SANTA CRUZ

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Más cobros ilegales acorralan a la Alcaldía


Una dependiente de la SER y un exfuncionario cobraron, bajo presión, a tres tiendas de barrio para tramitar sus licencias. Crapuzzi los acusó de sonsacar plata. La comuna despidió a la funcionaria 

En pleno ajuste al gabinete sale a la luz un tercer caso de corrupción que afecta a la Alcaldía. La vendedora Santusa Villka exhibe el acta de compromiso que le firmaron los cobradores . Foto: Clovis de la Jaille

17/02/2017

Es el tercer caso de cobros ilegales que golpea a la Alcaldía cruceña en menos de tres semanas. Los dueños de tres tienditas del barrio Onduline Tres, sobre la radial 10 y entre octavo y noveno anillo, han ofrecido ayer testimonios e indicios verificables de otra acusación que recae sobre la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), en medio del ‘ajuste’ al gabinete que anunció el alcalde Percy Fernández la semana anterior. 


La denuncia, en inicio, la lanzó Mirna Yanet Ontiveros Coca y su esposo, dueños de la tienda  Mirna, a través de la red Unitel ayer a mediodía. La vendedora reveló un acta de compromiso que lleva el logotipo de SER, un sello a nombre del Departamento de Patentes y la firma de Jorge Brun, supuesto funcionario municipal, que, junto a Dora Vásquez y otra mujer llamada Yudith, pidieron Bs 2.000 para los trámites de la licencia de funcionamiento.


Los cobradores a domicilio recibieron Bs 500, dejando dicho que el saldo se cancelaría al entregar el permiso, teniendo como garantía el acta de compromiso donde se anotó el monto pagado y el adeudado. 
“Si no tiene licencia, ¿sabía usted que se lo podemos clausurar?”, contó Ontiveros que le advirtió una de las mujeres, a manera de presión, antes de sugerirle que ellos podían ayudarles si les daba Bs 2.000. Ontiveros grabó todo en un video: los rostros de los supuestos funcionarios, uniformes y credenciales.


Como este testimonio, en el mismo barrio, ayer EL DEBER recogió otros dos de vendedores que hicieron pagos a las mismas personas, bajo la amenaza de clausura y que recibieron actas de compromiso para entregar los trámites municipales.

La reacción de la Alcaldía
El nuevo caso movilizó a la Alcaldía. Acorralada por dos acusaciones de cobros ilegales, como en el caso El Antojito, que golpeó al despacho de José Negrete, secretario de Asuntos Jurídicos y Control Público, y el caso de la cuadrilla de 10 personas de una empresa que hacía cobros extorsivos a negocios de la ciudad, supuestamente a nombre del despacho de Joaquín Crapuzzi, ayer, tras la nueva acusación, Jorge Landívar, secretario de Comunicación, dijo que se estaba recabando información para hacer la denuncia a la Fiscalía y que Silvia Arispe, secretaria municipal de Transparencia, atendería las consultas del caso.   


Arispe puso la cara. Explicó que Dora Vásquez Rivera, acusada por Ontiveros, sí era funcionaria del municipio y que tenía un contrato como ‘asistente B’ en el Departamento de Fiscalización de la SER. Hasta que ayer en la tarde el alcalde la despidió, según un memorándum.  


Sobre Jorge Alberto Brun Garrido, Arispe negó que tenga relación laboral con la comuna, citando datos de la Dirección de Recursos Humanos. EL DEBER hizo notar a Arispe que la Contraloría registraba la última declaración jurada de Brun en 2011, como funcionario de la Alcaldía, a lo que respondió que el acusado fue funcionario eventual hasta el 31 de diciembre de 2016, menos de dos meses atrás. Sobre la mujer llamada Yudith, nadie explicó.


Arispe resaltó que la Alcaldía reaccionó rápido, que se despidió a la funcionaria en falta, que se hará procesos sumarios, aunque no detalló si habrá denuncia en la Fiscalía. 
Crapuzzi no se quedó callado. “Ellos (los acusados) van a los locales y hacen abuso del cargo que tienen. Ellos no sacan la licencia. Van y dan el trámite a uno de los tantos tramitadores. La licencia no es falsa. Lo ilegal es que le han sonsacado la plata a la gente”, explicó Crapuzzi, vía teléfono. “Cualquier pago que no se haga en la cooperativa no es válido”, advirtió. Aunque no identificó nombres, Crapuzzi dijo que percibe que alguien quiere hacer daño, pues él logró la cifra récord de recaudación de Bs 977 millones, según el Anuario Municipal 2016. 
“No permitamos que nadie abuse de nuestra persona porque todo es a nombre de Angélica y a nombre de Percy. Se los vuelvo a indicar, voy a hacer la más drástica en sancionar estas cosas”, dijo ayer Angélica Sosa, presidenta del Concejo, respecto a los casos de corrupción.


Citando la norma, Arispe recordó que ningún funcionario o tercero puede hacer cobros a domicilio para los trámites de cualquier repartición municipal, porque eso es ilegal. Los interesados deben ir a las oficinas de la SER a solicitar la licencia y, luego de pagar en una cuenta municipal, se debe adquirir en ventanilla los valorados: unos Bs 55 por cada timbre y Bs 5 por la carátula.

Otros casos de cobros
Santusa Villka, otra víctimas, denunció que el jueves de la semana pasada varias tiendas de su barrio fueron sorprendidas por tres supuestos funcionarios de la Alcaldía: un hombre que se presentaba con el nombre de Jorge y dos mujeres. Al llegar los amenazaron con clausurar sus negocios si es que en 24 horas no iniciaban los trámites de la licencia. 


“Nos dieron dos opciones, que nos apersonemos a las oficinas de SER o que en ese mismo momento paguemos Bs 500, como una cuota inicial para que ellos nos hagan el trámite, cuyo costo total sería de Bs 2.000. El resto (Bs 1.500) debíamos pagarlo una vez la licencia esté lista”, relató Villka. La mujer contó que por temor a la clausura su esposo, Pedro Mamani, accedió al pago.


Como comprobante, los funcionarios le entregaron un  acta de compromiso. Luego, dijeron que volverían con el documento, promesa que cumplieron el lunes. “En ese momento no tenía el resto del dinero, por lo que se llevaron la licencia. No es justo que se aprovechen así. Nosotros ganamos centavos y este es nuestro único sustento”, expresó Villka.


Álvaro Espinoza, propietario de otra pulpería, contó que entregó Bs 1.000 a las mismas personas, pero que el lunes le devolvieron el dinero, indicando que el trámite no pudo ser realizado porque las oficinas de la SER fueron intervenidas por la Fiscalía. “Yo los estuve llamando todo el tiempo y creo que, ante tanta presión, me devolvieron el dinero”, contó 



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