SANTA CRUZ

Invasión al ‘cordón’ pasó de 21 a 77 asentamientos


En El Torno se levantan casas a una cuadra del río. De 2012 a 2016, los asentamientos en el área de protección casi se cuadruplicaron. El Torno y La Guardia son los más complicados, dice el Searpi


08/05/2017

Kilómetro 26, El Torno. Es un barrio de casas populares, de ladrillo visto y calaminas de fibrocemento. No hay muros y las calles son de tierra. Jorge Campos, responsable de proyectos del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), dice que esta zona se llama Santa Martha, una cuadra antes de llegar a la orilla del Piraí, y que es un asentamiento ilegal sobre el cordón ecológico del río, consolidado como urbanización en los últimos años.     


Los terrenos desmontados, de cultivos de limón, mandarina y naranja, extienden su alambrada hasta el barranco, cuando hay un ramillete de normas (como la Forestal, la del Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz (PLUS), la del Parque Ecológico Metropolitano Piraí o la de declaratoria de Patrimonio Histórico y Natural) que lo prohíben. Así lo dice Luis Aguilera, titular del Searpi, quien pelea por la restitución de una franja de 1.000 metros de bosque para ambas orillas y a lo largo del río, desde El Torno, pasando por La Guardia, Porongo, Santa Cruz de la Sierra, Warnes y Colpa Bélgica, hasta Montero y Portachuelo.


El de Santa Martha es uno de los 77 puntos de invasión al cordón ecológico que el Searpi identificó para 2016, entre urbanizaciones, asentamientos y otro tipo de intervenciones, que arrasaron con casi una cuarta parte de la masa boscosa. Así se ve al revisar el histórico de deforestación registrado por la Gobernación, que señala que en 1986, el cordón tenía 13.208 hectáreas, mientras que para el año pasado se redujo a 10.229. Esto es un 23% perdido en 30 años.


“El cordón ecológico cumple la función de freno hidráulico para evitar una inundación como la de 1983; como se está destruyendo para explotar áridos, para botar basura o para construir viviendas, vaya uno a saber con permiso de quiénes, las consecuencias pueden ser desastrosas”, arguye Aguilera.  


Lo grave es que, pese a la norma y a los discursos oficiales, la destrucción del cordón es la tendencia: según los resultados del Diagnóstico de la Cuenca del río Piraí 2016, del Searpi, en 2012, la invasión ilegal del bosque de protección por asentamientos estaba caracterizada en 21 puntos; hoy estas intervenciones casi se cuadruplican en número, “a vista y paciencia de los municipios de la cuenca, de la Gobernación, de la ABT y el Gobierno”, subraya Eliana Torrico, abogada y activista del Colectivo Árbol. 

El Torno y La Guardia
Hablar del cordón ecológico aflige a Gerardo Paniagua, alcalde de El Torno. “El peligro está en nuestra laguna de oxidación, que está a solo 40 metros del río. ¿Qué pasaría si por la deforestación se entra el río y sus aguas se llevan por delante la laguna de oxidación de El Torno? Creo que sería grave para Santa Cruz”, explica el munícipe, consciente de los asentamientos ilegales en la jurisdicción que le toca. De hecho, en 2012 su municipio solo tenía cuatro puntos de deforestación por asentamientos humanos, algo que hasta el año pasado se disparó a 30 asentamientos identificados.  


“La proliferación de asentamientos ha sido en la anterior gestión. Lo hecho está hecho, la gente tiene casas. Hoy estamos peleando por más defensivos. Hace un mes hubo un bloqueo por eso, porque ya no se puede sacar”, asegura Panigua. En Santa Martha, Campos señala con desaprobación casas que se siguen levantando, que hay permisividad, según él, como en Santa Cruz de la Sierra, donde el barrio Ambrosio Villarroel, a media de cuadra del río, creció de 8.790 hectáreas (1995) y se comió el 70% del bosque para extenderse hasta 15.592 hectáreas (2.015).


La Guardia tiene los mismos problemas. En el kilómetro 9, el bosque ha sido barrido para dar lugar a parcelas encerradas por alambradas, prácticamente hasta el lecho del Piraí. “Ni siquiera han respetado el área de servidumbre ecológica, que es lo más próximo al río”, señala campos. Y es verdad. No ha llovido, el Piraí se ve como un desierto arenoso atravesado  por un débil hilo de agua, pero en época de lluvias (entre noviembre y marzo), una crecida sepultaría estos terrenos. 


En La Guardia, en el quinquenio estudiado por Searpi, los asentamientos con deforestación aumentaron de cinco a 16. “Desconozco el informe que cita el Searpi, pero todos son testigos de las acciones que el alcalde Jorge Morales tomó para cuidar el cordón ecológico, en cuanto retomó las riendas del municipio en 2015”, dice como descargo Viviana Mariscal, secretaria municipal de Medio Ambiente guardieña.


Ella admite que esos asentamientos arriesgan vidas, pero recuerda que Morales fue “el único alcalde” que dictó una pausa ecológica para regular la extracción de áridos y frenar los asentamientos ilegales que estaban devastando el parque. Mariscal sugiere que el aumento de asentamientos ilegales en el cordón ecológico está asociado “a la ingobernabilidad vivida entre 2012 y 2015”, cuando Morales fue suspendido y tres distintos concejal se disputaron el poder municipal.   


“¿Y si llega a ocurrir un desastre natural? Un turbión como el de 1983, donde se perdieron cientos de vidas, ¿quiénes van a ser los culpables por permitir los asentamientos ilegales y la deforestación del cordón?”, preguntó Mario Mercado, activista del grupo Me Comprometo con Bolivia, para sugerir que las autoridades municipales, departamentales y nacionales son responsables. 

Sobre Santa Cruz
Para Michelle Lawrence, secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía cruceña, puede existir imprecisión de datos en lo que dice el Searpi sobre el bosque ribereño de la capital. “Asentamientos en el cordón son el Ambrosio Villarroel o Las Cabañas, los otros no son asentamientos, son malas intervenciones que hemos desalojado continuamente”, opina ella. Según el Searpi, en 2012 Santa Cruz solo había seis asentamientos ilegales y hoy son 23.


Para Lawrence, esta problemática la debe corregir la fuerza pública, la Policía. Aguilera, en cambio, apunta a los municipios de la cuenca de hacer cumplir la norma, pues, caso contrario, cometen el delito de incumplimiento de deberes. “Y eso tiene pena de cárcel”. 

Foto: Fuad Landívar 



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