Sosa asegura que no se anuló la facultad de fiscalización del Concejo y que los munícipes hacen inspecciones oculares

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28 de mayo de 2018, 4:00 AM
28 de mayo de 2018, 4:00 AM

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, minimizó las críticas que hacen algunos analistas y exconcejales, y afirma que el fondo de los cuestionamientos es la molestia porque una mujer está trabajando para consolidar los cambios de la ciudad y que, a su entender, ha sido abandonada por los viejos políticos. Negó haber participado en operativos del Ejecutivo y aclaró que su presencia fue para verificar que el personal del ejecutivo realice sus tareas en el marco de la legalidad.

“Les molesta que una mujer trabaje políticamente en lograr el cambio de una ciudad abandonada por los viejos políticos  al lado del mejor alcalde del país”, fue parte de la respuesta escrita que dio la titular del poder legislativo a las consultas que hizo EL DEBER sobre las observaciones que recibe su administración en el Legislativo.

Sosa descartó que esté cometiendo injerencia en los asuntos del Ejecutivo, pues dice que no se inmiscuye en la redacción de proyectos de decretos, reglamentos, manual o cualquier norma administrativa y explicó que, entre junio de 2017 y mayo de 2018, se emitieron 274 peticiones de informes escritos, 119  minutas de comunicación, pero además, cada uno de los concejales, incluida ella, realiza inspecciones oculares a las obras y servicios públicos que están en ejecución con la finalidad de que se cumpla la normativa legal.

“En el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra como en ningún otro, se aplica a cabalidad el principio de independencia y separación de poderes”, dice otra parte del texto de la respuesta que dio la arquitecta Sosa y explica que la ley autonómica relacionada a la aprobación y fiscalización de contratos se enmarca en la declaración constitucional 0001/2013 del Tribunal Constitucional, por lo que el Legislativo municipal, no puede constituirse en control previo en los procesos de contratación de contratos. 

Aclara, además, que esa figura legal, no anula la facultad fiscalizadora del Concejo y como prueba de ello, afirma que entre junio de 2017 y mayo de 2018, se cursaron 59 peticiones de informes escritos y 10 minutas de comunicación relacionados con procesos de contratación y ejecución de contratos. “No sé cómo actuarían en anteriores gestiones, pero la mía no es una función de escritorio o de abandonarme a la burocracia, soy arquitecta de profesión y estoy cumpliendo mis funciones de legisladora y fiscalizadora”, manifestó para luego agregar que hace seguimiento para que se cumplan las normas que regulan el plan de ordenamiento y traslado de los mercados.