El trabajo de voluntarios que lo ayudaron a dejar la calle se echa a perder por la falta de un informe de la Defensoría y una acción irregular del centro de menores

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12 de noviembre de 2018, 5:00 AM
12 de noviembre de 2018, 5:00 AM

El adolescente de 14 años, Pepe (nombre ficticio), fue convencido por un grupo de voluntarios a dejar la calle y el consumo de clefa y se internó voluntariamente en un hogar de menores el 4 de julio de este año. Pepe se estaba dedicando al deporte y varias personas e instituciones lo estaban ayudando en su desintoxicación, nutrición y respaldo sicológico.

Sin embargo, luego de tres meses de estar rehabilitándose, los voluntarios se sorprendieron al acudir al hogar y recibir la noticia de parte del sacerdote que lo administra, de que el padre de Pepe se lo había llevado a su casa aduciendo que su abuelita estaba enferma y que no se le podía negar ese derecho al progenitor.

Esta salida, que se dio el 18 de octubre, fue ilegal, dado que el caso de Pepe estaba radicado en un juzgado de la niñez y adolescencia y, por lo tanto, si el padre del menor quería retirarlo por cualquier motivo, debía solicitar permiso a ese juzgado.

Además, los voluntarios conocen que el entorno familiar de Pepe no es el adecuado para la rehabilitación, dado que por muchos años el menor estaba viviendo en la calle y en el informe que tiene el juzgado sobre su situación, se señala que el menor no había visto a su padre hacía más de un año.

EL DEBER buscó la posición del Servicio de Políticas Sociales (Sedepos) puesto que el hogar en cuestión es uno de los que trabaja en convenio con la Gobernación. El 26 de octubre, a través de Vanessa Bermúdez, responsable del Programa de niños y adolescentes en situación de calle, se obtuvo como respuesta que las salidas eran responsabilidad del director del hogar.

Al consultarle si la Gobernación conocía del permiso a Pepe, respondió: “sí, tenemos que saberlo, pero es responsabilidad del hogar. La preocupación de esta persona (Pepe) era por la enfermedad de su abuela (...) no se puede coartar la vinculación familiar y eso fue lo que pasó con Pepe; imagino que él estuvo todo este tiempo solicitando ese permiso”.

Sobre la fecha en que fenecía el permiso, Bermúdez afirmó: “sabemos del permiso de Pepe. Hasta ahí puedo darle la información”.

Cinco días después de esas declaraciones, el 31 de octubre, el hogar informó al juzgado donde radica el caso, que Pepe había abandonado el programa de rehabilitación. Los voluntarios conocieron que el 1 de noviembre, el adolescente fue al hogar a recoger sus pertenencias.

Consultada sobre los protocolos para la salida de un menor que está internado en un hogar, la jueza de la Niñez y Adolescencia Shirley Becerra, indicó que ya sea para un menor siga bajo tutela de sus padres o haya pasado a tutela del Estado, cuando el caso ya está en conocimiento de un juzgado, si los padres aparecen y quieren retirarlo, deben hacerlo con una orden judicial.

Defensoría no completó informe

Para el caso de Pepe, así como para cualquier otro que ingresa a un hogar de menores, el juzgado que conoce el caso tiene 30 días para determinar el acogimiento circunstancial del menor o el temporal (bajo tutela del Estado). En el caso de Pepe, la Defensoría presentó un informe al juzgado en que señalaba las condiciones en que el adolescente se había presentado acompañado de personas voluntarias, su historial de dos internaciones y dos abandonos anteriores a su ingreso del 4 de julio de este año. Sobre su situación de riesgo, se detalla que se encontraba en situación de calle desde los ocho años y que consumía clefa.

Así lo certificó la abogada de la Defensoría, Teresa Silva, quien explicó que se solicitó al juzgado que el menor ingrese al hogar con acogimiento temporal, es decir, bajo tutela del Estado.

Sin embargo, Bermúdez expresó que para que el menor pase a la tutela del Estado, la Defensoría debe realizar una investigación sobre la situación de la familia del menor, para ver si las condiciones están dadas para ser reinsertado a su familia de origen o a su familia ampliada (parientes) o por el contrario, se trata de un ambiente ‘tóxico’ por factores como violencia, consumo de alcohol y drogas, abandono u otros.

Sin embargo, en los tres meses que Pepe estuvo rehabilitándose en el hogar, el juzgado no recibió de parte de la Defensoría ese informe, el cual es esencial para dictaminar que Pepe pase a estar bajo tutela del Estado.

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