Tres linchamientos en dos días estremecen a Bolivia

El país se bañó de sangre, violencia y justicia por mano propia en dos días, en dos regiones distintas, con el saldo trágico de tres personas asesinadas. La madrugada del martes fue colgado en la plaza principal de San Julián el brasileño Vinicius Chagas Maciel (32), sindicado de haber intentado atracar con un arma de fuego a un agricultor soyero cuando llegaba a su casa; ayer, dos jóvenes, de 17 y 19 años, fueron apedreados hasta acabar con su vida luego de ser sindicados de asaltar un vehículo.

En ambas situaciones de descontrol social hubo un común denominador, la falta de fuerza del Estado a través de la Policía, para contener movimientos como los suscitados y que buscan hacer justicia por mano propia.

Ante estas situaciones, el Ministerio de Gobierno, cabeza de la Policía, no se ha pronunciado para dar una versión sobre la falta de apoyo que los agentes han hecho observar en ambos casos, ya que en San Julián los policías no pudieron llegar hasta el lugar donde ahorcaron a Vinicius por el escaso número de uniformados que acudieron al sitio y en el caso de Uncía, la turba fue más fuerte y numerosa que las autoridades, ya que se los arrancaron de las manos para matarlos.

EL DEBER logró contactarse con el viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina, dependiente del Ministerio de Justicia, Gilvio Anayo Caricari, quien se limitó a indicar que estaban recopilando información sobre lo sucedido en Uncía y explicó que, hasta no tener estos datos, no podía pronunciarse sobre lo ocurrido o, al menos, señalar si esta acción puede ser considerada justicia comunitaria.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió a las autoridades una rápida sánción e investigación para esclarecer las muertes ocurridas en San Julián y Uncía. “No podemos permitir que se haga justicia por mano propia”, indicó.

Descontrol total

Los dos jóvenes que fueron asesinados en el municipio de Uncía fueron identificados como Álex Q. N. (19) y José Luis I. C. (17). Ambos habían sido detenidos por la Policía, luego de haber robado un vehículo Toyota, tipo Noah, color blanco, sin placas de control, que habría ingresado de forma irregular al país.

El asalto del que fueron sindicados y detenidos los dos jóvenes por la Policía ocurrió alrededor del mediodía del martes 20 de noviembre, cuando el rodado estaba circulando sobre la carretera Diagonal Jaime Mendoza.

De acuerdo con un reporte del periodista Juan Serrano, de Radio Reflejos, para EL DEBER, algunos comunarios indicaron que los dos jóvenes solicitaron un aventón hasta un determinado punto al conductor del vehículo que luego robaron. El chofer del motorizado accedió al pedido de los muchachos, pero sus eventuales pasajeros lo agredieron, le quitaron el rodado y emprendieron la fuga por la ruta que conduce hacia el departamento de Cochabamba.

La Policía, en uno de sus puestos de control en la ruta, logró capturar a los jóvenes cuando pasaban por los municipios de Caripuyo y Sacaca, que son parte de la provincia Alonso de Ibáñez del departamento de Potosí.

La madrugada del miércoles, una vez que los agentes verificaron el hecho y los jóvenes quedaron formalmente aprehendidos, ambos fueron trasladados por la Policía hasta el municipio de Chayanta, que forma parte de la provincia Rafael Bustillo, en el norte potosino.

Luego los llevaron hasta las celdas judiciales que están en la cárcel de Uncía, que se encuentra en el municipio del mismo nombre. Allí, los comunarios, enterados de su presencia, exigieron a las autoridades policiales y del Ministerio Público, ya que había tomado conocimiento del caso, que les tomaran las declaraciones sobre lo ocurrido de manera pública, fuera de las oficinas del centro penitenciario donde estaban ambos detenidos.

Debido a la turba que se había reunido en las afueras del centro penitenciario y pese a que los policías que cuidan el reclusorio trataron de dar garantías a la fiscal Mónica Correa, que estaba a cargo de las diligencias preliminares del hecho, la violencia se desató cuando la autoridad pidió que dejaran que ellos volvieran a ingresar a la cárcel para que fueran cautelados por el presunto delito de robo.

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en que la fiscal Correa les pide a las autoridades originarias que los “dejen ingresar al penal (a los jóvenes) en el mismo estado en que se encuentran (ambos muchachos se veían sanos y sin muestras de agresión física)”. Sin embargo, el video solo alcanza a mostrar cuando la muchedumbre grita que no y una voz que pedía silencio a los compañeros.

Luego, por versiones policiales, de la fiscal Correa y del coordinador regional defensorial de Llallagua, Gabriel Colque, la turba se tornó violenta y comenzó a apedrear a los jóvenes, que estaban de espaldas a una de las murallas del centro penitenciario y tenían las manos enmanilladas.

El ataque fue mortal, ya que las pedradas acabaron causando graves lesiones en la cabeza de ambos detenidos; pese a que la Policía salió desde la cárcel en su defensa y lanzó gases lacrimógenos, la turba se resistió a retirarse del sitio hasta ver que yacían sin vida.

Las imágenes que han circulado del trágico hecho muestran a los jóvenes resguardados por los policías tirados desangrándose en el piso frente a sus asesinos y con los torsos descubiertos, y ya sin las manillas que los tenían unidos en sus horas finales, tirados en la tierra con las cabezas ensangrentadas.

Los cadáveres fueron llevados a la morgue del hospital Madre Obrera, de Llallagua.

El representante nacional de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos, exhortó al respeto por la vida y denunció que vanos fueron los intentos de las autoridades policiales y defensoriales para evitar la violencia. La Fiscalía envió una comisión para investigar lo ocurrido desde Sucre.