Llueven críticas a la labor de fiscalización del Concejo Municipal

En medio de las denuncias por supuestos sobreprecios y despilfarros en las compras de bandas distintivas para los concejales y de banderas, en la firma de contratos para el mantenimiento de fuentes de agua y la difusión de publicidad en espacios públicos, entre otros, la labor de fiscalización de los concejales está siendo duramente cuestionada por ciudadanos y políticos de la oposición.

En respuesta a las críticas, los aludidos aseguran que cumplen su función y que siguen de cerca el trabajo del Ejecutivo municipal, pero aclaran que el legislativo ya no aprueba los contratos, como en anteriores gestiones.

No obstante, estas aseveraciones no convencen a los que cuestionan el trabajo de los legisladores.

El urbanista Fernando Prado recuerda, además, que el Concejo Municipal cruceño, cuya labor es fiscalizar y legislar de los asuntos de la ciudad, “nos cuesta 50 millones de bolivianos al año”.

Precisamente, desde 2017 el legislativo ha venido manejando un presupuesto de Bs 46,34 millones anuales. En el POA 2019 se aprobó un techo presupuestario similar (Bs 46.346.868).

De acuerdo con la explicación de la secretaria de Administración y Finanzas del Concejo, Paola Durán, este monto es similar a la gestión 2018 y se reduce en un 15% en relación a 2015.

El exconcejal José Quiroz (MAS) también critica el papel de los concejales. Él considera que la falta de fiscalización ocurre por una especie de “alianza por pegas” que existe al interior del gobierno municipal, y que si la Contraloría General pidiera un informe, descubriría el nepotismo que hay.

¿Cómo trabajan?

El concejal secretario, Franz Sucre, de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT), observa el hecho de que las críticas hayan salido de políticos de otros departamentos que, según él, buscan protagonismo.

Sucre asegura que cumple su función, porque constantemente pide informes al Ejecutivo y sale a los barrios para ver el avance de las obras. Comenta que en algunos casos se valen del asesoramiento de profesionales entendidos.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, en las sesiones públicas, ha indicado que las denuncias son parte de una guerra sucia para desprestigiar a la gestión municipal. No obstante, asegura que no les temblará el pulso para investigar cualquier irregularidad que sea debidamente denunciada, garantizando el debido proceso.

En la misma línea, la concejala Loreto Moreno (SPT) asegura que fiscaliza todo lo que tiene que ver con la planificación y la ejecución de obras. “Nos han apuntado por este tema (compra de bandas) diciendo que no fiscalizamos, pero quiero señalar que ese es un procedimiento administrativo de compras menores, por eso existe una máxima autoridad administrativa del Concejo Municipal. No estoy en un cargo para encubrir o apañar los malos actos. Los contratos no vienen al Concejo”, manifestó.

A criterio de Moreno, los cuestionamientos de algunos exconcejales surgen porque siguen pensando que el actual legislativo aprueba contratos, como sucedía antes, cuando por el Concejo “desfilaban las empresas para suplicar que les aprueben sus contratos, pero ahora nos limitamos a revisar e inspeccionar las obras. Los contratos solo nos llegan para conocimiento y para que hagamos la fiscalización”, subrayó.

Sobre el tema, el concejal del MAS Tito Sanjinez recordó que en anteriores gestiones el trabajo del Concejo era diferente y cambió cuando salió una sentencia constitucional que indicó que en el gobierno municipal hay dos poderes (ejecutivo y legislativo) diferentes que no pueden estar vinculados. En ese marco, mediante una ley municipal se dispuso que los contratos de obras, bienes y servicios no requieren ser aprobados por el Concejo. “He pedido la modificación de la ley de contratos y convenios, porque he visto que en otros concejos les derivan contratos hasta cierto monto. A nosotros no nos llega ninguno”, dijo.

Sanjinez aclara una vez más que no tienen ningún acuerdo político con Santa Cruz Para Todos, y que el hecho de que coincidan en algunas posiciones es solo por el trabajo. “La tendencia de nuestra bancada no es estar en sintonía con los de oposición; cuando los de UN o Demócratas salen a criticar al alcalde, están en su derecho, pero nosotros tenemos nuestro estilo y no es el de manejar el mismo discurso que la derecha usa para atacar a la gestión municipal”, indicó.

Con respecto a las críticas que salieron de la misma fila del MAS en sentido de que los concejales de ese partido no cumplen su labor fiscalizadora, dijo que se trata de un grupo que se ha separado de la estructura política y no acude a las reuniones del partido, donde dos veces al año se rinde informes a las bases, y la documentación se envía a los dirigentes del MAS, con copia al presidente Evo Morales.

A su vez, Jesús Cahuana, que está en más de una gestión en el órgano deliberante, señala que reciben informes del Ejecutivo municipal y que en el presupuesto que aprueban se indica lo que se va a hacer o comprar. “En muchas oportunidades vamos a verificar las obras, elevamos informes y pasamos minuta de comunicación al ejecutivo”, apuntó.

