El secretario de Salud de la Gobernación conminó a la comuna al pago de Bs 40 millones por el seguro integral. Sin embargo, esta dice que no le debe nada

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30 de julio de 2018, 6:00 AM
30 de julio de 2018, 6:00 AM

En medio del conflicto por el despido de funcionarios en la Alcaldía, agravado con la decisión de un grupo de padres de mantener retenidas a las ‘tías’ de una guardería, la Gobernación de Santa Cruz pidió a la comuna cruceña el pago de Bs 40 millones por prestaciones del Seguro Integral de Salud. No obstante, la Alcaldía dice que no le debe nada.

“Yo no me meto en el tema político-municipal o en sus políticas administrativas, lo único que pido a la Alcaldía es que se cumpla lo que establece la Ley 475 y nos pague por las prestaciones contempladas en dicha ley y que damos en los hospitales de tercer nivel”, dijo el secretario de Salud, Óscar Urenda, al ser consultado sobre la restructuración en la Alcaldía cruceña.

No podemos trabajar al ‘fíe’”, aseguró Urenda, al exigir el pago de Bs 40 millones por ocho meses de prestaciones. “Pedimos que nos paguen por el servicio, pues no podemos suspenderlo porque no podemos dejar a los niños, embarazadas ni adultos mayores sin atención médica, insistió el secretario de Salud del gobierno departamental.

La Ley 475, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral, beneficia a embarazadas, menores de cinco años, adultos mayores y personas con discapacidad. Las prestaciones son cubiertas con recursos de la coparticipación popular.

La Alcaldía responde La respuesta inmediata vino de parte del secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Paúl Cortez, quien manifestó que el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra no le debe nada a la Gobernación cruceña, pues solamente es depositaria, pues quien envía el dinero es el Gobierno nacional.

“Entonces si alguien le debe a la Gobernación por ese concepto es el Gobierno nacional. Deben interpretar bien la ley y su aplicación”, expresó Cortez. Las protestas Este fin de semana las protestas no cesaron por el despido de personal en guarderías y centros del adulto mayor. En la guardería del barrio Magisterio, los padres de familia han cerrado con cadenas las puertas del edificio y no dejan salir desde hace cinco días a las 12 tías que trabajaban en el lugar y que recibieron memorándums de retiro.

“Somos los padres los que hemos tomado esta determinación (de cerrar la guardería) y lamentamos mucho que nuestra tías estén ahí, pero esta es la única forma de hacernos escuchar”, dijo María Olga R., que, junto con otros padres y sus niños, hace vigilia pidiendo la restitución de las educadoras.

Ellos, al igual que los abuelos que están en vigilia en la Dirección del Adulto Mayor, pidiendo la reincorporación de personal en los centros para el sector, no descartan asumir otras medidas de presión esta semana, como huelga de hambre y bloqueos. El dirigente del sindicato de trabajadores municipales, Limberth Lino, manifestó que esperan que hoy las autoridades de la Alcaldía los llame para ver la reincorporación de personal. Caso contrario, desde mañana volverán a salir a las calles a protestar. Lino insiste en que son unos 2.000 funcionarios los afectados con el retiro.

No obstante, la secretaria de Recursos Humanos, Teresa Lourdes Ardaya, dijo que son solo 500 los funcionarios que fueron cesados en sus funciones; 300 con ítems y 200 con contratos. La directora de Asuntos de Género y Generacionales, Rossy Valencia, indicó que de las 31 guarderías, 15 ya estaban atendiendo con normalidad el viernes y se espera que esta semana se restituya la atención en el resto.