SANTA CRUZ

En 2014, la Alcaldía autorizó a MAHS colocar letreros sin pagar impuestos


Una denuncia del diputado Wilson Santamaría muestra que la empresa publicitaria firmó un acuerdo por 10 años en 2014 para llevar adelante el proyecto Campañas de Educación Ciudadana y Publicidad, pero observan varias irregularidades

En zonas de mayor concurrencia aparecen los tótems autorizados por la Alcaldía | Jorge Uechi
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19/08/2018

Es posible que una gran cantidad de ciudadanos se haya dado cuenta de la proliferación de vallas verticales y tótems publicitarios sobre las jardineras y aceras de la capital cruceña. Son fáciles de identificar; están a la altura de los ojos y, según la web publicidadvial.com, tienen un alcance diario de al menos 125.000 personas.

Esta firma, propiedad de MAHS SRL, se presenta como “la única empresa con todos los permisos para instalar vallas en la vía pública” y las empresas que así lo deseen pueden plasmar su marca en este mobiliario urbano desde $us 350 mensuales, según muestra el portal.

Estas vallas y estructuras cilíndricas de 3,8 metros de altura ahora están en el ojo de la crítica ciudadana. Fue el diputado Wilson Santamaría quien puso la denuncia sobre la mesa. En una entrevista con la red Gigavisión, el diputado denunció, con documentos en manos, un ‘acuerdo de alianza estratégica de cooperación’ suscrito entre el gobierno municipal y la empresa MAHS, firmado en marzo de 2014 por el alcalde Percy Fernández y el gerente general de MAHS, Mario Hernández Sir.

El documento estipula que “la Alcaldía se compromete a otorgar por 10 años (hasta 2024) el uso de áreas de propiedad municipal, para llevar adelante el programa ‘Campañas de educación ciudadana y publicidad’, exenta de pagos y patentes municipales”, expuso el parlamentario.

Según el acuerdo, pasado este tiempo, el mobiliario pasa a ser propiedad de la Alcaldía.

Sobre el tema, el exconcejal Manuel ‘Mamen’ Saavedra manifestó que la Alcaldía dio permiso a MAHS para que pueda empotrar su mobiliario sin tener que pagar impuestos como lo hacen otras empresas y sin haberse presentado a una licitación como corresponde por ley.

Y no son unas cuantas vallas. Santamaría mostró que son 1.492 vallas y mobiliario urbano que estaría repartido gradualmente en la ciudad sin especificar los lugares de asentamiento.

Según el Reglamento Municipal sobre Publicidad Exterior, las instalaciones de elementos objeto de publicidad en áreas de dominio público municipal se deberán efectuar previo a un estudio sobre posibles ubicaciones de este tipo de instalaciones.

Además, la norma define que el uso y la explotación de espacio público estarán necesariamente sujetos al régimen de concesiones administrativas a través de licitación pública establecida en el artículo 87 de la Ley de Municipalidades 2028 y la ordenanza municipal 053/2001. Este reglamento fue presentado por Saavedra en un contacto con EL DEBER.

El exconcejal sostuvo que la Alcaldía “le entregó el monopolio a MAHS para el uso del espacio público en base a un acuerdo aprobado por una resolución municipal, tema que es ilegal”.

De acuerdo con los cálculos de Saavedra, por cada letrero de la empresa MAHS, con publicidad de empresas privadas, el municipio estaría dejando de percibir cerca de Bs 7.000 anualmente.

Para informar al ciudadano

El documento reseña que esta actuación se fundamenta y justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad a los intereses generales en la filosofía del vivir bien. La empresa MAHS se comprometió a “lograr difundir información a la comunidad, con el fin de tener siempre a los vecinos y ciudadanos bien informados respecto a las actividades que se desarrollan en el municipio.”

Tales actividades son la inauguración de obras, políticas municipales, mapas de orientación, productos, campañas promocionales, shows artísticos, educación, medioambiente y todo tipo de información que genere el gobierno municipal.

No obstante, Saavedra expuso documentos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) donde se muestra que la Alcaldía pagó a MAHS por el uso de estos espacios y la difusión de publicidad para campañas como el traslado de mercados ‘Hagámoslo juntos, se puede’ (Bs 583.415), y otras actividades por montos que superan Bs 1 millón.