Cahuana también explicó que los concejales trabajan de acuerdo con la comisión de la que forman parte. En su caso, está involucrado en el tema de mercados, por eso se lo vio durante el traslado de los comerciantes de La Ramada.

Rol opositor

En las sesiones las voces de los concejales de UCS, Johnny Fernández y Rosario Schamisseddine, son las que saltan para hacer observaciones. Eso se pudo notar en la sesión del martes donde se aprobó el Programa Operativo Anual 2019. Los únicos dos votos disidentes fueron de ellos, mientras que los otros nueve votaron en favor de la aprobación. Asumir esta postura les significó recibir abucheos de personas (allegados de SPT) que asistieron a la sesión. “Tenemos al mejor alcalde, seis veces alcalde”, expresó Franz Sucre en esa sesión.

La concejala Martha Campos (SPT), recientemente posesionada en reemplazo del extinto Rommel Pórcel, cuestionó a Fernández y Schamisseddine señalando que “ellos se ocupan solo de criticar”.

Fernández indicó que fiscalizar no es estar detrás del Ejecutivo, sinio verificar la realización de obras.

Días atrás, el alcalde Percy Fernández respondió a un cuestionario de EL DEBER donde no solo respalda la decisión del Concejo de derivar el tema de las denuncias por la compra de bandas a auditoría interna, sino que dijo que las denuncias, sea de ciudadanos o de políticos, no son denuncias hasta que no se formalizan ante el alcalde, el Concejo y la Fiscalía.

Ven que la prebenda frena el control en el Legislativo

Opinan que no hay independencia entre el legislativo y el ejecutivo municipal

A pesar de que al interior del Concejo se asegura que no existen acuerdos políticos por pegas, analistas y exconcejales consultados por EL DEBER creen que la prebenda no permite la fiscalización en el gobierno municipal. El analista Manfredo Bravo parte de la teoría de que para que se haga una adecuada fiscalización tiene que haber independencia de poderes, situación que no existe porque en el gobierno municipal se ha llegado a construir un sistema de gobernabilidad en el marco de “alianzas por cuotas de poder”.

Para Bravo, “se ha hecho un reparto de la torta, donde todos se benefician y no hay un rol objetivo de oposición a la labor que hace el Ejecutivo; tampoco del Control Social, porque “se ha prebendalizado la gestión municipal”.

El exconcejal Saúl Ávalos (MAS) considera que el hecho de que los contratos no vayan al Concejo no es un impedimento para fiscalizar. Recordó que en la anterior gestión municipal se hizo la ley para ese procedimiento, a la cual él se opuso. “Hay prebendas que impiden que los concejales actúen de manera independiente al ejecutivo”.

El exconcejal Bismarck Kreidler cree que al no aprobar el Concejo los contratos, el Ejecutivo es el responsable de los buenos o malos manejos. No obstante, lamenta algunos procedimientos asumidos la comuna como la compra de bandas, a costos elevados, y que por este tema se haya suspendido a funcionarios de bajo rango y no las cabezas, que son responsables directos.

EL PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 2019

TECHO PRESUPUESTARIO

En 2019, el gobierno municipal de Santa Cruz manejará un presupuesto de Bs 3.717.666.417, de los cuales Bs 46.346.858 los manejará el Concejo Municipal.

SERVICIOS

Para sueldos, pago de bonos, dietas y aportes patronales el Concejo tiene presupuestado un poco más de Bs 25 millones.

SERVICIOS NO PERSONALES

Para el pago de servicios básicos, alquiler de edificios, lavandería, limpieza, telefonía, pago de pasajes y viáticos, publicidad, mantenimiento y reparación de inmuebles y vehículos, Bs 17,98 millones (38,8%).

MATERIALES Y SUMINISTROS

El monto global para esta partida asciende a Bs 1,77 millones (3,83%). En este grupo hay Bs 250.000 destinados para gastos en la adquisición de insignias, cruz potenzada y medallas, para la condecoración a personalidades e instituciones. También hay Bs 100.000 para gastos en la adquisición de carpetas de cuero para la entrega de resoluciones municipales de distinción.

ACTIVOS REALES

En este grupo hay asignados Bs 580.000 (0,01%). El dinero estará destinado a compras de muebles, equipos de computación y comunicación.

GRUPO 66000

Para el pago de gastos devengados no pagados por servicios no personales se ha presupuestado Bs 1 millón (2,16%).

SESIONES

En la gestión legislativa 2017-2018, el Concejo Municipal ha llevado a cabo 542 sesiones, 150 de las cuales han sido ordinarias, 14 actos protocolares, 2 sesiones de honor, 18 audiencias públicas y el resto reuniones de comisiones.