Teófila Aramayo y Ángel Coca son pareja, hace más de 10 años se asentaron en la comunidad San Miguel de los Junos, perteneciente al antiguo cantón Paurito, hoy distrito municipal 14 de Santa Cruz de la Sierra. Ambas personas tienen cifradas sus esperanzas en la promesa de que la construcción del Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos, con un costo de Bs 37.455.997 y que ya fue adjudicado a empresas, les devolverá las fuentes de trabajo que hace varios años han desaparecido debido a la venta de lotes para urbanizaciones, que han borrado del mapa las fincas, las pequeñas estancias y las granjas de pollos.

En agosto la comuna propició una consulta entre las 300 familias que viven en el área dispersa, incluidas las comunidades Usurí y Santa Fe, las cuales aceptaron que se asiente el relleno sanitario a cambio del ensanchamiento y pavimentación del camino que ahora está en mal estado, el cual se torna casi intransitable en cada lluvia que cae.

“Estamos solo a 13 km de la ciudad y es una odisea llegar a ella por el mal estado del camino, por eso hemos accedido que la Alcaldía establezca cerca de la comunidad el vertedero, obra que debe comenzar a ejecutarse en noviembre, pero no vemos nada”, manifestó Abraham Casanovas, presidente del Sindicato Agrario San Miguel de los Junos.

Otra de las promesas hechas por la municipalidad es la aprobación de los títulos de propiedad de las parcelas de los vecinos, las cuales no están en regla, y así serán parte de la mancha urbana de Paurito.

“Hemos pedido un nuevo centro de salud, más amplio, y un nuevo edificio para la escuela, pues como padres es nuestro sueño velar porque nuestros hijos pasen clases dignamente”, acotó Casanovas, que también espera que la Alcaldía use como mano de obra a los vecinos.

Instalaciones

La licitación pública nacional para la construcción de este complejo de disposición final de la basura fue dada a conocer en agosto a través del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Para ello se elaboraron cuatro paquetes diferentes de obras, de acuerdo a la modalidad del servicio.

“Se dividió en la construcción del relleno sanitario, en la construcción del cierre perimetral, en la ejecución del ingreso de vías internas y drenaje pluvial, y, por último, la construcción de la infraestructura administrativa de soporte, pero la última fue declarada desierta porque no se presentaron proponentes”, refirió Johnny Bowles, gerente de la Empresa de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz).

“Los tres primeros paquetes fueron adjudicados mediante la Resolución Administrativa 04/2018, firmando contrato con las empresas Asociación Accidental DRJ & SMA, Galvacruz SRL y Constructora Adesa SA. Estas obras serán la fase inicial, las cuales son suficientes para comenzar las operaciones de entierro sanitario”, agregó Bowles.

Para apurar la ejecución del proyecto la Alcaldía declaró los terrenos elegidos, situados en el D-14, como necesidad y utilidad pública para ser expropiados; además para resguardar el área circundante que será parte de la protección ambiental.

“Este complejo de tratamiento de residuos tendrá una vida útil de 30 años; en él se realizará el entierro sanitario de residuos sólidos domiciliarios y asimilables procedentes de viviendas, hospitales y centros de salud solo del municipio de Santa Cruz de la Sierra”, acotó Bowles.

Licencia

El 25 de septiembre fue aprobada la licencia ambiental por parte de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de la Gobernación, con la que se da luz verde para proceder a ejecutar el nuevo relleno sanitario.

Según la Alcaldía, por estrategia, con anticipación no se dio a conocer el lugar escogido para evitar que los propietarios de los predios aledaños procedan a urbanizarlos, como una forma de oposición al vertedero, pues además se conoce que en las leyes ambientales nacionales, regionales y municipales, no pueden haber asentamientos humanos en un radio de 1.000 metros de la zona establecida.

“En 2016 la comuna inició el trámite de la licencia ambiental, pero la primera vez fue rechazada porque el campo elegido estaba al lado de la urbanización Urupé y por encontrarse en un lugar en litigio territorial con el municipio de Cotoca. La segunda alternativa era por la zona de San Miguel de los Junos, la cual cumplía con todas las exigencias ambientales, por lo que fue autorizada”, explicó Éricka Plata, directora de Calidad Ambiental de la Gobernación.

La licencia ambiental tiene categoría dos, la cual exige la presentación del estudio de impacto ambiental y analítico-específico. “Con la licencia aprobada la Gobernación solo pide a la Alcaldía que les envíe una comunicación del inicio de las obras, luego habrá una serie de inspecciones para cuidar que se cumplan las especificaciones”, añadió Plata.

Además, la licencia aprobada es para un predio de 199,85 hectáreas, de las cuales 114,38 hectáreas estarán destinadas para las fosas de entierro, para el tratamiento de lixiviados y para las instalaciones de los equipos, pues se trata de un complejo de tratamiento de residuos.

“El alcance operativo del relleno será de 114,38 hectáreas, también se contempla 60 hectáreas para un cordón o resguardo ecológico; asimismo, la comuna no debe permitir la aparición de urbanizaciones ni otros asentamientos urbanos en un radio de un kilómetro”, especificó Mauricio López, experto en control y seguimiento ambiental de la Gobernación.

Éricka Plata recordó que por sugerencia del Banco Mundial debía establecerse un relleno metropolitano, que incluya la basura generada en los municipios vecinos de Warnes, Porongo, La Guardia, El Torno y Cotoca, pero hubo cuestionamientos porque el principal generador de basura, y a la vez el más beneficiado, será Santa Cruz de la Sierra, por lo que comenzaron a desmarcarse y elaborar sus propios proyectos de vertederos. “La Gobernación propició las reuniones entre los municipios, incluso se hizo un estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA), pero no prosperó”, reveló Plata.