidente del Estado y al ministro de Salud, para que el Gobierno central asuma el monto.