SANTA CRUZ

Presentan acusación formal contra Costas por compra de 40 camionetas


También son acusados los secretarios Roly Aguilera y José Luis Parada. Los presuntos delitos son malversación, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, fue acusado formalmente ante la Fiscalía

10/10/2016

El Ministerio Público presentó una acusación formal este lunes ante la justicia en contra del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas y varios de sus colaboradores por la comisión de los supuestos delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso de la adquisición de 40 camionetas. 

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó a través de un boletín de prensa que la acusación fue formalizada ante el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar e incluye a los secretarios Roly Aguilera y José Luis Parada Rivera.

También fueron acusados
por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica otras dos personas. 

“La acusación está firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Yván Ortiz Tristán e Iván Quintanilla Calvimontes de la Fiscalía Departamental en el marco de la investigación del caso 40 camionetas”, explicó el fiscal departamental Gomer Padilla Jaro.

El caso


La Fiscalía acusa al gobernador de haber ordenado la compra de 40 camionetas doble cabina con un costo que supera los 6 millones de bolivianos con un presupuesto que en realidad estaba destinado a la adquisición de 2 camionetas, una vagoneta y 20 motocicletas que iban a trabajar en tareas de seguridad ciudadana y otras emergencias,

Esta adquisición había sido aprobada en el Plan Operativo Anual para 2007 pero fue descartada por orden del entonces prefecto del departamento. 

“En la investigación, también se pudo establecer que no se contempló la compra de vehículos que tenían como finalidad atender emergencias y desastres en la ciudad, ya que no podían ejecutar esos recursos que no estaban contemplados en su presupuesto y en su POA, vulnerando el uso correcto de los recursos estatales”, manifestó a su turno el Fiscal Osvaldo Dante Tejerina.

Según señala la Fiscalía, después la Gobernación trató de justificar esa compra en el decreto supremo Nº 29013 de 18 de enero de 2007, que declaraba emergencia nacional por los desastres naturales ocasionados por los fenómenos del Niño.

Las 40 camionetas fueron transferidas a unidades organizacionales de la entonces Prefectura "que no tienen ninguna relación con seguridad ciudadana ni con atención de desastres", señala una nota de la Fiscalía. 



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