La Fiscalía Anticorrupción justifica la diligencia, al considerar que con un documento se afectó a víctimas de un municipio

El Deber logo
28 de junio de 2018, 4:00 AM
28 de junio de 2018, 4:00 AM

El allanamiento realizado en el Palacio de Justicia a las oficinas centrales de Derechos Reales  Santa Cruz, por parte de la Fiscalía Anticorrupción y agentes policiales, fue calificado como un show y una chambonada  del juez registrador Alfredo Echeverría, pero las autoridades que ejecutaron la diligencia consideran que se abrió una investigación por denuncias y que existen indicios de supuestos actos de corrupción.

Echeverría, en rueda de prensa, dijo que el allanamiento a la institución tiene la característica de que fue totalmente inducido. “Creo que hicieron una chambonada para presionarme a renunciar. Yo se que hay gente muy poderosa que está tras esta silla. No se llevaron nada ni detuvieron a nadie, vinieron a hacer un show, es una excusa”, dijo Echeverría.

La acción en las oficinas de Derechos Reales estuvo dirigida por los fiscales Mirtha Mejía, Jackeline Severiche y Fernando Mejía.

El juez registrador manifestó que el documento cuestionado es una cancelación de derecho de propiedad, supuestamente falso, emerge de un testimonio  con tres anotaciones preventivas y añadió que es por proceso seguido luego de más de tres meses. Además, afirmó que ese documento fue emitido en Warnes y no existía ningún argumento válido para que se allanen las oficinas centrales en el Palacio de Justicia.

Finalmente el titular de Derechos Reales, aseguró que la instancia que dirige está dispuesta a cualquier tipo de investigación y que si bien no se mete las manos al fuego por nadie, las diligencias se deben realizar de manera seria. Hizo notar que en las oficinas no hay peritos para detectar documentos falsos y que esa no es la función principal de los funcionarios.

Una investigación compleja
Los fiscales Mejía, Severiche y Mejía ingresaron a las oficinas de Derechos Reales junto con el representante del Consejo de la Magistratura, Mauricio Romero, que fue exfiscal anticorrupción.

Para los fiscales hay una investigación compleja en curso, la cual se viene realizando porque se trata de documentos que fueron ingresados y que afectaron a un municipio, donde existen varias víctimas.

Sin embargo, la comisión de investigadores confirmó que no existe ningún funcionario aprehendido, pero que durante el allanamiento se secuestró de Derechos Reales un gran número de documentos que deben ser analizados en el marco del proceso que fue abierto.