Concejales se pronuncian

La concejala Rosario Schamisseddine (UCS) indicó que tras conocerse la denuncia de las bandas y banderas con supuesto sobreprecio se hizo una petición de informes y que se espera recibir respuesta, porque si la información expuesta por Santamaría es correcta este asunto “es una barbaridad”.

Con respecto a esta última denuncia, Schamisseddine dijo que se pedirá informe para saber quién se beneficia con esa cantidad de espacios, si son o no gratuitos y cuáles fueron los objetivos. “Nos tendrán que responder si esto iba a cumplir una función social o cuál era el motivo. Si no fue así debe haber un resarcimiento por daños y perjuicios a la población. Me llamaba la atención ver estas vallas exclusivas en las avenidas”, añadió.

El concejal Johnny Fernández dijo que el 23 de abril de este año solicitó informes de los contratos suscritos y pagos realizados a MAHS. Desde el Ejecutivo municipal se le informó de que MAHS no figura en la lista de usufructuarios sobre áreas públicas.

Posible daño al bolsillo

El activista Federico Morón dijo que las autoridades municipales también deben explicar quién paga el consumo de luz de estos letreros, vallas y pantallas. Morón apuntó que si estas estructuras no tienen incorporados medidores de luz hace sospechar que estén conectados al alumbrado público y eso sale del bolsillo del ciudadano, asunto que también fue observado por Saavedra.

“Es alarmante y nos hace dar cuenta de que el tema de las bandas era la punta del iceberg. Hablamos del espacio público que les pertenece a los ciudadanos. Estos espacios se usan para comercializarlo”, puntualizó Morón, a tiempo de agregar que una auditoría interna no viene al caso, puesto que en los cierres de gestión se debe presentar un balance que tiene que ser el correcto, por lo que ve necesario que se haga una auditoría externa.

Este medio intentó ayer obtener una versión de las autoridades del ejecutivo municipal sobre esta nueva denuncia, pero no fue posible. No obstante, en su muro en Facebook, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, dijo que “ninguna acción de políticos fracasados” los va a distraer de la política de cambio que lleva adelante el gobierno municipal, a la cabeza del alcalde Percy Fernández, de ordenar la ciudad recuperando los espacios públicos y proporcionando condiciones dignas a los gremiales en los mercados municipales.

“En 40 años ninguna gestión se ocupó del avasallamiento de las áreas verdes, las calles, las aceras. Nosotros sí lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho trabajo por Santa Cruz, es una tarea que demanda mucho esfuerzo y constancia porque son décadas de faltarles el respeto a los espacios que son de todos, son de Santa Cruz de la Sierra”, agrega.

MAHS se pronuncia

Por su parte, MAHS, mediante un comunicado informó de que es una empresa con 21 años de presencia en el mercado nacional, pues fue fundada en 1997 como unipersonal y transformada a SRL en 2003.

“Nos reservamos el derecho de acudir a las instancias legales que correspondan a fin de salvaguardar la imagen y prestigio de la empresa MAHS Srl, que en este tiempo ha trabajado ofreciendo condiciones de calidad, seguridad y garantía, lo que nos ha valido un amplio reconocimiento público”, reza el documento.

PARA SABER

RESPUESTA | Ante la solicitud de informe escrito del concejal Jhonny Fernández, desde el Departamento de Tierras y Áreas de Equipamiento Social informaron al alcalde Percy Fernández de que la empresa MAHS no figura en la lista de usufructuarios sobre algún área pública.

¿Y LOS ESPACIOS? | Cuando todavía la Secretaría de Planificación se encontraba al mando de la arquitecta Sandra Velarde, esta firmó un acta de coordinación y aprobación de espacios públicos que nunca fueron mencionados en el acuerdo suscrito con MAHS.

INDIGNACIÓN | Los usuarios de redes sociales expresaron su molestia ante este asunto y cuestionaron el accionar de las autoridades cruceñas. El caso también es seguido por autoridades nacionales en otras ciudades. D



 




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